Varias agencias gubernamentales reconocieron, y en su mayoría respaldaron, “el fin loable” del Proyecto del Senado 483, que persigue crear la “Ley para la Transformación de Bienes en Desuso en Vivienda Asequible”, pero al mismo tiempo dejaron saber que no existe un inventario certero de cuántas son las propiedades en manos del gobierno que podrían destinarse a atender el urgente tema de escasez de vivienda en la Isla.

Durante una vista pública de la Comisión de Vivienda y Bienestar Social que se celebró este martes, funcionarios del Departamento de la Vivienda, el Departamento de Educación (DE), la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se expresaron a favor del proyecto, si bien con algunas observaciones, recomendaciones y propuestas de enmiendas.

En todos los casos, a preguntas sobre el inventario de propiedades inmuebles, y cuáles podrían servir para el propósito de transformarlas en viviendas asequibles, las respuestas fueron diferentes, dando a entender que no existe un inventario único sobre la cantidad de propiedades disponibles, sino varios inventarios diferentes a través de las agencias, en algunos casos divididos por terrenos, estructuras y cuáles de esas estructuras están ocupadas y cuáles desocupadas.

La directora de asesoramiento legal de OGP, Suzette Suárez Pacheco, por ejemplo, indicó que, según el inventario oficial de la Junta Revisora de Propiedad Inmueble (JRPI), actualmente hay 931 propiedades registradas, que se identifican como 105 espacios de oficina, 27 almacenes, 579 terrenos, 26 espacios clasificados como “otros”, 181 edificios, 11 locales y 2 estacionamientos. Mientras, el listado del Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), entidad adscrita a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), refleja que hay 64 escuelas en desuso.

Mientras, Omar Figueroa Vázquez, del Departamento de la Vivienda, mencionó que, “de acuerdo con las últimas estadísticas del Censo, existen actualmente aproximadamente 309,000 viviendas desocupadas en Puerto Rico”, al tiempo que “un estudio reciente reveló que hay más de 27,000 familias en lista de espera para un apartamento de residencial público”, mientras que “el propio administrador de Vivienda Pública recientemente ha dicho que 34,000 familias esperan por un cupo de vivienda ya sea en un proyecto de un residencial público o mediante el programa de vales de Sección 8”.

El funcionario de Vivienda, agencia que bajo el proyecto tendría la encomienda de recibir las propiedades en desuso bajo titularidad de otras agencias y habilitar aquellas que sean posibles como vivienda asequible, recalcó que “el éxito de esta iniciativa legislativa dependerá en gran medida de la identificación de fuentes de financiamiento adecuadas” y acotó que, aunque se le ordena al Departamento identificar esos fondos, en realidad “correspondería a la Asamblea Legislativa asignar los presupuestos necesarios al Departamento para que pueda llevar a cabo las encomiendas ordenadas”.

Por otro lado, Vivienda recomendó una enmienda que “amplía el universo de potenciales beneficiarios de las viviendas transformadas”, más allá de personas que cualifican para proyectos de vivienda pública y Sección 8, para incluir a familias e individuos cuyos ingresos están apenas por encima del umbral de pobreza y también necesitan asistencia para asegurar vivienda asequible.

Por otro lado, el director de la oficina de servicios legales de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Gabriel Hernández, indicó que esa agencia no podía endosar el PS 483 porque la medida, “aunque bien intencionada”, podría chocar con la Ley 26 de 2017, o Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal, que “establece claramente la política pública y los mecanismos para disponer de propiedades en desuso del Gobierno” y también otorga al CEDBI “la autoridad y responsabilidad exclusiva para evaluar, administrar y disponer de los bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva”.

Sin embargo, a preguntas de la presidenta de la Comisión, la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, la senadora Ada Álvarez Conde y el senador Adrián González Costa, el director de la oficina de servicios legales de la AEP, Gabriel Hernández, sostuvo que, como exponía su ponencia, esa oficina daba deferencia y se allanaría a la opinión que exprese la AAFAF.

Culminada la vista, la senadora Barlucea Rodríguez, coautora del proyecto, indicó que “hemos recibido los memoriales explicativos, todos a favor de la medida, favoreciéndola, uno hace unas recomendaciones, que la vamos a considerar y las vamos a integrar”.

