El Departamento de Justicia radicará hoy 39 denuncias contra tres implicados por el asesinato del coronel Eddie Santiago Rentas ocurrido el 10 de abril, en una operación encubierta en Ponce, mientras protegía a un compañero de la División de Drogas.

Lo sospechosos podrían enfrentar cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo y violación a la Ley de Armas, debido al uso de armas de fuego para cometer el crimen. En el foro federal fueron acusados por los delitos relacionados a la transacción de las armas ilegales.

Los tres implicados identificados como José Ángel Colón Arroyo, de 23 años, Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años, quienes resultaron heridos de bala y dados de alta y Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, fueron escoltados al tribunal por el personal de la agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

De acuerdo con la pesquisa, el día de los hechos, en horas del mediodía como parte de una operación encubierta se coordinó la compra de dos armas de fuego modificadas para disparar automático, por la suma de $5,000.

La denuncia federal establece que, mientras el agente encubierto contaba el dinero que pagaría por dos armas de fuego modificadas, Torres Santiago presuntamente sacó un arma de fuego y la apuntó con la aparente intención de asaltarlo. En ese momento, Colón-Arroyo salió de un vehículo cercano con un arma de fuego y se le unió.

Santiago Rentas, quien era el agente investigador junto a otro compañero al ver que la vida de su compañero estaba en riesgo, intervinieron, provocando un intercambio de disparos. Durante el tiroteo, Santiago Rentas, resultó herido de bala y falleció en ruta hacia el hospital.

Coimbre-Lugo, quien se entregó a las autoridades al día siguiente, admitió haber participado en la planificación del robo y fue el conductor del vehículo utilizado en el incidente, en el cual escapó al ver a sus compinches heridos de bala. También reconoció que tenía conocimiento de que las armas estaban modificadas y eran ilegales.

Los tres permanecerán detenidos sin fianza en la cárcel federal en lo que continúan los procesos judiciales.