La progenitora de la menor de 13 años con trastorno del espectro autista (TEA) que quedó embarazada tras ser sometida por su padrastro durante tres años a un patrón de agresión sexual-quien está imputada de un cargo de negligencia por los hechos ocurridos- está desprovista de representación legal por lo que el juez Isander Rivera Morales, del Tribunal de Caguas, se vio obligado a reseñalar la vista preliminar para el 24 de agosto, a las 10:00 de la mañana.

El primer señalamiento de vista preliminar contra Ana María Castro Leduc se llevó en conjunto al caso del padrastro de la menor, Carlos Soto Rivera, que será representado por la abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL), Sylvia Sepúlveda Lozada, quien pidió tiempo adicional al magistrado para poder examinar la declaración jurada en la que el imputado confesó los hechos. El documento le fue entregado en el día de hoy por parte de la fiscalía.

Fue la licenciada Sepúlveda Lozada la que explicó al tribunal que miembros de SAL tenían asignado entrevistar a ambos imputados el pasado viernes a través de videoconferencia. Sin embargo, el proceso se pudo llevar a cabo solo con Soto Rivera pues la madre de la niña estaba en un proceso de cuarentena, según alegó personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Entendemos que no podemos representar a doña Ana porque hay un conflicto de intereses”, explicó Sepúlveda Lozada.

En cambio, el abogado Luis Pérez Bonilla, también de SAL, se comprometió en sala a conferenciar a la imputada a fin de corroborar si es indigente y requiere asistencia legal gratuita.

El juez Rivera Morales sostuvo que de probarse la incapacidad económica de la madre de la víctima, se le asignaría un abogado de oficio. La mujer está imputada de un cargo por el artículo 60 (negligencia) bajo la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores (Ley 246). Se le impuso una fianza de $500,000 que no prestó por lo que fue ingresada al Complejo Correccional de Mujeres, en Bayamón.

De otra parte, la licenciada Sepúlveda Lozada adelantó que trataría de reunirse esta misma tarde con su representado pues, aunque tuvieron una conversación previa, fue por videoconferencia y no tenía ante sí la declaración jurada del hombre.

¿Su cliente hará alegado de culpabilidad?, se le inquirió a la abogada.

“Es muy prematuro para responder porque ni siquiera he visto la declaración jurada”, respondió sobre el caso del hombre, de 49 años, al que se le radicaron cargos por el artículo 130 del Código Penal (agresión sexual) y por el artículo 59 de la Ley 246 (maltrato). Se le impuso una fianza de $300,000 que no prestó por lo que está sumariado en cárcel.

Por su parte, la fiscal Rocío Gracia Rivera dijo que el Ministerio Público estaba preparado para ver ambos casos durante el día de hoy.

Sostuvo que, para esta etapa de los procedimientos, la fiscalía cuenta con tres testigos con los que entiende se encontrará causa para juicio tanto en el caso contra la madre de la menor agredida sexualmente, como contra el padrastro.

Los testigos del Ministerio Público son la trabajadora social del Departamento de la Familia, Zuleyka Garay; la agente investigadora, Damaris Ramos; y el agente de distrito de Caguas, Jorge Rivera.

Asimismo, explicó que aun se espera por las pruebas de ADN que corroboren que la criatura que tuvo la víctima, producto de la agresión sexual confesada por Soto Rivera, es hija de este. Según Gracia Rivera, este es un proceso que aun no ha culminado el Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

Adelantó que podría solicitar que las vistas preliminares se lleven de manera separada, en caso de que la situación de falta de abogado para Castro Leduc retrase los procesos.

“Vamos a asumir el caso con la misma diligencia, responsabilidad, compromiso y entereza que asumimos todos los casos donde hay un menor envuelto y maltratado. Daremos el máximo en cada vista y procurando estar preparados para que se cuide el proceso que, en estos tiempos de COVID, es retante”, puntualizó la fiscal.

Los hechos de este caso trascendieron el mes pasado cuando la niña, que apenas habla debido a su condición, fue llevada a un hospital con un fuerte dolor abdominal. Mientras la atendían, el personal médico detectó que la menor tenía 32 semanas de gestación. Al trascender la información, el padrastro se entregó en el cuartel de la Policía de Caguas y confesó los hechos. El señor posee récord criminal por sustancias controladas y violencia doméstica, por un caso de una pareja anterior.

La madre de la joven -residente de Gurabo- ha alegado en todo momento que no tenía conocimiento del patrón de agresiones que, aparentemente, iniciaron desde que la nena tenía 10 años.

Días después de haber sido llevada al hospital, la víctima tuvo una bebé vía cesárea. Ambas menores de edad están bajo custodia provisional del Departamento de la Familia, confirmó la directora de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena.