Los abogados de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitaron este martes a la jueza federal Silvia Carreño Coll una tercera extensión de tiempo para presentar sus argumentos en contra de un informe presentencia en el que la Fiscalía federal solicitó que la abogada cumpla un año de cárcel por el delito electoral en el que se declaró culpable, lo que daría paso a un cambio en la fecha de la vista de la sentencia.

La movida provocaría que la exmandataria conozca su futuro durante o pasados los días de Navidad.

La vista de sentencia de Vázquez Garced está pautada para el 4 de diciembre a las 9:30 a.m. en el Tribunal federal de Distrito, en Hato Rey.

Según las fechas establecidas, los abogados Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata debían someter su postura al informe presentencia para mediados de octubre. Pero, solicitaron un retraso y la jueza les dio hasta el 31 de octubre.

La segunda petición para que se les concediera tiempo adicional fijó la fecha del 17 de noviembre. Ahora, piden que sus objeciones se presenten al 2 de diciembre, lo que no daría tiempo suficiente a la Fiscalía federal a reaccionar a la postura que presenten. Por ello, para cumplir con reglas judiciales, recomendaron que la sentencia se mueve de fecha por 15 días calendario. Sin dejar de contar los días feriados, esos 15 días laborales caen justo el 25 de diciembre, Día de Navidad.

Según establece la moción presentada, “la acusada Wanda Vázquez Garced solicita respetuosamente a este Honorable Tribunal que prorrogue el plazo para presentar objeciones al Informe de Investigación Previa a la Sentencia hasta el 2 de diciembre de 2025, y que aplace la audiencia de sentencia actualmente programada para el 4 de diciembre de 2025 por al menos 15 días para permitir el cumplimiento de la Regla Penal Local 132”.

En las explicaciones que dan los abogados para cambiar las fechas se expone a que se busca alcanzar un acuerdo sobre el lenguaje que se debe incluir en la parte del informe presentencia que está en la sección relativa a la conducta delictiva.

Se informó que las partes están en conversaciones con el oficial probatorio y que los esfuerzos han “progresado”. Pero, se alude a que se necesita más tiempo para llegar al acuerdo y que el mismo se consulte con la Fiscalía federal.

“Si se llega a un acuerdo, el agente probatorio deberá preparar y presentar un informe previo a la sentencia revisado y un anexo”, se indicó en la moción.

“Si no se logra una resolución informal a pesar de los esfuerzos de buena fe de todas las partes, el acusado necesitará tiempo para preparar y presentar objeciones formales por escrito que aborden las controversias no resueltas”, se añade.

La controversia principal se debe a que la Fiscalía federal solicitó un año de prisión contra Vázquez Garced y vinculó su caso con uno de corrupción gubernamental, cuando la funcionaria ha insistido que no se trata de corrupción y que por ello decidió declararse culpable cuando se cambió a un delito electoral menos grave.

En este caso también se declararon culpables los coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini, así como su asesor, el exagente federal Mark Rossini.

El documento en controversia alude a que “la propia Vázquez aceptó a sabiendas contribuciones ilegales de campaña extranjeras de Herrera, un banquero venezolano motivado por obtener cambio en la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras). Aun así, Vázquez negó públicamente que la contribución ilegal de campaña tuviera algo que ver con la administración del gobierno de Puerto Rico, ignorando por completo a) el motivo de Herrera para realizar las contribuciones ilegales de campaña extranjeras y b) la propia acción de Vázquez al reemplazar al director de la OCIF”, dijo la Fiscalía federal en el escrito en el recomendó prisión para la exgobernadora.

Otro punto que destacó la Fiscalía federal fue que públicamente Vázquez Garced ha insistido en “culpar a otros en su campaña política” en vez de asumir su responsabilidad.

El augurio que había expresado públicamente Vázquez Garced es que todo el contenido de la primera acusación por corrupción pública iba a ser eliminado de su expediente, una vez se declaró culpable de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Pero, la inclusión de esta afirmación no fue del agrado de los abogados de defensa y ha provocado los retrasos.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

Los coacusados Herrera Velutini y Rossini serán sentenciados el 8 de enero.