Carolina. Con la prohibición de las peleas de gallos, Puerto Rico tendría una pérdida aproximada de $80 millones anuales y miles de empleos, esta fue la denuncia que realizaron hoy los directivos del Club Gallístico de Puerto Rico.

Sus expresiones surgen luego que el Senado federal avalara abrumadoramente, 87-13, un proyecto de ley de agricultura –que contiene la prohibición de peleas de gallos– que financiará varios programas.  

“Ante esta noticia, es importante alertar el impacto económico que tendría esta medida, dejando desempleadas a 27,000 personas entre empleos directos e indirectos. El deporte de los gallos, que es altamente regulado, cumple con rigurosos parámetros legales y fiscales del gobierno. El mismo contribuye sobre $80 millones al fisco anualmente, sin incluir las aportaciones de propiedad mueble e inmueble que se hacen al CRIM”, destacó el presidente de la Junta, Orlando J. Vargas.

Se espera que la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos apruebe la medida tan pronto el presidente Donald Trump la envíe.

“Nuestro país está sumido en una crisis económica, y esta medida sería nefasta para la industria avícola, los suplidores y demás empresas están vinculadas a este deporte, añadió el presidente.

El Club Gallístico de Puerto Rico -localizado en Isla Verde y que celebrará su 45 aniversario en el 2019- ha sido sede de importantes encuentros internacionales con participación de decenas de países que vienen a visitar y a participar de las peleas de gallos. 

“Estos eventos, que ocurren anualmente, también contribuyen a promover a Puerto Rico en el exterior y aportar al turismo de nuestra Isla”, dijo Vargas.

Tras el paso del huracán María, las fincas y criaderos de gallos fueron impactados generando pérdidas sustanciales.  No obstante, el deporte se ha ido recuperando en el pasado año, sin ayudas gubernamentales, y en la actualidad hay varios proyectos de construcción de galleras y coliseos en diversos municipios.

El total de galleras activas se estima en 90 a través del archipiélago borincano.

Vargas le realizó una exhortación al gobernado Ricardo Rosselló; a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González; y a otros representantes del Gobierno de Puerto Rico para hacer causa común y un frente unido para “explicar [al Congreso] el impacto económico que tendría esta medida”.