La vista de sentencia de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced ya no será el próximo 15 de octubre.

Por petición de sus abogados de defensa, Ignacio Fernández, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, la jueza federal Silvia Carreño Coll aceptó cambiar la fecha de la vista en que Vázquez Garced conocerá su futuro para el 4 de diciembre a las 9:30 a.m.

La movida se da luego de que la Fiscalía federal reclamara un año de cárcel para la exprimera ejecutiva, quien asumió el cargo por disposición constitucional ante la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló en verano del 2019.

La controversia que suscitó el que se reclamara un cambio de fecha se debe a que en el “memorando de sentencia” la Fiscalía federal insiste en que Vázquez Garced cometió un acto de corrupción al asociarse con los coacusados, el banquero Julio Herrera Velutini, así como su asesor, el exagente federal Mark Rossini.

“La propia Vázquez aceptó a sabiendas contribuciones ilegales de campaña extranjeras de Herrera, un banquero venezolano motivado por obtener cambio en la OCIF (Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras). Aun así, Vázquez negó públicamente que la contribución ilegal de campaña tuviera algo que ver con la administración del gobierno de Puerto Rico, ignorando por completo a) el motivo de Herrera para realizar las contribuciones ilegales de campaña extranjeras y b) la propia acción de Vázquez al reemplazar al director de la OCIF”, dijo la Fiscalía federal en el escrito en el recomendó prisión para la exgobernadora.

Otro punto que destacó la Fiscalía federal fue que públicamente Vázquez Garced ha insistido en “culpar a otros en su campaña política” en vez de asumir su responsabilidad. Para sostener sus argumentos, presentaron las declaraciones que hizo a la prensa el pasado 27 de agosto, día en que se declaró culpable.

“Me centré en la administración del gobierno y confié todo ese proceso político a algunas personas de mi entorno que no hicieron bien su trabajo, y estoy aquí asumiendo la responsabilidad. Es mi responsabilidad”, aludieron, previo a exponer cómo supuestamente trata de desviar la culpa.

“Estas declaraciones públicas que desvían la culpa contradicen la verdad, la aceptación genuina de la responsabilidad, el remordimiento y su posterior reconocimiento ante la Oficina de Libertad Condicional de los Estados Unidos cuando admitió: ‘Fue una oferta y la acepté... Fue mi error’”, se destacó en el memorando de sentencia.

El augurio que había expresado Vázquez Garced es que todo el contenido de la primera acusación fuera eliminado de su expediente, una vez se declaró culpable de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Pero, la inclusión de esta afirmación sobre el acto de corrupción no fue del agrado de los abogados de defensa.

“La inclusión de una conducta desestimada (una conducta que el acusado niega) como conducta relevante en el PSR (reporte de la investigación presentencia) presenta un problema legal que requiere un análisis cuidadoso, consulta con el oficial de libertad condicional y objeciones formales por escrito si no se puede lograr una resolución informal”, dice la moción en la que se solicitó el cambio de fecha.

Pese al cambio, la vista de sentencia de la exgobernadora será primero que la de los coacusados. Herrera Velutini y Rossini deberán comparecer a la vista de sentencia del 10 de diciembre. Esa fecha se fijó desde que el pasado 27 de agosto, cuando también se declararon culpables.

Los memorandos de sentencia de Herrera Velutini y Rossini no han sido publicados. Por ello, se desconoce si se solicitará cárcel para ambos hombres.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.