Tal parece que los procesos de reconstrucción en la zona cero bajan con la rapidez de un suero de brea, pues aún falta mucho camino por recorrer para ayudar a cientos de familias afectadas por los sismos, además de la restauración urgente de estructuras públicas y privadas.

Pero la burocracia continúa alargando las demoliciones que son requeridas para construir, rehabilitar o reubicar a los damnificados en un área que sigue despoblándose por falta de viviendas asequibles para gran parte de la población y donde muchos tuvieron que hospedarse en casa de familiares o alquilar los pocos espacios que quedan a pesar de seguir pagando una hipoteca.

Guánica

La dilación en los trabajos de demolición es algo que frustra al alcalde Ismael Rodríguez Ramos quien, a su vez, admitió que eso es precisamente el motor que lo impulsa a continuar batallando hasta lograr levantar al pueblo más afectado por los terremotos.

“Falta mucho por hacer y somos los primeros en reconocerlo y queremos que esa ayuda llegue, específicamente a las familias afectadas. El aproximado de las viviendas que sufrieron daños con los terremotos de 6 y 7 de enero, fueron casi 2,000 y de esas, 500 estaban bajo evaluación para demolición, pero ese número se ha reducido a 380 porque hay muchos que decidieron hacerlo ellos mismos”, contó.

Reconoció que la ayuda no llegó a todos los damnificados, pues hay quienes “no han recibido nada, otros recibieron la ayuda máxima de $35,000 de FEMA, pero eso no les da para poder construir nuevamente su hogar y otros que el seguro de hipotecas cubrió el daño, pero a otros no les cubrió”.

“Esa es nuestra prioridad como administración municipal y por eso hemos visitado Washington para que se agilice el desembolso de los fondos federales anunciados para nuestros pueblos. La prioridad es ayudar a las personas que, aunque recibieron ayuda de FEMA y a lo mejor no les da, tener los fondos accesibles para poder ayudarlos”, argumentó.

Precisamente, el barrio La Luna fue el sector que recibió mayores daños con unas 150 viviendas aprobadas para demolición, pero la mitad dio positivo a asbesto y plomo; situación que alarga más el proceso.

“Se supone que eso se resuelva en esos primeros meses del año, porque, aunque sea en el baño hay que hacer el proceso en la vivienda completa. Eso implica que no tenemos autorización para que los empleados de la compañía a cargo de la demolición

puedan entrar a la casa para marcar y hacer las divisiones en el área que dio positivo a asbesto y plomo”, reveló.

“Hemos coordinado para hacer un estudio de suelo para garantizar a aquellas personas que quieran volver a construir en el barrio La Luna, que sea de una manera segura y sepan que el suelo donde van a construir pueden hacerlo y no pierdan la inversión”, destacó.

Ramos Rodríguez, nuevamente urgió a las autoridades pertinentes a que agilicen el proceso porque “nuestro pueblo no puede pasar por lo que ha pasado con el huracán María que llevamos más de cuatro años y todavía no llegan las ayudas para los municipios porque en nuestro caso, si eso pasa se nos va la vida”.

“Necesitamos agilidad… sé que hay desconfianza de parte del gobierno federal a través de la historia de lo que ha pasado con el dinero en Puerto Rico, de cómo han trabajado. Pero los alcaldes del área hemos demostrado que estamos trabajando juntos de una manera seria y responsable con estos fondos para poder hacer justicia social y que nuestra gente se quede viviendo aquí”.

Guayanilla

Igualmente, el alcalde de Guayanilla, Raúl Rivera Rodríguez, lamentó la lentitud con que se trabajan los casos a dos años de los terremotos y advirtió las consecuencias en la salud mental de las familias que perdieron sus casas.

“Es difícil pensarlo… estamos hablando que fue el sacrificio de una vida para muchos de ellos; personas de más de sesenta y pico de años, ver como su casa se fue abajo y luego de eso su vida cambió drásticamente y su casa se desmoronó. También ha sido muy duro verlos llorando cuando vamos a sus casas a demolerlas e indicando: “Mira cómo se van abajo mis sacrificios en segundos, minutos, horas”, confesó el ejecutivo municipal afiliado al Partido Nuevo Progresista (PNP).

“Nuestra filosofía es que, si no demolemos, no reconstruimos y hemos estado en ese proceso burocrático. Aquí lo que mata es la burocracia. Nosotros en uno o dos días demolemos una residencia, pero nos tardamos meses, ya ves, dos años en lo que el papeleo y todo está en orden para que se pueda demoler esa estructura. Eso ha sido básicamente nuestro mayor escollo”, resaltó.

Rivera Rodríguez expuso las dificultades que ha encontrado para reubicar a los residentes del sector El Faro, cuyo terreno bajó a consecuencia de los sismos y ahora, cada vez que llueve el agua se mete en sus residencias.

“Ver ahora cómo nuestros residentes de El Faro que ya estamos básicamente con un plan definido, pues cómo los podemos reubicar. A nosotros nos preocupa la salubridad de nuestra gente y que no vayan a desarrollar otro tipo de enfermedades, además del COVID que nos sigue afectando”, sostuvo.

No obstante, cifró sus esperanzas en el nuevo año y adelantó que ya se han recibido correos electrónicos que indican “que el dinero está en vías a desembolsarse”.

