El fraude, ese en que una o varias personas se aprovechan y toman ventaja económica o material de los más desventajadas -o hasta del lugar donde está empleado- está cada vez más presente en Puerto Rico.

Se percibe desde las redes sociales, donde se promueve la venta de maletas a un $1; en los múltiples informes policiacos que se publican a diario con diversas incidencias, principalmente de llamadas en la que logran sacarle información a la víctima de su cuenta de banco; o cuando de repente el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) anuncia el arresto de algún político por robar dinero del pueblo.

Ayer, de hecho, la secretaria del Departamento del Trabajo, Nydza Irizarry Algarín, denunció que ciudadanos aseguraron haber recibido llamadas o visitas sospechosas de personas que se hacen pasar por empleados de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (PR OSHA) para intentar cobrar sumas de dinero a cambios de reducir multas por supuestas infracciones.

La funcionaria aclaró que el personal de la agencia no solicita dinero a cambio de reducir las multas, tampoco cobra dichas infracciones de forma presencial o vía telefónica.

Era un engaño.

En los primeros cuatro meses de este año, el Negociado de la Policía registró en sus estadísticas 2,708 casos de fraude, que van desde estafas o timo, fraudes de comunicaciones, fraudes con tarjetas de créditos o en cajeros, robos de identidad, personas que se hicieron pasar por otras, hackeos de computadoras y fraude de asistencia social, así como 139 desfalcos (robo a fondos a los que tenía acceso).

En todo el 2024, se registraron 7,050 casos de fraude y 487 desfalcos. Mientras, en el 2023 hubo un registro de 7,711 casos de fraude y 522 desfalcos, indican las estadísticas oficiales de la Policía.

Este año, los exalcaldes de Ponce, Luis Irizarry Pabón, y de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, se declararon culpables por corrupción. Mientras, otro número no precisado de estafas también se están registrando en empresas privadas por parte de sus propios empleados, lo que debilita sus finanzas y pudiese llevar a las empresas a la quiebra.

A este tipo acción se le conoce como fraude ocupacional.

Un estudio realizado por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico (CCPA) en el 2020 detectó que el 3.5% de los presupuestos de una entidad, sea privada o gubernamental, se desvió en fraudes. Esto representó un impacto económico de $2,400 millones.

Cuando se limitó a asuntos de corrupción gubernamental, el impacto económico fue de 5.3% del presupuesto, lo que representó unos $500 millones, detalló el contador público autorizado y experto en fraudes, Eduardo González Green.

Informó que el impacto económico de los engaños a individuos no se calculó en el mencionado estudio. Sin embargo, el también investigador de casos de fraude en empresas señaló que, a modo general, la acción deshonesta “deja grandes pérdidas”, no sólo económicas, sino también emocionales.

Cuando ataca a los individuos

Cuando estos fraudes se centran en los individuos, las víctimas principalmente son adultos mayores.

El teniente José Ayala, director de Robo a Banco de la Policía, indicó que “hay de todo un poco, de todas las edades. La más que hemos visto ha sido el adulto mayor, esas llamadas telefónicas. Mucho adulto mayor confía y cae en el fraude, aunque hemos visto de todo un poco”.

Pero, ¿cómo logran los criminales hacer caer a una persona víctima de fraude?

“Lo más común, actualmente, son vía llamada telefónica. Se hace por otras personas, por agencias, por comercio, ofreciendo ofertas tanto de compañías de paneles solares, energía eléctrica, de LUMA (Energy), de compañías como tal. Estas son las más frecuentes”, informó Ayala.

Comentó que, en la mayoría de los casos, los maleantes llaman para alegar que cobran una deuda de agencias de gobiernos, entidades o bancos. “Esa persona le cree, le da la información de la cuenta bancaria y, luego, percatan no tenían la deuda o cuando ven la transacción en la cuenta bancaria, ven que le retiraron dinero”, relató Ayala.

¿Qué hacer?

Dejó claro que una persona puede detectar que estos incidentes son un fraude, ya que “ninguna institución bancaria va a estar llamando para cobrar dinero por una deuda, ni LUMA ni agencia del estado. Eso no es un proceso normal”.

Recomendó a quienes reciban una llamada de estas, que enganchen y asistan personalmente a la entidad que alegó cobrarle una deuda. Si no puede ir personalmente, debe llamar a verificar la información.

“Que usted sea quien genere la llamada a esa compañía o institución que lo esté llamando para cobrar un dinero. Esa es mi sugerencia para evitar estos tipos de fraude”, sentenció.

Si ya ofreció su información personal, el funcionario recomendó que, de inmediato, se cancele la tarjeta o solicite al banco que detenga todas las transacciones dirigidas a su cuenta. También recalcó que la primera opción debe ser acudir personalmente a su banco a hacer esta transacción. Si no puede acudir, entonces continúe con una llamada para hacer el proceso.

