La exgobernadora Wanda Vázquez Garced recibió un segundo indulto del presidente Donald Trump, que la perdonó por el delito menos grave por el cual se había declarado culpable.

Esta era la clemencia ejecutiva que había solicitado la jueza federal Silvia Carreño Coll para poder desestimar el caso en su contra y evitar que fuera sentenciada el próximo 29 de enero.

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Se trata de la “clemencia presidencial” por el cargo menos grave de recibir una contribución electoral de una persona que no posee la ciudadanía estadounidense. Por este delito, fue que Vázquez Garced aceptó su culpa el pasado 27 de agosto.

El perdón presidencial fue publicado este miércoles en el expediente judicial de Vázquez Garced en una notificación a la corte. Tiene fecha de ayer, martes, 20 de enero.

El primer indulto lo firmó Trump el pasado 15 de enero. Correspondía a los delitos por corrupción gubernamental por el que se le acusó originalmente, que fue por cargos de conspiración, soborno en programas federales, y fraude electrónico de servicios honestos.

Al presentar este segundo indulto, los abogados de la exgobernadora, Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza, Edgar Sánchez y Peter Jonh Porrata, expusieron que “la acusada Wanda Vázquez Garced, por medio de sus abogados, notifica al Tribunal que ha recibido y aceptado un indulto total e incondicional otorgado por el Presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2026. (Véase el Anexo 1.) En vista del indulto presidencial total e incondicional y su aceptación por parte de la demandada, este asunto es irrelevante y la demandada solicita respetuosamente al Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”, dice el documento judicial.

Añade que “habiendo notificado el indulto presidencial y su aceptación por parte de la demandada, la demandada solicita respetuosamente a este Tribunal que desestime con efecto el caso mencionado y ordene su cierre”.

Ayer en la tarde, la jueza federal publicó en el expediente de uno de los coacusados en este caso, Mark Rossini, que era necesario este nuevo indulto para detener los procesos judiciales.

La jueza explicó que el indulto del 15 de enero aplicaba al caso inicial, que era por corrupción gubernamental, y no para el delito en el que se declararon culpables en agosto pasado.

Carreño Coll explicó que “la Notificación se basa en la suposición errónea de que el indulto emitido el 15 de enero de 2026 y notificado al Tribunal el 19 de enero de 2026” aplica al caso del delito menos grave por el cual se declaró culpable, que responde a una violación de leyes electorales.

Aceptó que la Fiscalía federal le había adelantado que pronto se emitiría el nuevo indulto para que los coacusados pudiesen solicitar la desestimación del caso. Ese perdón presidencial fue el que ahora presentó la exgobernadora.

De inmediato, la jueza no ha emitido una expresión sobre este nuevo indulto.

Cabe destacar que esta nueva clemencia ejecutiva sí se refiere al caso por el que Vázquez Garced se declaró culpable.

El coacusado Rossini también presentó a la corte este miércoles el nuevo indulto recibido y solicitó la desestimación del caso.

El único de los coacusados que no ha registrado su documento lo es el banquero venezolano, Julio Herrera Velutini.

Vázquez Garced fue acusada en agosto de 2022 por corrupción pública.

La acusación federal contra la exgobernadora expone que Herrera Velutini y Rossini, presuntamente, le prometieron apoyo financiero para su campaña política del 2020, a cambio de que ella utilizara su influencia política para destituir y reemplazar al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En febrero de 2020, Joyner Kelly presentó su renuncia, supuestamente, bajo presiones.

Entonces, la exgobernadora nombró como su reemplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega había sido recomendado por Herrera Velutini para que asumiera la dirección de OCIF. Supuestamente, Vázquez Garced recibió un soborno de $300,000, que consistió en un estudio o encuesta sobre la campaña, por facilitar esa gestión de cambio de mando.

Los cargos de corrupción pública fueron eliminados en un acuerdo de culpabilidad que alcanzó el trío con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en verano de 2025. Estos se declararon culpables en agosto por un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Fue el pasado 15 de enero que el presidente Trump firmó los indultos a Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini. Pero, se expone que son en relación al caso de corrupción pública.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. La Fiscalía federal presentó el lunes un recurso ante la corte para desestimarle el caso.

La Fiscalía federal explicó que su petición responde a que los “conspiradores más culpables han sido perdonados” y, como parte de la política del Departamento de Justicia, se debe recompensar la cooperación de Díaz y Blakeman y “evitar una situación en la que un testigo cooperador y menos culpable reciba una condena por un delito menos grave y enfrente la posibilidad de tener que cumplir tiempo de prisión”.

La jueza no se ha pronunciado todavía en torno a si desestimará el caso.