Cientos de personas en Puerto Rico se unieron este sábado a la protesta masiva que se realizó en todo Estados Unidos, en rechazo a lo que catalogan como crecientes abusos de poder del presidente Donald Trump y las políticas autoritarias que impulsa a través de su administración.

Los manifestantes también condenaron y rechazaron la colaboración de la gobernadora Jenniffer González Colón y su administración, con las prácticas y políticas que denunciaron, violentan los derechos de las comunidades.

La protesta frente al tribunal federal en Hato Rey se sumó a los más de 2,500 eventos que estaban programados en diversas ciudades a través de Estados Unidos para conmemorar el ‘No King’s Day’, un reclamo al unísono histórico, en momentos en que la administración Trump utiliza de manera arbitraria los cuerpos de la Guardia Nacional en contra de los propios residentes y ciudadanos estadounidenses, ignora protecciones y derechos constitucionales, reduce el cuidado médico de personas y comunidades vulneradas y realiza redadas masivas y selectivas contra inmigrantes, que según el discurso oficialista, son responsables de la ola criminal en los Estados Unidos.

“Nos unimos hoy para condenar el creciente abuso de poder del presidente Trump y de los funcionarios que le imitan en Puerto Rico, enviándoles un mensaje claro: el pueblo no será silenciado y nuestros derechos no serán borrados”, subrayó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, al dirigirse al público durante la manifestación. “No cederemos ante los abusos, no cederemos ante las políticas autoritarias, no cederemos ante las amenazas y no cederemos ante el intento de que el pueblo viva con miedo, porque nos sobra fuerza y valentía”, subrayó.

La movilización denunció como autoritarias y racistas, las políticas impuestas por la administración Trump desde Estados Unidos, que dijeron, están teniendo grave impacto sobre Puerto Rico. En la misma dirección, denunciaron la colaboración voluntaria de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón, con estilos autoritarios similares en la gestión pública en Puerto Rico, así como la administración del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Durante la protesta, cientos de personas levantaron carteles con mensajes como “migrar es un derecho”, “gobierno para la gente, no para el terror”, “ni imperios, ni dictadores”, “basta ya de tanta crueldad”, “salvemos la democracia”, “mi único rey es Benito y “no reyes”. También corearon consignas como “¡Trump, escucha, estamos en pie de lucha!” y “Respeta mi existencia o espera resistencia”.

El piquete se extendió por la avenida Chardón, mientras una enorme bandera de Puerto Rico era sujetada por varias personas que caminaban de un extremo al otro.

“Es momento de actuar, de rechazar las formas de tiranía del gobierno federal y de resistir. Nuestra relación colonial con Estados Unidos y los administradores de poca espina dorsal en nuestro país, vuelven a ponernos en una situación muy vulnerable y reprochable. Ante la violencia y las acciones de muerte que Estados Unidos exhibe en el Caribe, ante las múltiples opresiones y la clara amenaza a nuestras aspiraciones democráticas, respondemos hoy en la calle, en colectivo, con la promesa de la defensa de nuestros derechos, de la seguridad de nuestras comunidades y de nuestra dignidad”, sostuvo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0.

En total, 38 organizaciones endosaron una declaración conjunta que denunció seis puntos principales, entre ellos la criminalización y los ataques violentos y racistas hacia las comunidades migrantes.

“En Puerto Rico, donde las comunidades migrantes han sido parte de nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales, nos sostenemos en que migrar es un derecho humano reconocido por Estados Unidos y las personas migrantes no cometen crimen alguno por el mero hecho de migrar”, expresó José Rodríguez, presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, al hacer lectura de la declaración durante la manifestación.

Además, los manifestantes denunciaron la re-militarización de Puerto Rico y el uso de la fuerza como herramienta política. “Después de años de luchas cívicas para lograr la desmilitarización de Puerto Rico, el presidente Trump ha retomado y aumentado el rol de nuestro país imponiendo despliegues y ejercicios militares que afectan a nuestro archipiélago, nuestra gente y nuestro medioambiente, y que generan temor por la posibilidad de escalada militar y conflictos alrededor del Caribe”, subrayó Carmen Ana Dávila, portavoz de Comuna Caribe.

También se levantó un reclamo en contra de las violaciones de los derechos de las mujeres, personas gestantes y comunidades LGBTQIA+ por parte del gobierno federal y las políticas que siguen estos pasos a nivel estatal. “Ha promovido medidas para limitar el acceso a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, y ha promovido leyes que restringen este derecho. También ha revertido protecciones contra la discriminación por identidad de género y orientación sexual en áreas como la educación, el empleo, la vivienda y la salud”, exclamó Justin Jesús Santiago, director de la Federación LGBTQ+.

“Además, ha permitido que sectores conservadores impongan vetos a tratamientos afirmativos para personas trans y ha buscado excluirlas de espacios públicos y reconocimientos legales. Estas acciones erosionan derechos fundamentales como el derecho a la salud, el derecho a la intimidad y el derecho a la dignidad”, añadió Santiago.

En la misma dirección, se denunció el uso de agencias federales para el silenciamiento y la persecución política. “El uso del poder ejecutivo para intimidar a la profesión legal, a organizaciones civiles, a medios de comunicación y periodistas, erosiona el Estado de derecho. Cuando el acceso a fondos de emergencia o a programas sociales se convierte en una herramienta de coerción política, se amenaza la supervivencia de las comunidades más vulnerables”, subrayó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Puerto Rico.

Otra de las denuncias claves a nivel local fue la negación del cambio climático y el desmantelamiento de las protecciones ambientales. En su declaración, los grupos recordaron que, especialmente en las islas, esta violencia y abuso de poder amenaza derechos fundamentales y nuestra propia subsistencia.

“Estas acciones no solo ponen en riesgo la salud y la seguridad de las comunidades, sino que comprometen los ecosistemas de los que dependemos para vivir y sobrevivir. Al priorizar intereses económicos por encima del bienestar colectivo, se perpetúan desigualdades y se vulnera la dignidad de las poblaciones más afectadas”, manifestó Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de Casa Pueblo.

Los manifestantes también reclamaron el derecho a permanecer en las comunidades y en el país, ante medidas que excluyen y limitan el desarrollo y permanencia de cientos de miles de personas puertorriqueñas.