Wanda Vázquez Garced, quien ocupó la gobernación por sucesión constitucional tras la renuncia de Ricardo Roselló Nevares en el Verano del ’19, se convertirá en la tarde de este miércoles en la primera gobernante en aceptar su culpabilidad por un delito criminal.

Aunque en un principio se le imputó un caso de corrupción gubernamental, la funcionaria logró un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que la liberó de la posibilidad de pasar hasta 20 años en prisión. El pacto la llevará a pararse esta tarde ante la jueza federal Silvia Carreño Coll, en la sala 4 del Tribunal federal de Distrito en Hato Rey, para afirmar que libre y voluntariamente se declara culpable de un cargo menos grave por violación al Título 52 del Código de los Estados Unidos, sección 30121, de la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés). Esta sección 30121 lo que dispone es que está prohibido que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Según la alegación de la Fiscalía federal, Vázquez Garced recibió un donativo o bien de parte de los coacusados en este caso, el banquero Julio Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini. Estos también llegaron a un acuerdo de culpabilidad con Justicia federal y se presentarán esta tarde ante la jueza para asumir su responsabilidad.

Específicamente, la acusación alude que la exsecretaria de Justicia aceptó un donativo político de una suma entre $2,000 a $25,000 durante su campaña a las primarias por la gobernación en el Partido Nuevo Progresista (PNP) en el 2020.

En la acusación inicial, que fue por cargos de fraude, soborno y conspiración, se aludió a que los coacusados presuntamente entregaron una encuesta política valorada en unos $300,000 a Vázquez Garced a cambio de que despidiera al entonces comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner Kelly, pues el organismo regulador realizaba una investigación en contra de Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

En las nuevas acusaciones impuestas contra el trío se precisa que la pena a imponerse por la violación menos grave de la ley electoral está contenida en la sección 31109 (d) (1) (A) (ii) de la mencionada ley. La misma establece que “cualquier persona que, a sabiendas y voluntariamente, cometa una violación de cualquier disposición de esta ley que implique la realización, recepción o declaración de cualquier contribución, donación o gasto, (ii) que sume $2,000 o más (pero menos de $25,000) durante un año calendario, será sancionada con una multa conforme a dicho título, o con una pena de prisión de no más de 1 año, o ambas”.

Vázquez Garced no es la primera persona que ocupa el cargo de gobernador que es acusado. Sin embargo, es la primera que levanta las manos y acepta su culpa.

El primer gobernador acusado, también a nivel federal, lo fue Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático.

Un gran jurado presentó el 27 de marzo de 2008 contra el líder popular y otros 12 coacusados por 19 cargos de conspiración, falso testimonio, fraude electrónico, fraude en el programa federal y delitos fiscales relacionados con el financiamiento de la campaña del gobernador para Comisionado Residente en 1999-2000 y 2001-2002, así como también la campaña posterior para gobernador de 2004.

Acevedo Vilá enfrentó un juicio. Durante el proceso, el juez federal Paul Barbadoro le eliminó 15 de los cargos. Los otros no prosperaron durante el juicio por jurado, donde se le declaró “no culpable”, tras deliberar que apenas alcanzó las cuatro horas.

Aunque Vázquez Garced es la segunda acusada, el exfiscal Ernie Cabán destacó que siempre quedará en su nombre ser la primera gobernadora convicta.

“Aunque sea por un delito menos grave, según reclasificado, es una convicción federal. En la imagen del pueblo, en la confianza del elector, del pueblo, sin duda tiene que tener un efecto. Más cuando el pueblo no confía en sus políticos, no confía en sus gobernantes, tienen duda con relación a sus ejecutorias, su propósito. Piensan que van a robar y hay una mala percepción pública generalizada. Y, el hecho de que ahora una gobernante resulte convicta, tiene que tener un efecto inflamatorio en el pueblo, aunque se trate de un delito menos grave, porque el pueblo sabe que esa convicción por delito menos grave fue el producto de unas negociaciones del Departamento de Justicia federal. No es el resultado de una investigación criminal”, opinó.

El también analista político señaló que, cuando Vázquez Garced acepte su culpabilidad, da por terminado cualquier futuro en la política o en el gobierno del país. Sin embargo, por ser un delito menos grave, dijo que pudiese darse el caso que el Tribunal Supremo mantenga su licencia como abogada.

Durante la vista citada para las 2:00 p.m., Vázquez Garced y los coacusados serán interrogados sobre la motivación de aceptar su culpabilidad.

En un escrito emitido recientemente por la jueza en este caso, explicó que “el Tribunal podría interrogar a la señora Vázquez Garced sobre su ‘participación en el proceso de negociación de acuerdo’ durante su vista de alegación de culpabilidad, pero dicha indagación estaría limitada a confirmar que su alegación es ‘consciente y voluntaria’”.

En otras vistas de aceptación de culpabilidad cubiertas por este diario no se le permite argumentar al acusado ante las preguntas del juez. Las respuestas se limitan a “sí” o “no”, así como a “soy culpable”. Es durante la vista de sentencia que los jueces le permiten a la persona a ser juzgada dirigirse públicamente.

Como parte de este caso, también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced. Ambos hicieron alegación de culpabilidad y están colaborando con las autoridades federales. No han sido sentenciados.

El acuerdo de culpabilidad de Blakeman y de Díaz establece que estos serán sentenciados por el delito grave de conspiración para cometer soborno. La recomendación de sentencia dice que tiene que ser “razonable”, según las guías de sentencia. Sin embargo, no estipula cuánto tiempo de prisión deberán cumplir.

¿Cómo llegó a la gobernación?

Vázquez Garced fue nombrada por Rosselló Nevares como secretaria de Justicia en el 2017. Cuando el exgobernador renunció el 24 de julio de 2019, no había una persona confirmada al cargo de Secretario de Estado, quien es la primera persona en el rango de sustitución de un gobernador.

En un inicio, hubo un intento de nombrar a Pedro Pierluisi como secretario de Estado para que asumiera la gobernación. Pero, una disputa que llegó hasta el Tribunal Supremo lo sacó de carrera. Fue, entonces, que Vázquez Garced asumió la gobernación el 7 de agosto de 2019.

Entre las determinaciones más recordadas de la funcionaria está haber cerrado el país el 16 de marzo de 2020 ante el inicio de la pandemia del COVID-19 en la Isla.