En medio de la crisis de agua que vive el país y que se ha acrecentado por la sequía, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, aceptó que la agencia tiene un problema con los múltiples pozos ilegales que se han hincado, principalmente en la zona sur.

“En el sur, (hay) mucho, en el sur mucho”, precisó el funcionario en entrevista con Primera Hora.

Añadió que “en el sur ahora mismo tenemos un montón de pozos ilegales que ya estamos trabajando con atajar ese asunto de la ilegalidad de ciertos pozos”.

El problema con los pozos hincados ilegalmente es que no se tiene constancia de la cantidad de agua que se extrae, sobre todo cuando la sequía ha bajado los niveles.

Indicó que el hecho de que la mayoría de los pozos ilegales estén en la zona sur, agrava la pobre condición en la que ya se encuentra el Acuífero del Sur. Este es utilizado por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para extraer agua para el consumo humano. También es fuente principal de agua para el riego de las cosechas agrícolas.

Explicó que el problema principal que se tiene con extraer agua de más es que puede haber una intrusión de agua salada. Esto provocaría que no se puedan utilizar.

Alertó que evalúan la posibilidad de que el Acuífero del Sur entre en una etapa de racionamiento.

De hecho, el Servicio Geológico de los Estados Unidos ha informado que el nivel del acuífero en Salinas está crítico.

“La particularidad del Acuífero del Sur es que si hay intrusión salina se quedó todo el mundo sin agua en el área sur, que se suple de pozos, que básicamente todo el mundo se suple de pozos en el área sur. Si se nos daña ese acuífero, se fue con ‘Los Panchos’”, soltó.

Primera Hora supo que el DRNA programa operativos para dar con los pozos ilegales y multar a las personas que los operan.

El director de la Secretaría Auxiliar de Permisos del DRNA, Juan Castrodad Pérez, señaló que es el Cuerpo de Vigilantes el que tiene la potestad para encauzar a las personas que violan el Reglamento para el Aprovechamiento, Uso, Conservación y Administración de las Aguas de Puerto Rico.

Precisó que toda aquella persona que se identifique con un pozo ilegal se le emitiría una multa de hasta $50,000 por cada violación o incidencia detectada.

Ninguno de los funcionarios del DRNA precisó la cantidad de pozos ilegales que hay. Sin embargo, Castrodad Pérez aceptó que tienen “un estimado”, que salió de la evaluación que han realizado del problema.

Precisó que en la actualidad hay 1,453 pozos activos. De estos, 509 se utilizan para fines agrícolas, 195 son comercial, 484 domésticos, 15 gubernamental, 164 industrial, seis recreativo, tres pecuarios y 77 institucionales.

El municipio de Salinas es donde más pozos hay hincados, con 128. Le siguen Ponce con 64, Santa Isabel 63, Coamo 62, Juana Díaz 61, Caguas 60, Guayama 49, Gurabo 41, Arecibo 38 y Hatillo 37.

Otros 21 municipios también registran tener pozos, pero con cantidades menores a las señaladas.