“Se han demolido 15 residencias y todas con su disposición, permisología y andamiaje requerido. Esperamos en enero llevar esos depósitos al centro de acopio en Guánica y tenemos a las compañías que se contrataron montando todo el papeleo. Es mágico ver a nuestras personas se llenan de esperanza”, mencionó.

No obstante, admitió que muchos damnificados se cansaron de esperar e invirtieron sus propios fondos para completar la ayuda de FEMA para entonces, acondicionar sus viviendas que fueron declaradas como inhabitables.

“Hemos visto que cuando vamos a una casa para demoler, la gente no quiere y dicen que ya la restauraron. Otros no aparecen porque están en otro municipio o fuera de Puerto Rico. Otros por el tiempo que pasó, ellos mismos las demolieron. Ya estamos en 30 residencias. Entre enero y febrero tenemos 15 viviendas para demoler”, acotó.

Igualmente, relató que los sismos dañaron los siete planteles del pueblo, además del Colegio Inmaculada Concepción el cual fue restaurado y “ya está operando”.

Sin embargo, aún espera por la aprobación del Departamento de Educación (DE) para que permita al ayuntamiento reparar 18 salones de la Escuela Arístides Cales en el casco urbano con el propósito de eliminar la aglomeración de estudiantes. Allí destinaría a los alumnos de la Escuela Hipólito García.

“Nosotros recuperamos la Escuela Gloria Borrero que está operando de forma presencial, se recuperó la única escuela superior y está lista. Nosotros como municipio recuperamos la Padre Nazario y ahí ubicamos las escuelas Herminio Arzola y Dalila Torres que están en horario alterno. Igualmente, recuperamos la Francisco Rodríguez y ahí ubicamos a los estudiantes Arístides Cales y la Hipólito Rodríguez que son las escuelas que están para demolición”, detalló.

“Nos comunicamos con el director regional, Roberto Rodríguez y nos indica que hay unos módulos que están aprobados para Guayanilla y estaríamos ubicándolos en áreas cercanas de la Escuela Herminio Arzola y así tendríamos todas las escuelas de forma presencial y sin ‘interlocking’ que ese es nuestro desafío para este año”, recalcó.

Al repasar la totalidad de los destrozos que dejaron los terremotos, el alcalde de Guayanilla destacó que hay otras estructuras del centro urbano que están para demolición, mientras que su administración municipal insiste en salvar la biblioteca pública y el centro cultural.

Peñuelas

Los constantes cambios procesales de la Agencia para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de la Vivienda local siguen retrasando la demolición de las

primeras 40 viviendas de un total de 80 afectadas completamente por los sismos del 7 de enero de 2020.

Según el alcalde peñolano, Gregory Gonsález Souchet, se supone que los trabajos de demolición arranquen entre finales de este mes o principios de febrero.

“En Peñuelas, las casas que sufrieron daños significativos fueron cerca de 300 a 400 aproximadamente, y cientos más que necesitan otro tipo de recuperación. Pero FEMA y sus procesos burocráticos, sus complicaciones, limitan tanto esto porque ellos son los que dan el visto bueno para proceder con las demoliciones”, acotó.

“Hay muchas personas que decidieron permanecer en esas residencias y otros por su cuenta comenzaron a hacer reparaciones menores, hay otros que lamentablemente han tenido que moverse a unas residencias en los mismos patios y otros que se reubicaron con familiares o se han beneficiado del proceso de rentas, pero se han quedado en la cercanía”,

De otra parte, insistió en que aún restan los trabajos de restauración en los planteles escolares, entre estos, la escuela superior Josefa Vélez Bauzá, cuyas obras requerirán al menos de dos a tres años en completarse.

“Todavía hay algunos planteles que no se ha hecho nada más allá que informar sobre posibles trabajos, por ejemplo, la escuela Adolfo Grana Rivera que pertenece al municipio se la facilitamos a la escuela superior Josefa Vélez Bauzá que fue la escuela más afectada y no sabemos cuándo empiezan los trabajos. La escuela Ramón Pérez Purcell del barrio Santo Domingo necesita reparaciones en algunas partes del plantel”, manifestó.

“La escuela Jorge Lucas Pérez Valdivieso de Tallaboa Encarnación, se plantea una instalación de módulos de manera parcial, pero sabemos que hay unos edificios que deben ser trabajados y otros hay que demolerlos. La Escuela Intermedia Rafael Irizarry ya fue reparada, escuela Miguel González Bauzá aún se están haciendo trabajos, en la escuela Daniel Webster queda una parte por trabajar que está cerrada”, detalló.

Sin embargo, la comunidad escolar de la intermedia Rafael Irizarry se mostró preocupada ante los daños visibles que permanecen en la estructura.

“Nosotros visitamos la escuela y se lo planteamos al director regional del DE, cuando los conserjes están limpiando el agua cae del segundo piso al primero por una pared que está un poco despegada. Se supone que la compañía que se había contratado debía hacer estas reparaciones”, dijo el alcalde.

Al cumplirse el segundo aniversario de los terremotos en el suroeste, Gonsález Souchet recordó la disputa que tuvo con el gobierno central al que en ese momento acusó de olvidarse de su pueblo.

“Entiendo que esos errores que cometió el gobierno central en el pasado de echarnos a un lado, de ahí aprendieron mucho y hoy día, las agencias que tienen que ver directamente con los procesos de recuperación están un poco más presentes. Por lo menos, hasta ahora en el proceso de recuperación y la inclusión de Peñuelas en esos planes, va marchando muy bien”, admitió.