Los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón M. Rosario Mendoza y Zulma I. Fuster Troche solicitarán hoy, viernes, a la jueza superior Nerisvel C. Durán Guzmán, del Tribunal de San Juan, que sentencie al abogado Juan Maldonado de Jesús, quien representó a la empresa Apex General Contractors en la compra fallida de pruebas rápidas para detectar el COVID-19 al inicio de la pandemia en el 2020, a cuatro años de probatoria.

La información la dio a conocer a Primera Hora el fiscal Rosario Mendoza, previo a que comenzara la vista de sentencia.

“Lo que se había propuesto era cuatro años de probatoria, porque incluye delitos graves”, afirmó.

Fue el 26 de marzo de 2020 que se le adjudicó el contrato de $38 millones a la empresa constructora Apex para adquirir pruebas rápidas de COVID-19. Ese contrato fue cancelado, luego de que un banco detuviera la millonaria transacción y los detalles de la irregular compra salieran a la luz pública.

Según trascendió, en un proceso expedito, el gobierno pretendió comprar a sobreprecio a la empresa de construcción un millón de pruebas serológicas sin ninguna experiencia en el manejo de productos médicos.

En esta pesquisa, realizada por el FEI y el Departamento de Justicia, fueron implicados la exgobernadora Wanda Vázquez, así como Lillian Sánchez, subsecretaria de la Gobernación; Mabel Cabeza, funcionaria de La Fortaleza adscrita al task force médico del coronavirus, y el general José Burgos, quien fue comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias. Ninguno de estos exfuncionarios fue acusado.

Además de Maldonado de Jesús, en este caso fue acusado Aaron Vick, también representante de la empresa de construcción.

Con Maldonado de Jesús se alcanzó un acuerdo de culpabilidad. El miso fue anunciado el pasado 12 de diciembre.

Como parte del acuerdo, el abogado se libró del cargo por intervención indebida en operaciones y contratos gubernamentales, que fue reclasificado a delito de impostura y se archivaron cargos adicionales por falsedad ideológica y posesión y traspaso de documentos falsificados. También deberá pagar $10,000 al PFEI por gastos relacionados al caso.

El Tribunal Supremo desaforó al abogado en enero del 2022, en medio de la controversia generada a raíz de la pandemia del COVID-19.