La Fiscalía federal, junto a la defensa de dos de los coacusados del caso criminal contra el exgobernadora Wanda Vázquez Garced, solicitaron a la corte cambiar la fecha de la vista de sentencia del 10 de diciembre para finales de enero.

La petición surge de mociones conjuntas radicadas en los expedientes del banquero Julio Herrera Velutini y del exagente federal Mark Rossini. Ambos documentos aluden a los mismos argumentos para el cambio de fecha, que es que sus abogados no estarán disponibles para el próximo 10 de diciembre.

“Las partes solicitan respetuosamente a este Tribunal que admita la presente moción conjunta y aplace la audiencia de sentencia del 10 de diciembre de 2025 al 27, 28 o 29 de enero de 2026, o a cualquier fecha posterior que el Tribunal considere apropiada”, dicen ambas mociones.

Los documentos judiciales también aluden que diciembre y enero tienen fechas festivas, por lo que no podrían acordar una fecha anterior a las propuestas.

“Los meses de diciembre y enero incluyen varios días festivos federales y locales que limitan significativamente la disponibilidad del abogado defensor, lo cual justifica aún más la fijación de una fecha para finales de enero para garantizar una preparación adecuada y una representación efectiva en la audiencia de sentencia”, se indicó.

Mientras, la vista de sentencia de Wanda Vázquez Garced continúa pautada para el 4 de diciembre a las 9:30 a.m.

Los tres coacusados serán sentenciados por la jueza federal Silvia Carreño Coll.

Trasciende del expediente de la exgobernadora que la jueza le dio hasta el 17 de noviembre para rebatir la recomendación de la Fiscalía federal de que cumpla un año en prisión.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

La acusación no llegó a juicio, dado a que la exmandataria, Herrera Velutini y Rossini se declararon culpables por una violación a leyes electorales. Específicamente, se le imputó haber violado el Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.