Una mujer llegó a un CESCO para corregir una situación de multas que aparecían en un vehículo que había sido traspasado, pero no pudo resolver nada, porque no podía comunicarse y el empleado, por temor al COVID-19, ni le permitía acercarse ni quería intercambiar mensajes o coger su teléfono para leer sus mensajes. La frustración ante la imposibilidad de comunicarse, al tiempo que le exigían pagar algo que no le correspondía, le causó tanta ansiedad que terminó recluida en un hospital siquiátrico.

Un hombre mayor llegó al hospital con problemas respiratorios y una prueba detectó que tenía COVID-19. Como era de esperarse, fue ingresado en aislamiento y por su lado apenas pasaban los médicos y enfermeras cubiertos por completo y enmascarados para protegerse, y él no podía saber qué ocurría, ni podía comunicarse con nadie. Tampoco le permitían usar un teléfono o una libreta para escribir por temor a contagio. Así pasó tres semanas, totalmente incomunicado durante todo ese tiempo.

Y otro hombre mayor terminó meses en una celda luego de una disputa vecinal, porque su perro hacía necesidades en un área verde común. La policía llegó al lugar y escuchó la versión de la querellante. Pero a él no lo escuchó porque no tenía cómo comunicarse. Se lo llevaron preso y estuvo encerrado e incomunicado dos meses hasta que lo llevaron al tribunal.

Son apenas tres casos con un elemento en común: personas sordas. Son también reflejo de lo que vive a diario la comunidad sorda y que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19, según explicó a Primera Hora a través de una intérprete de señas la joven sorda Aslín Díaz, presidenta de la organización Escucha Mis Manos, que apoya a la comunidad sorda.

Quizás más conocido, y más dramático, es el caso de la joven madre Janet Viera, quien luego de que le removieran sus hijos terminó quitándose la vida sin poder entender qué ocurría, ni tampoco poder explicarse porque no podía comunicarse.

Y según Díaz han ocurrido al menos otros tres intentos de suicidio recientes de personas sordas, “por toda la frustración que están viviendo”.

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Y es que, de acuerdo con Díaz, la comunidad sorda está olvidada y rezagada ante la falta protocolos y recursos para atenderlos, así como la falta de empatía por el temor al peligroso virus. El impacto va desde las cosas más sencillas y cotidianas como pedir comida en un restaurante, algo que un sordo no puede hacer por la ventanilla de un servicarro y que en muchos lugares se les niega hacer de manera presencial.

“La situación que el COVID ha enfrentado de manera dramática a la comunidad sorda. Por ejemplo, la mascarilla. Hay muchas personas que son oyentes y rehúsan quitarse la mascarilla o bajarla un poquito, y las personas que leen los labios no pueden hacerlo”, comentó Díaz.

De entrada, explicó Díaz, hay un desconocimiento general sobre los sordos y cómo se comunican. Algunos, llamados “oralistas”, son sordos que se crían entre oyentes, sin acceso a aprender lenguaje de señas, que dependen mayormente de lectura labial. Están los “manualistas”, que nacen sordos, pero se crían con acceso a la comunidad sorda y aprenden a comunicarse con señas, aunque no necesariamente lean labios, y también pueden cambiar mensajes escritos (aunque para una comunicación efectiva necesitaría un intérprete). Un tercer grupo son aquellos que pueden leer labios y también usan señas a la misma vez.

“Muchas personas oyentes ni tienen conocimiento de cómo los sordos pueden lograr comunicarse. Y es una frustración para nosotros. No quieren bajarse la mascarilla para comunicarse. Aparte de eso tienen ‘face shields’ (protector facial) o acrílicos en lugares donde se da servicio, y eso los puede proteger, pero rehúsan quitarse la mascarilla. Nos enfrentamos a ese problema”, comentó.

Díaz sostuvo que con toda la situación del COVID-19, “no hay un protocolo para manejar a las personas sordas”. Así las cosas, para una cita médica hay que llamar por teléfono y aunque existe un servicio gratuito conocido como videorelevo, que les comunica con un intérprete, eso necesita un internet de alta velocidad que muchos no tienen o no pueden pagar.

En áreas como Orocovis, donde hay una población notable de sordos y un servicio de internet bastante pobre, esas personas solo se enteran de muchas cosas cuando otra persona, como hace la propia Díaz, va allí y se comunica con ellos directamente.

