Unas 10 personas que formaban parte de un esquema mayor que proporcionó beneficios por discapacidad de por vida a veteranos quienes no tenían condiciones médicas debilitantes le ha costado sobre $190 millones al gobierno federal, especificó el agente especial a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) en San Juan, Devin J. Kowalski.

“Esta investigación identificó a varios sujetos, incluyendo reclutadores, empleados del VA y veteranos que conspiraron para recibir clasificaciones de discapacidad del 100% a cambio de sobornos. El fraude asciende a más de 190 millones de dólares, según auditorías internas del VA”, comentó el agente en conferencia de prensa que se celebró esta mañana, en Hato Rey.

“Cuando alguien defrauda al gobierno, está robando de cada ciudadano que cumple con la ley. Cuando defraudan al gobierno a costa del honor de un veterano y necesidad, el daño se multiplica. Es despreciable e irrespetuoso que son legítimamente 100% incapacitados por su servicio desinteresado y valiente para las libertades que todos celebramos. Este caso es un ‘warning’ para todo los que piensan que pueden jugar con el sistema. Si usted abusa del sistema federal, el FBI lo va a encontrar y lo vamos a llevar ante la justicia sin excepción”, tronó.

Los acusados, que enfrentan 49 cargos criminales, son: Ángel Carrer Rivera, Richard Rivera Martín, Víctor García Soto, Branda García, Gabriel García, Randolf Páez, José Torres Rosado, Eladio Pagán, Ignacio Ramos y Félix Arroyo Rivera.

El grupo es acusado de conspirar para robar dinero del gobierno, conspirar para cometer fraude electrónico y postal, fraude postal y fraude electrónico.

Al la fecha, nueve han sido arrestados. Al momento, las autoridades gestionan el arresto de Paez. Todos los detenidos, salvo Carrer y Rivera Martín, fueron arrestados en el estado de Florida.

De ser hallados culpables de robar dinero del gobierno, podrían enfrentar cinco años de prisión. Por el cargo de conspirar para cometer fraude electrónico y postal, enfrentarían hasta 20 años de prisión. Si son culpables de fraude postal y electrónico, podrían estar encarcelados hasta 20 años por cargo.

El esquema

Según detalló el fiscal federal W. Stephen Muldrow, un gran jurado federal emitió el 21 de mayo una acusación contra estas 10 personas por presuntamente defraudar el Departamento de Asuntos del Veterano (VA, en inglés).

El pliego acusatorio indica que, entre 2020 a 2025, Carrer Rivera, de Vega Baja, utilizó su puesto como supervisor de representantes de servicio del VA para acceder el sistema de gestión de beneficios y vetarnos y asignar reclamaciones específicas a empleados de la VA. En su posición, estaba a cargo de supervisor a 18 trabajadores.

Carrer Rivera se comunicaba con el facilitador Rivera Martín, de Morovis, propietario de un taller de mecánica y veterano, para que identificara a otros veteranos que no cualificaban para recibir el 100% de ayudas por discapacidad. Aun así, les ofrecía ayuda para declarar, de manera fraudulenta, estos beneficios a cambio de pagos en efectivo y un porcentaje de pagos retroactivos de lo que recibieran.

“Se enriquecieron económicamente al presentar solicitudes falsas de discapacidad para obtener beneficios de por vida a sabiendas de que no cumplían con los requisitos y no tenían derechos”, dijo Muldrow.

García Soto es veterano y recibió 100% de los beneficios por discapacidad, aunque realmente no cualificaba. Su esposa, Brenda, era facilitadora entre los coconspiradores. García Soto y García son padres de Gabriel García, quien es policía y veterano y quien también recibió 100% de los beneficios por discapacidad.

Páez, asistente de vuelo comercial y hermano de Brenda, recibía un 60% de ayudas por discapacidad, mientras que Torres Rosado un 90%. Ramos, veterano y agente del Departamento de Seguridad Nacional, también recibía el 100% de las ayudas, mientras que Arroyo Rivera el 90%.

Cabe destacar que Pagán es piloto comercial.

David Spilker, agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Asuntos de Veteranos para la región sureste, manifestó que este caso es el primero de la iniciativa nacional “No VA Scams” (No estafas del VA).

“Es una iniciativa enfocada en identificar compañías e individuos que operan como ‘claims companies’. Lo hacen con información fraudulenta y exagerada”, concordó Kowalski.

La pesquisa que llevó a la imputación de estas 10 personas comenzó en 2022 y contó con la colaboración de la Oficina del Inspector General de Asuntos de Vetarnos, el FBI, el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), la Policía Municipal de San Juan, el Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal y la Oficina del Inspector General.

“No pague para que tramiten sus reclamaciones. No pague para que le den evidencia médica falsa. Siga el proceso correctamente. Recibirá los beneficios a los que tiene derecho. No pague para que lo hagan por usted”, instó Spilker a otros veteranos.