Una semana después del paso del huracán María, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) expresó su respaldo al reclamo hecho por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que Puerto Rico reciba ayuda inmediata para su recuperación.

“Estamos devastados por el impacto del huracán María”, dijo Carrión en declaraciones escritas.

La semana pasada, la JSF autorizó a Rosselló Nevares a redirigir unos $1,000 millones del presupuesto vigente a la respuesta a la emergencia y abrió la puerta para hacer ajustes adicionales en el presupuesto vigente.

Como resultado de la ley federal PROMESA, Puerto Rico responde a la JSF y está obligado a cumplir con un programa de balance fiscal que entre otras cosas, requería recortar el 30% del gasto público en un trienio.

Sin embargo, la autorización de la JSF para cambiar el presupuesto podría catalogarse como una gota en el mar ante la magnitud de los daños ocasionados por el huracán en todos los ámbitos: desde el colapso de las comunicaciones y la electricidad hasta la destrucción de miles de hogares, cosechas e instalaciones hoteleras, industriales y comerciales.

Esta semana, Rosselló Nevares reclamó que Puerto Rico sea incluido en el paquete de ayuda que se cree el Congreso estadounidense aprobaría para los desastres ocasionados por los huracanes Harvey, Irma, así como ciertos fuegos forestales a nivel continental.

Rosselló Nevares también pidió a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) que librara a Puerto Rico de aportar el 25% de los fondos que se necesitan para atender la emergencia, lo que fue concedido.

No obstante, ese relevo no es absoluto, explicó FEMA a GFR Media. Esto porque el relevo aplica solo a ciertos gastos y por un tiempo establecido.

En ese sentido, Puerto Rico no tiene dinero para viabilizar su recuperación, más allá del uso que ha autorizado la JSF. Partiendo de las cifras vertidas por Rosselló Nevares, los casi $2,000 millones en efectivo que hay en las arcas públicas son una especie de cojín creado por el gobierno y en parte, por exigencia de la JSF, para pagar las pensiones y la nómina pública a lo largo del año fiscal. Esto, ante la posibilidad de que el Departamento de Hacienda no recaude los impuestos que estimó en principio.

Ese escenario de ingresos por debajo de los estimados ya no es una hipótesis sino una realidad. Esto, porque ante el caos que dejó el huracán María, el gobierno ha eximido del pago del impuesto al consumo (IVU) a las comidas preparadas, ha prohibido la venta de bebidas alcohólicas y no será requisito renovar marbetes vencidos este mes. Mientras, los comercios no están operando a capacidad por falta de electricidad o de combustible para operar con generadores.

“Estamos preparados para hacer todo en nuestra facultad para dar respaldo a la reconstrucción de la isla”, dijo Carrión.