Pero todavía más, muchas agencias no tienen un servicio de videoteléfono, de manera que se hace imposible comunicarse con los sordos, “así que imagínese si hay una emergencia”.

“Hay dinero para otras cosas. Pero no hay fondos destinados para la comunidad sorda. No hay protocolos para la comunidad sorda. No tienen videoteléfonos en las agencias públicas, y los podrían tener. Nunca han pensado en cómo hacer citas cuando se trata de personas sordas. Eso es un problema. Los sordos van a una oficina y no los quieren atender, porque no tienen intérpretes”, agregó Díaz, recordando que, según varias leyes estatales y federales, las agencias vienen obligadas a proveer un servicio de intérprete para las personas sordas, “que permita una comunicación efectiva”.

Pero ahí no acaban las penurias. Según Díaz, la mayoría de los hospitales no tienen conocimiento de las señas, ni un protocolo para abordar a personas sordas en una emergencia.

“En ese caso que le conté, la persona estuvo tres semanas sin poder comunicarse. ¿Imagínese si era alérgico a algo? Lo hubieran matado. ¿Cómo se podía comunicar? No le trajeron intérprete durante esas tres semanas”, indicó la joven.

También ocurre que “hay muchas oficinas que envían emails o correspondencia que tienen mucha información, muchas páginas, y ¿qué hace el sordo? No está entendiendo nada de lo que dicen. Así que tienen que buscar a alguien que lea y le explique. Pero lo que le dicen es algo bien superficial, no tienen capacidad para explicar más. Lo que le dice es mira aquí dice que tienes que ir el lunes allí. Pero no le dicen más nada”.

“El gobernador quiere abrir las escuelas. Entonces, ¿qué sabe el sordo de esa situación? ¿Cómo se va a proteger el sordo de esa situación? ¿Qué protocolo se ha establecido para las personas sordas para enfrentar esa situación? No hay. ¿Por qué? Porque necesitan un intérprete, y no le dan la oportunidad de tener un intérprete”, sostuvo Díaz.

Cuando se trata de interacciones con autoridades, a menudo el sordo termina sin poder siquiera expresarse. “Cuando el policía llega lo ve haciendo señas, piensa que está loco y trata de inmovilizarlo, le pone inmediatamente las esposas, lo llevan a la cárcel. No le dan oportunidad de comunicarse porque está atado, ¡porque está atado!. No le dan la oportunidad de esperar que llegue un intérprete antes de llevarlo a la cárcel. Y ha pasado que estan un mes, dos meses, tres meses sin que llegue un intérprete para que se comunique. Se supone que el policía tenga un conocimiento de cómo lidiar con las personas sordas, pero no lo tiene. En la academia no hay un protocolo donde se incluya en ese currículo la comunidad sorda, el lenguaje de señas, eso no existe”.

Y así pasa con muchas otras cosas, “si se va la luz o el agua, la comunidad sorda no tiene ningún conocimiento. Anuncian que va a pasar esto, tal cosa en tal departamento, de Familia por ejemplo, el gobernador asigna fondos para diferentes asuntos, provee alimentos y agua para las emergencias, y los oyentes saben todo eso, a dónde acudir para recibir esos servicios en caso de emergencia. Y la comunidad sorda rezagada, no recibe ni el agua, ni la comida, no van a los lugares. Porque no van a ir a la casa de los sordos. Imagínese ahora que están distribuyendo turnos de vacunación para los mayores de 65 años, ¿cómo un sordo sabe cómo va a llegar su turno, cuál es el proceso? Ellos no entienden qué es eso de la vacuna, cuál es el problema. No hay información dirigida a los sordos”.

De hecho, ni siquiera existe un censo preciso de cuántas personas sordas hay en Puerto Rico, aunque Díaz afirma que, según los cálculos de su organización, serían unas 280,000 personas.

“Los fondos no son asignados para atender las necesidades de los sordos. Son asignados para las escuelas, las situaciones de estado de emergencia, pero realmente la comunidad sorda está en un estado de emergencia hace rato y no lo declaran”, condenó.

“Estamos exigiendo que se nos preste atención, que entiendan el uso del VRS (videorrelevo), que entiendan la importancia de los intérpretes”, reclamó.