“En el caso de (la Autoridad de) Edificios Públicos, ellos no están totalmente en contra de la medida, pero sí indican que le dejan cierta deferencia a lo que es el comité CEDBI y a AAFAF. Así que nosotros, responsablemente, ya en el día de ayer (lunes) le enviamos una comunicación y una petición de memorial explicativo a CEDBI, y en el caso de AAFAF se le va a estar enviando en estos momentos”, agregó la presidenta de la Comisión.

Por su parte, la senadora Álvarez Conde, autora de la medida, cuestionó que, “en lo que estuve aquí (en la vista), yo calculé ocho inventarios” de propiedades diferentes y resaltó que ha visto como escuelas en desuso se han podido transformar en apartamentos, aprovechando además son estructuras “que ya tienen plomería, que ya tienen canchas, que tienen comedor”.

“El asunto es que hay unas propiedades, pero lamentablemente no hemos escuchado, y por eso esta medida, para qué se van a usar. Esta servidora hizo el 483 para que sea para vivienda, inspirada en las escuelas, pero en cualquier edificio. Aquí hay más de 1,000 propiedades y ocho inventarios. Ni sabemos el número exacto porque son diferentes. Y lo otro para lo que se pueda utilizar para que sea para el futuro de Puerto Rico. Yo he hecho dos que tienen que ver con edificios abandonados, vivienda o huertos, o cosas que tengan que ver con alimentos”, afirmó.

Barlucea Rodríguez sostuvo que acogerían la recomendación de los deponentes de “consolidar y hacer un solo inventario de vivienda en Puerto Rico”, pues habían identificado la cantidad de ocho inventarios, “pero nos indicaron que hay muchos más”.

Por su parte, el senador González Costa, cuestionó que “hubo una actitud general” de parte de los deponentes de “darle mucha deferencia al CEDBI”, y afirmó que “una medida como esta, que crea un inventario de inmuebles para que estén disponibles para vivienda asequible, no puede estar en manos de entidades que ya han demostrado que la vivienda asequible ni los intereses del país están en sus prioridades”.

“El CEDBI ha tenido en sus manos edificios importantes, sobre todo escuelas cerradas, que han dedicado a hotel, y que no se ha hecho el hotel, que fue el ejemplo que digo de la Martin Brumbaugh aquí al lado, pero el mismo que compró esa compró dos escuelas en Aguadilla y una en Aguada. La AFV cedió, vendió un edificio baratísimo, en Puerta de Tierra, que era dedicado a la vivienda, también para que se convierta en hotel”, indicó el senador.

Agregó que entiende que en la medida “se debe incluir un lenguaje específico, que si se crea este inventario para que haya vivienda disponible, asequible sobre todo, que eximan al Departamento de la Vivienda de tener que pasar por el criterio del CEDBI, y sea Vivienda quien decida el futuro de ese inventario de propiedades”.

“La única preocupación que tengo con esta medida es que siga en mano de esas tres personas (el comité CEDBI) el futuro de los inmuebles que deberían estar dedicados a vivienda, porque vivienda puede ser una casa asequible, pero también puede ser una suite de $1 millón, y como su reputación les precede, todas las iniciativas que ha tenido el gobierno en cuanto a vivienda o similar han sido enfocadas a inversionistas extranjeros o al turismo, pues no debemos dejar que un inventario como ese caiga en esas manos. Debe estar en manos del Departamento de la Vivienda, que su función, su ley habilitadora los creo para eso, para asegurar vivienda para los puertorriqueños”, insistió González Costa.

Respecto a esa polémica del CEBDI y sus decisiones de conceder propiedades públicas para usos no públicos, la presidenta de la Comisión, insistió en que “esta ley está dirigida para que lo que es edificios públicos del gobierno, sean para vivienda, para que se genere vivienda”.

Agregó que estarían mirando las recomendaciones, pero siempre asegurando que “el proyecto mantenga su esencia, que es de brindar ese acceso a la vivienda asequible y digna, y que no se convierta en un negocio privado”.