Hace más de 25 años reside allí. Todos los días son de supervivencia, pues a lo largo de todo este tiempo subsiste sin los servicios básicos de energía eléctrica y agua potable.

Blanca Figueroa González, así como su nuera Neyda Esteva Bermúdez y uno de sus hijos, José Ángel Santos Figueroa, habitan en una antigua escuela en el remoto barrio de Indiera Alta, en el sector 27 de Maricao desde el paso del huracán Georges en 1998, fenómeno responsable de destruir su hogar.

Y la señora Figueroa González no es la única. Al sol de hoy, entre los municipios de Maricao, Adjuntas, Lares, Yauco y Peñuelas viven, al menos, 46 personas en escuelas abandonadas luego de que fenómenos naturales destrozaron sus hogares, según contabilizó Primera Hora.

Este medio reportó sobre este tema en marzo del 2023. En aquel entonces, y luego de recorrer los municipios de Adjuntas, Lares, Yauco y Peñuelas, contó a 38 personas que compartían estas circunstancias de vida, pero constató que, ciertamente, había más, acorde al testimonio de vecinos.

Todos los residentes con los que conversó este diario en el 2023 y en el 2024 admitieron que no se ha hecho ningún esfuerzo de parte del gobierno para que tengan títulos de propiedad, que es lo que desearían.

“Aquí nadie ha venido a tramitar ese permiso”, afirmó el alcalde de Lares, Fabián Arroyo.

“Todavía sigue igual”, concordó su homólogo de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera.

“Nos metieron aquí”

Con algunas placas solares que ha conseguido y una pequeña planta eléctrica, Figueroa González tiene energía por algunas horas del día. La cisterna del municipio les da agua. Si acaso le sobró un poco de leche o salsa del día, se tiene que deshacer de ella, ya que no tiene nevera que pueda conservar alimentos.

“Hasta para buscar el agua tengo yo que pelear. Así estamos viviendo y no hay ayuda para mí”, lamentó Figueroa González mientras aprovechaba la suave brisa sentada a las afueras de la antigua escuela.

Empero, las dificultades cotidianas no se limitan a las amenidades que carece, haciendo que estas dos pasadas décadas fueran tan compungidas, sino también los servicios de emergencia.

En esa escuela murió su hijo Ramón, quien era esposo de Neyda. Y es que su ubicación es tan remota que la ambulancia que se supone lo socorriera se perdió en los empinados y curvilíneas carreteras de la montaña. En lo que finalmente los encontró, ya Ramón había dado sus últimos alientos.

“Bien triste. Me ha afectado”, confesó. “Pero, como yo siempre le digo a papá Dios, ‘por lo menos tú me suples la comida y por lo menos tengo techito para dormir y para yo hacer la comida’. Eso es lo que me consuela, porque como yo digo, hay otros que están peores”, expresó.

“Es una pena que esas personas vivan ahí sin energía eléctrica. Realmente, es penoso y yo diría que esas personas están hasta en depresión”, estimó, por su parte, el alcalde de Maricao, Wilfredo “Juny” Ruiz.

La odisea que vive diariamente Figueroa González con su familia se remonta a cuando cesaron los vientos del feroz huracán Georges, cuando el exalcalde maricaeño, Gilberto Pérez Valentín, buscó una solución rápida para personas que perdieron sus hogares. ¿El remedio? Alojarlos en escuelas y edificios abandonadas. Al sol de hoy, aún viven 12 personas en escuelas es desuso: tres en Indiera Alta, siete en Indiera Baja y dos en la Escuela Mariana Bracetti, en el casco urbano.

“Nosotros no invadimos. Nos metieron aquí”, aseveró Figueroa González.

“Honestamente, esa es una de las cosas que me han sorprendido cuando llegué al municipio. Dondequiera que había un edificio (abandonado), el alcalde, lamentablemente, (metía) a personas a que vivieran ahí”, recordó el alcalde popular.

¿Y la titularidad?

Acorde a los alcaldes que conversaron con Primera Hora (Arroyo, Ruiz y Soto Rivera), todos -presuntamente- han hecho lo posible para reubicar a estas personas en otras viviendas. Más aún, coincidieron en que los residentes prefieren quedarse en las escuelas y obtener títulos de propiedad para, así, tener conexión a los servicios básicos y hacer arreglos a las estructuras. Los residentes confirmaron esta premisa.

En el caso de Lares, 23 personas viven en la escuela Segunda Unidad Manuel Rojas, en el barrio Bartolo. Desde el paso del huracán María en el 2017, este edificio ha albergado a un sinnúmero de personas y, también, se comparte con la comunidad para proyectos locales. La cantidad de residentes continuamente fluctúa, ya que muchos se quedan temporeramente hasta conseguir un lugar fijo. Durante su estadía, aseguran continuamente sentirse seguros en este lugar.

Ruiz aseguró que a la familia de Figueroa González “se les buscó distintas ayudas y no quieren” dejar el lugar. Indicó que les conseguió un apartamento en Castañer. “Ellos quieren eso allí sí o sí”, sostuvo.

La señora Blanca no refutó esto. En cambio, señaló que el poco dinero que recibe de la Administración del Seguro Social no le da para costear alquiler ni pagos de un vehículo. Además, dijo temer mudarse a un residencial. Por ende, prefiere que se le conecten los servicios básicos a la escuela y se le otorgue el título de propiedad por cuanto allí están “tranquilos los tres, estamos en familia”.

“¿Qué voy a hacer? Me voy a ir de aquí con tanto (sacrificio) que tengo. Si yo tengo que tener carro y no tengo dinero para marbetes. Entonces, pago la casa y me quedo sin el marbete. Entonces, voy a gastar los chavitos del Seguro Social y entonces con eso no me da”, comentó al añadir que tiene su salud comprometida.