Ayala añadió que “la segunda (modalidad de fraude) que es más frecuente sería por email, o sea, que me envían correo electrónico o me envían mensajes de texto. Este tipo de fraudes hay muchos también. En estos últimos años ha habido un aumento en ese fraude como tal. El tercero sería las personas que ofrecen servicio, que van personalmente, se hacen pasar por personas de la banca o se hacen pasar por personas de algún servicio y adquieren dinero para algún servicio que nunca se lo dan”.

No obstante, el teniente comentó que en esta semana lo que está de moda es la clonación de tarjetas por medios de dispositivos electrónicos colocados a las estaciones que se utilizan para cobro mediante tarjetas. Reveló que han ocupado diariamente entre cinco a ocho de estos dispositivos esta semana en centros comerciales prominentes, como lo son Plaza Las Américas, Mall of San Juan y The Outlets at Montehiedra.

Informó que la investigación que realizan apunta a que se trata de una organización de los Estados Unidos que ha llegado a la Isla para clonar tarjetas y las venden en el mercado negro en los estados. Indicó que una víctima se da cuenta a un mes de que le hayan clonado la tarjeta por transacciones que detecta fuera de la Isla.

“Se ha salido de control… Nos preocupa grandemente”, aceptó el funcionario.

Si es víctima de algún fraude, Ayala informó que la persona debe hace querellas tanto en el banco donde tenía el dinero que perdió, así como en el cuartel más cercano de la Policía con evidencia en mano.

Comentó que una vez la Policía tenga la querella, se determina si se pasaría al Cuerpo de Investigaciones Criminales o a la División de Robo a Bancos para su investigación.

Ayala alegó que el 50% de las víctimas recupera el dinero y el otro 50% lo perdería.

“Todo va a depender del tipo de fraude”, dijo.

Cuando es el empleado el que defrauda

Otro fraude que ha resonado recientemente es el que ocurre dentro de las empresas o el gobierno. Se le llama fraude ocupacional ya que ocurre “cuando un empleado se apropia de los activos y los recursos de la empresa”.

El más común en Puerto Rico es el robo de efectivo, inventario o cualquier otro bien, reveló González Green.

Mientras, la segunda modalidad es la corrupción. “No es exclusiva del gobierno”, dejó claro el experto.

La tercera modalidad que mencionó fue el fraude o esquema de falsificación de los estados financieros para evitar que se vea el robo de activos o dinero.

Estos fraudes ocupacionales están ganando terreno en la actualidad, según el contador, ya que en tiempo de “dificultades económicas, estrechez económica, como la que estamos viviendo, el asunto de inflación y deja que vengan los aranceles, que esté todo implantado, esa estrechez económica quizás da una motivación adicional a la gente por la falta de recursos”, detalló González Green.

Explicó que estos fraudes comienzan de menor grado y cada vez aumentan en su cuantía. Comentó que el que no lo hayan atrapado robando $20, le puede dar “energía” al que comete el fraude para robar $100.

“Son narcisistas. Cuando miramos estos eventos de fraude, por lo que se ha reseñado en la prensa, hemos visto cómo un alcalde tiene unos zapatos de $2,000. Eso fue reseñado hace un tiempo atrás. Es que esta gente es narcisista y se creen que no lo van a coger”, afirmó.

El problema al que González Green apuntó es que “un pequeño agujero puede hundir un barco”. O sea, puede llevar a una empresa a la quiebra. Dijo que ya ha ocurrido en tiempos recientes en empresas como Enron y WorldCom.

El contador comentó que investigó un caso en la Isla que el robo alcanzó $4.5 millones y que el propietario tuvo que sacar todos sus ahorros personales para evitar quebrar.

“Tambalea a la empresa y hay un costo bien grande que es la emoción”, sostuvo.

Para evitar estos fraudes, el experto recomendó tener un buen sistema de contabilidad e información, prácticas de controles internos, implementar técnicas de medición y establecer medidas para la detección de fraude.

La recuperación del dinero en estos fraudes es mínima. Recordó un caso en el que la persona fue sentenciada a devolver los $786,000 que se robó, con pagos a plazos de $300 mensuales. Dijo que para saldar la deuda la persona debía vivir unos 200 años.

¿Qué se debe hacer como país para que no ocurran estos fraudes?, se le cuestionó al experto.

“Un teléfono y un televisor no puede educar nuestros hijos. Tenemos que enseñarles valores…, el respeto a las otras personas, pues, quizás el ajoro de la vida, los padres entienden que darle el celular a su hijo para que se entretenga o ver televisión, ver un juego, pues eso es educación. Creo que tenemos que reforzar el asunto de los valores, reforzar la educación. Si reforzamos la educación, la gente tiene más oportunidad de trabajar correctamente y, posiblemente algo de esos valores, esos maestros, esos profesores, se lo inculquen en los estudiantes. Me parece que el sistema educativo debe variar. Me parece que la familia tiene el rol más importante de la educación y ese punto de valor es la moralidad que debemos tener en cada familia. Ese, quizás, sea el punto emocional y práctico que deberíamos invertir como sociedad”, concluyó González Green.