El líder de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, denunció este domingo que el consorcio LUMA Energy, creado para administrar la transmisión y distribución de energía de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), contrario a lo que anunció, tiene previsto solicitar un aumento de tarifa en el servicio de energía antes que acabe el año.

Lo que se anunció del consorcio

En la presentación del acuerdo con LUMA, tanto la gobernadora, Wanda Vázquez, como otros jefes de agencia y los ejecutivos de LUMA, aseguraron que el consorcio no tendría nada que ver con la tarifa de la energía a los consumidores, que sería regulada por el Negociado de Energía.

Para entonces, no se había hecho público aún el voluminoso contrato de la AEE con el consorcio estadounidense-canadiense LUMA, que agrupa a las empresas ATCO, Quanta Services y IEM, bajo el concepto de Alianza Público Privada.

“Nosotros estamos haciendo público lo que dice el contrato”, afirmó Figueroa Jaramillo, asegurando que lo que está denunciando no es su opinión sobre el acuerdo sino lo que está escrito en el mismo.

“Ellos mintieron. Ellos ya tienen previsto una revisión de la tarifa”, denunció el líder sindical, citando un anejo del contrato.

“Van a tratar de decir otra cosa. Pero el contrato dice que se le delega a ellos, a LUMA, la facultad de pedir revisión tarifaria al Negociado (de Energía). Y te van a decir que esa facultad la tiene la Autoridad ahora, y es cierto. Pero lo que cambia aquí es el engaño al pueblo Es que ellos ya tienen previsto hacer esa revisión de tarifa”, insistió.

“Ya tienen previsto, en 186 días acudir ante el Negociado a pedir la revisión, y todavía ni siquiera se han sentado a dirigir. Ni siquiera está vigente el acuerdo y ya están pensando en modificar la tarifa, y no creo que sea para bajarla. Porque además, ¿si tienes una Autoridad en quiebra y le vas a añadir un gasto de sobre $100 millones para pagar a LUMA, de dónde lo vas a sacar?”, afirmó.

Figueroa Jaramillo agregó que para las próximas horas esperan hacer público un informe detallado que están haciendo sobre el contrato con la ayuda de expertos, para que el pueblo pueda informarse mejor sobre las implicaciones del mismo.

“Estaremos haciendo público un análisis legal completo del contrato, de lo que dice el contrato y las violaciones de ley que tiene. La única intención de ese contrato es acabar con las uniones y apoderar de los $18,000 millones (en fondos federales) que van a llegar”, afirmó el líder obrero.

“Por cierto, los anejos son las letras chiquitas del contrato. Ahí es donde está la trampa”, alertó.

Sostuvo que el acuerdo no tiene ningún riesgo para LUMA, y que el consorcio “no aporta ni un centavo de su bolsillo” para hacer mejoras capitales al sistema eléctrico.

“En cuestiones operacionales, la Autoridad va a cubrir todos los gastos operacionales de LUMA. Y cuando digo todo, es todo, demandas, multas, nómina, exceptuando a los 42 ejecutivos que traen y que van a cobrar de los $125 millones que le van a cobrar al gobierno. Se les va a rembolsar todos los gastos operacionales, multas, demandas, gastos legales, gastos de asesoramiento financiero, absolutamente todo, hasta los impuestos municipales. Eso está en uno de los anejos, donde define cuáles son los rembolsos y hay 22 ‘items’ que caen en rembolsos”, detalló.

Figueroa Jaramillo insistió en que el contrato “no es un negocio redondo, es un negocio universal”, donde Puerto Rico sale perjudicado. Agregó que, además del asunto de la tarifa y el rembolso de todos los gastos operacionales, el acuerdo también atenta contra las uniones y los derechos de los trabajadores.

“El entrampamiento está en que si dices que vas a garantizar los derechos (de los trabajadores) es respetando el convenio y respetando la unión”, afirmó Figueroa Jaramillo. “El contrato claramente no reconoce los convenios colectivos con las uniones. El contrato establece que asume y se responsabiliza de todo menos los convenios. Pretenden no reconocer las condiciones de empleo que hay ahora en el convenio”.

Figueroa Jaramillo aseguró que ya la matrícula de las uniones ha empezado a ver las explicaciones sobre el contrato y a discutir sobre el mismo y están “en rechazo total” al mismo.

Comentó además que, al momento, LUMA no ha hecho ningún tipo de acercamiento a la UTIER ni a la alianza que recoge a todas las uniones del sector energético.

“Informaron que van a entrevistar a los trabajadores para ver el rol que hacen, el funcionamiento y las estructuras internas operacionales. Y después ellos deciden si se contrata. O sea, en palabras puertorriqueñas, enséñame lo que haces, pa’ después botarte”, afirmó.

Figueroa Jaramillo llamó también a estar alertas y vigilar la legalidad de cualquier gestión que haga LUMA sobre la operación y funcionamiento de la AEE, toda vez que el polémico contrato no ha entrado legalmente en vigor.

“Hay un contrato para una transición, pero de ahí a decir que ya mandas, falta mucho. Ese contrato no entra en vigor hasta la jueza (Laura) Taylor Swain (nombrada para manejar la quiebra de Puerto Rico) apruebe el acuerdo de pago a los bonistas, y eso puede tardar hasta un año fácilmente o incluso más. Por eso el periodo de un año de transición que tiene, para dar tiempo a la jueza”, agregó Figueroa Jaramillo, destacando que el contrato “recoge que lo más que puede esperar son 30 meses o se cancela”.

“Lo único que ha entrado en vigor es que vas a estar en un proceso de transición, y se les va a pagar a ellos por aprender de nosotros. Cobrarán $60 millones por un año, más podrían facturar desde $325 por hora hasta $50 por hora, de acuerdo al puesto (de los empleados gerenciales que proponen traer)”, denunció Figueroa Jaramillo.

Por último, el líder de la UTIER desmintió enfáticamente rumores que andan circulando de que los trabajadores estarían tomando acciones de brazos caídos o que atentaran contra el sistema eléctrico para provocar apagones.

Rechaza los planteamientos

El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, Fermín Fontés, rechazó las declaraciones de la UTIER y dijo que “la premisa de que el contrato requiere un aumento de tarifa es falsa. Como hemos dicho anteriormente, el contrato no requiere un aumento de tarifa”. 

“Es importante enfatizar que LUMA tiene los mismos derechos y obligaciones que tiene la AEE ante el Negociado de Energía, quien es el ente regulador e independiente encargado de establecer la tarifa. La Ley 57-2014 dispone que periódicamente debe llevarse a cabo una revisión tarifaria que pudiese resultar en un aumento o en una baja a la tarifa”, recalcó en declaraciones escritas. 

Agregó que, “en el caso de revisiones tarifarias, el Negociado de Energía es responsable de llevar cabo un proceso administrativo minucioso que requiere participación ciudadana, para determinar bajar la tarifa, aumentarla o dejarla igual; siempre que la misma sea justa y razonable”.