Lo mismo sucede en la abandonada escuela Aquilino Rivera Olán, en el barrio Portillo, en Adjuntas, donde viven cinco personas.

“Con que nos cedan esto aquí y podamos vivir tranquilos que no nos vengan y nos saquen”, manifestó Analiz Vélez, quien habita la estructura con su esposo, Juan Francisco Vargas, y su hijo José desde el paso del huracán María.

“(Nos preocupa) que nos vengan y nos echen fuera. Yo veo por ahí que (hay) escuelas perdidas haciéndole falta un hogar a alguien. (Las) dejan ahí, mejor perderse que dársela a alguien”, agregó al recordar que, aunque tiene un terreno, no puede sufragar la construcción de una casa.

El alcalde adjunteño dijo que con él “no hay problema” en ayudarles a tramitar algún título de propiedad bajo una condición: que no tengan terrenos previos o lugares donde puedan residir cómodamente. “Entonces no sería justo”, opinó.

En Peñuelas, el sentimiento lo comparte Roberto Cornier González, pues aseguró que ha luchado arduamente por la titularidad de la pequeña escuela del sector La Vega, en el barrio Macaná, que lleva varias décadas en desuso. Allí reside con sus hijas Kenaisha, de 26 años, y Gabriela, de 20 años, así como Raymond Rosado, compañero de Gabriela. Recientemente, Gabriela y Raymond agrandaron la familia, procreando un niñito.

“Yo tengo la fe de que algún senador o algún representante, algún día, busquen la manera de ayudarme, porque a la vez que yo tenga el título de propiedad, yo puedo arreglar la casa mejor”, comentó el mecánico, quien quedó incapacitado por su diagnóstico de neuropatía esquelética y por haber sufrido varios infartos.

En la Escuela Fernando Julia Calder, en el barrio Naranjo, en Yauco, Primera Hora pudo certificar que vive, al menos, una persona. Sin embargo, esta no respondió cuando se hizo el intento de que ofreciera declaraciones. El alcalde Ángel Luis Ortiz, al igual que su homólogo peñolano, Gregory Gonsález Souchet, tampoco accedieron a peticiones de entrevistas.

Entretanto, el secretario de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez, aseguró a este diario que su agencia ha llevado a cabo “visitas interagenciales a cada una de las escuelas” para ofrecerles a los habitantes alternativas como vivienda pública, Sección 8 y égidas, dependiendo de la necesidad de las familias.

“En cada uno de los casos, las familias -desde el punto de vista de Vivienda- declinaron la asistencia que se les brindó de parte del Departamento, porque quisieron permanecer en cada una de esas estructuras que están ocupando”, informó el titular de la agencia.

Rodríguez Rodríguez explicó, además, que su agencia tiene sus límites. No pueden obligar a las personas a aceptar su ayuda y tampoco pueden concederles los títulos de propiedad, pues no son dueños de esas estructuras.

“Vamos a continuar haciéndolo (ofrecerles opciones de vivienda). Vamos a hacer otra ronda de visitas con las distintas alternativas para que estén en un lugar seguro, tengan las características que un hogar debe tener”, adelantó.

Hasta el año pasado, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) era custodio de las escuelas en Lares, Adjuntas, Yauco y Peñuelas. Sin embargo, especificó que -acorde al a Ley 26 del 2017 que creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI)- no es el titular. Asimismo, era el Departamento de Educación, a través de la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas o de la Autoridad de Edificios Públicos, el responsable del mantenimiento.

De la titularidad de la escuela en Macaná y si el DTOP aún es custodio de las propiedades, Primera Hora aguarda respuesta.

“¿Quién tira una familia a la calle?”

Ciertamente, hay un impasse: los gobiernos municipales podrían ayudar, pero las agencias del gobierno estatal no ceden en otorgar los títulos de propiedad. Esto estanca el proceso para que las personas vivan una vida plena, sumándole a la crisis de vivienda existente en Puerto Rico

“Yo diría, (que) si un pueblo tiene un problema de vivienda es Maricao. Es sumamente difícil, porque todos sabemos que no solamente es en Maricao, en todo en Puerto Rico (está) la escasez de vivienda. Entonces, en Maricao, que es un pueblo pobre y los ingresos son cada vez más limitados, máxime con esto de los recortes del Fondo de Equiparación, nosotros dependemos de las asignaciones legislativas para ayudar a las viviendas que están en precarias condiciones”, resaltó Ruiz.

Aunque el representante José “Cheito” Rivera Madera convino que “el problema es un problema de vivienda”, entendió que se agrava aún más por “el metrocentrismo” y la burocracia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) que ha postergado la reconstrucción tras los azotes de los recientes huracanes y los seísmos del 2020.

“Si hubiese temblado en San Juan, si hubiese temblado en otro lugar, se hubiese resuelto el asunto lo antes posible, pero, estamos abandonados. Llega un momento en que, si no alzamos la voz nosotros, nadie lo hace”, mencionó el legislador del Distrito 23 (Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce).

“Me preocupa y yo exhorto al gobierno que debe estar de la mano con los alcaldes para conseguirles un lugar y construirles una vivienda, porque no podemos permitir que esto que ocurre en Maricao -que estoy seguro que ocurre en otros pueblos- (siga ocurriendo). La gente no tiene dónde vivir, invade esos lugares y, luego, los que llegamos nos encontramos con ese problema y ¿quién le va a decir a esas personas ‘no, te tienes que ir de aquí?’ ¿Quién tira una familia a la calle?”, cuestionó Ruiz.