La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico confirmó este miércoles que Aracelys Terrero, inmigrante dominicana que fue detenida ilegalmente en Cabo Rojo, fue liberada bajo fianza.

“La detención de Aracelys nunca debió haber ocurrido y tanto las autoridades municipales, como estatales y federales, deben rendir cuentas al respecto. Desde la ACLU de Puerto Rico celebramos este paso que le permite a Aracelys reunirse con su familia y vecinos en Puerto Rico, pero alertamos que, como este, existen diversos casos de detención ilegal y arbitraria y exigiremos respuestas”, subrayó Annette Martínez Orabona, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico en declaraciones escritas.

La abogada también alertó que la libertad bajo fianza no pone fin al proceso administrativo que enfrenta la mujer, por una detención ilegal en su génesis. Este proceso, además, impone sobre Aracelys una carga emocional, física y económica, atada a una detención arbitraria. La vista de fianza ocurrió el martes.

Aracelys, una ciudadana dominicana que reside en Puerto Rico con permiso de trabajo aprobado y cobijada como sobreviviente de violencia de género por la ley VAWA (ley federal de Violencia contra la Mujer), fue intervenida por un agente municipal y detenida por agentes federales de Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) en Cabo Rojo, a pesar de presentar una visa y permisos migratorios al día.

El integrante de la Policía Municipal que hizo la denuncia no tenía orden judicial ni autoridad legal para referirla a los agentes migratorios. Además de los elementos mencionados, la detención violentó “los principios más elementales de humanidad”, anotó Martínez Orabona.

Luego de ser detenida, Aracelys desapareció del sistema electrónico, fue trasladada ilegalmente a Estados Unidos sin respetar el debido proceso de ley y estuvo en centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México.

“El Gobierno de Puerto Rico y las agencias del orden público no pueden convertirse en partícipes de la barbarie. Todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y Puerto Rico, aparte de políticas extremistas y de exclusión, no pueden ser adoptadas por un Pueblo como nosotros, lleno de personas que solamente tienen como norte el amor, la comprensión y el respeto por nuestros hermanos extranjeros”, sostuvo Ángel Robles, abogado de inmigración de Aracelys y con quien la ACLU de Puerto Rico ha colaborado en el proceso.

La ACLU envío el lunes, 9 de junio, una carta a la gobernadora Jenniffer González Colón exigiendo que se detalle, de forma transparente, la información que el gobierno estatal compartió con autoridades federales sobre inmigrantes. Asimismo, solicitó la publicación de protocolos que garanticen el debido proceso y la protección especial de víctimas de violencia de género y la suspensión de políticas y órdenes administrativas que permitan detenciones migratorias sin orden judicial, entre otros asuntos. La Policía Municipal carece de autoridad para ejecutar leyes migratorias sin un acuerdo 287(g) ni orden judicial.