El estado de Tennessee radicó una moción judicial para bloquear el acceso de los abogados de la convicta Christa Pike a los frascos del químico letal que se utilizaron durante su fallida ejecución en septiembre pasado, bajo el argumento de que una inspección pericial revelaría la identidad de su suplidor y violaría las leyes de confidencialidad vigentes.

La controversia surge luego de que la jueza I’Ashea L. Myles ordenara preservar toda la evidencia como parte de un pleito entablado por la defensa de Pike, de 50 años. La prisionera sobrevivió milagrosamente a dos dosis de pentobarbital que, según sus abogados, no entraron adecuadamente a su torrente sanguíneo y se acumularon bajo los tejidos de sus brazos, causándole severas quemaduras y ampollas.

En el escrito sometido ante el tribunal, el gobierno estatal solicitó revocar la autorización concedida al equipo legal de Pike para inspeccionar, recopilar o realizar análisis de laboratorio a los restos del sedante.

Temen quedarse sin suplidores de químicos

En una declaración jurada incluida en la petición, un funcionario anónimo del Departamento Correccional de Tennessee advirtió que la defensa podría descifrar la procedencia del fármaco con solo revisar las etiquetas o manipular los envases.

“No se puede permitir que los abogados y los peritos de Pike vean, manipulen ni obtengan de ninguna otra forma la información sobre los frascos restantes de pentobarbital de la ejecución fallida”, argumentó el fiscal general de Tennessee, Jonathan Skrmetti.

El documento señala que un distribuidor farmacéutico cortó relaciones con la agencia en 2024 tras trascender su identidad de manera pública, por lo que las autoridades temen quedarse sin alternativas para adquirir sustancias letales si se filtra su proveedor actual. La ley estatal prohíbe divulgar la identidad de cualquier persona o empresa que asista al gobierno en la adquisición de químicos para aplicar la pena capital.

Defensa niega cacería contra farmacéuticas

Por su parte, Luke Ihnen, uno de los abogados de Pike, rechazó que el objetivo de la demanda sea delatar a las farmacéuticas, e insistió en que el peritaje técnico es indispensable para determinar las razones exactas por las cuales falló el procedimiento.

“Todavía no sabemos exactamente qué pasó esa noche”, sostuvo Ihnen, al subrayar que necesitan corroborar cómo fue almacenado, mezclado o transportado el fármaco, y si la sustancia administrada estaba caducada.

Tras el fallido intento de ejecución, Pike permaneció conectada a un respirador artificial durante varios días y convalece nuevamente en prisión bajo dolor crónico, según sus abogados. El colapso del proceso provocó además la renuncia del comisionado de Corrección, Frank Strada.

Trasfondo del crimen y debate político

Pike fue sentenciada a la pena máxima por torturar y asesinar a puñaladas en 1995 a su compañera de clase Colleen Slemmer, de 19 años. En ese momento, Pike tenía 18 años, lo que la convirtió en una de las mujeres más jóvenes en ingresar al corredor de la muerte en Estados Unidos.

El actual gobernador saliente, Bill Lee, nombró a un exfiscal federal independiente para investigar el fiasco del procedimiento y paralizó las ejecuciones restantes. Entretanto, la defensa de la reclusa busca que se le conmute la sentencia a cadena perpetua, mientras que figuras políticas estatales han comenzado a impulsar métodos alternos como la silla eléctrica.