La exgobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó a la jueza federal Silvia Carreño Coll que anule el memorando de sentencia que radicó la Fiscalía federal en su contra y en el que se solicita que cumpla un año de prisión.

La petición la realizó en una moción presentada este jueves, día en que se suponía la exgobernadora fuera sentenciada. No obstante, la vista fue cambiada para el próximo 29 de enero.

El documento judicial expone que Vázquez Garced, por vías de sus abogados, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, “respetuosamente solicita a este Tribunal (federal) que anule el Memorándum de Sentencia del Gobierno (Expediente Núm. 13) o, alternativamente, que ordene el cumplimiento específico del acuerdo de culpabilidad que exige al Gobierno presentar su recomendación de sentencia sin basarse en la conducta de la acusación desestimada en el caso penal” original, que era por corrupción pública.

Se explica que “el gobierno, (representado por la Fiscalía federal), ha incumplido el acuerdo de culpabilidad de cinco maneras independientes. Si bien técnicamente recomienda una sentencia dentro del rango estipulado de seis a 12 meses, el Memorando de Sentencia del Gobierno busca justificar la pena máxima legal de prisión (de un año) incorporando acusaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada”.

Entonces, el documento pasa a recalcar que Vázquez Garced se declaró culpable en agosto pasado por el un delito menos grave, relacionado a leyes electorales.

Específicamente, la exgobernadora y los coacusados en el caso, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagengte federal Mark Rossini, aceptaron un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por una violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Destaca la moción que el acuerdo estipulaba que el monto donado de manera irregular fluctuaba entre $15,000 a $25,000, lo que lo hace una ofensa menos grave.

“Fundamentalmente, la contribución prometida nunca se entregó. El SuperPAC, supuestamente formado para apoyar la campaña de la acusada nunca recibió un solo dólar, no le donó nada ni gastó nada en apoyo a su campaña. La encuesta que el gobierno caracteriza como una contribución a la campaña del acusado fue, en realidad, diseñada y realizada para Brittania con fines corporativos para facilitar la comprensión del entorno empresarial, político y regulatorio de Puerto Rico. Nunca se tomó ninguna medida oficial en relación con ningún supuesto quid pro quo, porque no hubo tal compensación”, se expone.

Sin embargo, la moción destaca que la Fiscalía federal ha insistido, en contra versión al acuerdo establecido, en relacionar el caso a uno de corrupción gubernamental. Alude a que se insiste en estipular en el memorando que Vázquez Garced recibió un beneficio a cambio de destituir al al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly.

Los abogados de la exgobernadora sostienen que ese alegato quedó sin efecto cuando ocurrió la negociación de culpabilidad. Pero, que la Fiscalía federal ha insistido en sostener para que la sentencia contra Vázquez Garced, la primera gobernadora del país que es convicta por un delito, sea la máxima.

“En pocas palabras, el gobierno persiguió una teoría agresiva de soborno durante años, luego se dio cuenta de que la teoría era errónea, tanto desde el punto de vista fáctico como legal, y aceptó la resolución establecida en el acuerdo de culpabilidad. Ahora, sin embargo, el gobierno pretende presentar una serie de acusaciones sin fundamento ni prueba (hechos no probados) y solicita al tribunal que imponga una pena de prisión sin precedentes por este delito menor. No conocemos ningún caso en el que este tribunal haya condenado a un acusado a prisión por un delito menor, y este caso no es la excepción”, afirma la moción.

También se sostiene que el desglose de fondos imputados por la Fiscalía federal es mayor al que expone la acusación por la que la exgobernadora se declaró culpable.

“Estas cifras suman aproximadamente $620,000, una cantidad que excede el valor estipulado del delito por un factor de $25,000. Esto es similar a que un fiscal acepte una declaración de culpabilidad por posesión de cinco kilos de una sustancia controlada y luego argumente en la sentencia una pena basada en 125 kilogramos. Las directrices nunca permitirían tal resultado. Este Tribunal tampoco debería”, se expone.

Otro punto que se destacó es que “el Memorando de Sentencia del Gobierno trata el delito como si el acusado realmente hubiera recibido contribuciones de campaña, cuando el delito de la condena es aceptar la promesa de una contribución”.

También se establece que “la recomendación del Gobierno sobre la pena máxima legal de prisión también infringe el acuerdo de culpabilidad, porque contradice la guía normativa autorizada de la Comisión de Sentencias que rige las penas para los infractores de cero puntos”.

Se insiste, por último, que los argumentos utilizados por la Fiscalía federal no sostienen que Vázquez Garced sea sentenciada a un año en prisión.

“La única manera de justificar la pena máxima legal es importar las acusaciones de soborno y corrupción de la acusación desestimada, precisamente lo que hace el Memorando de Sentencia del Gobierno. Al caracterizar el delito como “corrupción” del proceso electoral, hacer referencia a cientos de miles de dólares en gastos y argumentar “daños intangibles incalculables”, el Gobierno ha construido un argumento de sentencia que solo es coherente si el Tribunal considera una conducta que la Estipulación de Hechos excluye afirmativamente. Esto no constituye una defensa adecuada de la sentencia dentro de los límites del acuerdo de culpabilidad. Se trata de utilizar la conducta desestimada para inflar artificialmente la gravedad del delito y obligar al Tribunal a dictar una sentencia que el delito objeto de la condena no puede justificar”, precisa la moción.

Los abogados sostuvieron que para revertir el daño, el memorando de sentencia presentado por la Fiscalía federal debe ser anulado.

Además, se reclama que se ordene “el cumplimiento específico, exigiendo al Gobierno que presente un memorando de sentencia enmendado que presente su recomendación basándose únicamente en el delito por el que se condenó y los hechos estipulados, sin hacer referencia a: las acusaciones de soborno desestimadas; montos que excedan el valor estipulado; o supuestos gastos que el acusado nunca recibió”.

Este caso federal contra la exgobernadora data de agosto de 2022.

La acusación federal contra Vázquez Garced expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la OCIF, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y colaboraron con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

La exgobernadora deberá comparecer al Tribunal Federal para ser sentenciada el 29 de enero las 10:00 a.m., en la Sala 6 del Tribunal de Hato Rey, ante la Jueza Silvia L. Carreño-Coll. Ese mismo día serán sentenciados Herrera Velutini y Rossini.