“No hay orientación, no se sabe, hay desconocimiento total. En la mayoría de los lugares no hay empleados que sepan conocimiento básico de lenguaje de señas, que podría ser una solución parcial”, condenó. “Y el COVID ha empeorado la situación para nosotros, porque antes nos podíamos acercar, podíamos tratar. Pero ahora no, es mucho peor. Ellos quieren estar a distancia, no aceptan, ‘mira tenga este papel donde escribí’. No lo quieren ver, porque se pueden contagiar. ‘Por favor, bájese la mascarilla’. ‘No, no, ¿para qué? Y eso lo enfrentamos nosotros todos los días”.

Otras personas que trabajan a diario con la comunidad sorda también dieron fe de las vicisitudes que atraviesan a diario.

“Nos hemos enfocado en la pandemia, pero nos hemos olvidado de los otros servicios y acomodos razonables que necesitan los sordos. Y no es solo que no se busca una solución, es que ni siquiera se habla”, lamentó Marina Martínez Cora, quien es parte de la junta del Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, tiene más de 15 años como intérprete y es hija de padre y madre sordos. “El sordo necesita el intérprete de lenguaje de señas para todo. Es como la rampa para la persona en sillas de ruedas, o el lector para la persona ciega”.

Y aunque existe la opción de interpretación remota por vídeo, es algo que requiere “una oficina para ofrecer eso, el equipo, internet de alta velocidad, y es algo que muchos no tienen”.

“En los hospitales, por ejemplo, hay problemas con los ‘firewalls’. Si la imagen se ‘friza’ no funciona, o si la persona no ve bien. Tengo sordos que también son ciegos o con problemas visuales, no pueden ver una pantallita en un celular”, comentó, acotando que el intérprete es tan importante en estos procesos “que se convierte en parte del equipo médico, con todos los cánones de respeto a la privacidad”.

“Y de las escuelas ni hablemos. Con la pandemia no incluyeron a los intérpretes en los procesos de acomodo razonable para los estudiantes sordos. Les están proveyendo clases sin intérprete. La plataforma que usen le tiene que dar acceso al intérprete. Los estudiantes no están recibiendo la clase como se debe, a menos que haya una gestión particular del maestro, que hace un esfuerzo más allá y usa sus propios recursos y va a casa del estudiante. Pero el Departamento (de Educación) ha fallado”, afirmó. “Y en las universidades ha pasado lo mismo, al punto que muchos estudiantes se han tenido que dar de baja de la universidad. Tengo contacto con dos estudiantes de la UPR (Universidad de Puerto Rico) de Río Piedras que se dieron de baja, y sé que hay más”.

Experiencias similares se viven en los tribunales, según explicó el abogado Juan J. Troche Villeneuve, quien labora con la comunidad de sordos a través de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL) y su proyecto SAL por los SORDOS (Servicios Orientados a la Representación y Defensa del Sordo).

“En el tribunal represento a sordos y aunque hay una decisión del Tribunal Supremo que autorizó las vistas preliminares por videoconferencia, eso no puede ser aplicado a sordos. Tengo casos en Fajardo y en Mayagüez que se tuvo que llevar de manera presencial a la persona”, comentó.

“Hay un problema con la pandemia de cómo saber integrarlos. Su lenguaje es gesto visual. Y para los sordos que leen labios, la labiolectura no puede darse. Tienes que pensar en medidas, quizás, remover la máscara con una distancia apropiada, y así puede ver mis gestos y mi articulación labial”, comentó el abogado, aclarando que no proveer un intérprete de señas viola derechos y leyes, como la ley federal ADA.

Aunque reconoció que se han dado pasos para integrar a la comunidad sorda a nivel del gobierno, aclaró que “no basta con solo poner un intérprete en la conferencia de prensa. Eso está muy bien. Pero eso debe venir acompañado de una campaña audiovisual. No hay campañas específicas para los sordos. La comunidad sorda sigue siendo marginada. Necesita unos servicios más integrados y continuos”.

“Las agencias no cumplen con las leyes. Debe haber comunicación efectiva a través de un intérprete. No es lo mismo capacitar un empleado que proveer un intérprete. Y la comunidad sorda vuelve a quedar rezagada en todos estos procesos”, afirmó Troche. “Y eso se da en todas partes. Y el sordo, como esto no está en lenguaje de señas, muchas veces no se entera de los derechos que tiene para hacer querellas”, agregó. “La ley no está en lenguaje de señas. Es algo bien grave”.

Primera Hora intentó comunicarse con el Departamento de la Familia para obtener información sobre las gestiones que realizan para atender a la comunidad sorda, pero respondieron que atenderían el pedido más adelante.