Residentes de la comunidad Ranchos Guayama, en Salinas, se darán cita mañana frente al Tribunal de Guayama, para protestar la construcción de un polígono aledaño a sus casas, así como la demanda contra el líder comunitario Juan José Cora y la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA).

Cora ha levantado bandera continuamente contra la construcción del campo de tiro por considerarlo como una amenaza al acuífero del área, el bienestar a la comunidad y ser una posible violación de la Ley de Reservas Agrícolas en el Corredor Agrícola de la Costa Sur de Puerto Rico.

Es por esto que la Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico, Inc. (CODEPOLA), presidida por Ariel Torres Meléndez, demandó a Cora, al igual que a Rafael Díaz Casiano -quien Cora identificó como el agente que intervino con CODEPOLA cuando se pretendía depositar neumáticos en el área-, para que cese y desista de protestar y por difamación.

“Ya nosotros fuimos citados para la demanda del cese y desista en contra de nosotros por parte de CODEPOLA y otra demanda por difamación en contra de nosotros por parte de CODEPOLA también. Están buscando callarnos, amedrentar, meternos miedo”, aseguró el líder comunitario.

Desde que la organización y la comunidad advino de los comienzos de la construcción del polígono en el 2021, la ha rechazado vehementemente, sobre todo, porque aseguran que no cuenta con los permisos necesarios para llevarse a cabo.

“(Torres Meléndez) anunció (que nos demandaría) desde diciembre, que nos mandó (una) carta y, en realidad, es que él no tiene permisos para hacer eso ahí y como quiera en la escritura, en las páginas 3 y 4, dice que es ilegal cualquier construcción comercial en la comunidad que nosotros vivimos. Entonces, está tratando de asustarnos con una demanda. Nosotros seguimos haciendo nuestras protestas, pero ya nos toca. Nos hizo un gasto que no teníamos que entrar, tuvimos que contratar abogados y utilizar ese dinero para defendernos”, señaló.

La Oficina Regional de Permisos Cayey-Coamo-Villalba-Salinas informó el 10 de septiembre de 2021 que se encontró que en el lugar se construía el campo de tiro sin los debidos permisos requeridos, por lo que la misma fue detenida.

Según el Secretario de Asuntos Ambientales del PIP, Víctor Alvarado Guzmán, CODEPOLA violó el único permiso que tuvo el año pasado, que era un Permiso Simple para Extracción de Materiales de la Corteza Terrestre otorgado por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

“Se estableció que la profundidad máxima que podía ser alcanzada en el área de extracción era igual a 0.10 metros equivalente a 4 pulgadas de profundidad para la limpieza de capa vegetal. Sin embargo, la remoción y extracción de terrenos que hizo CODEPOLA fue mucho mayor a lo permitido y cambió completamente la topografía del lugar con excavaciones de más de 10 pies. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) recibió una querella de la comunidad al respecto, pero al día la agencia no ha sometido un informe final sobre esta posible violación del permiso”, explicó.

Uniéndose a la oposición, los portavoces del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y la Cámara de Representantes, María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, respectivamente, sometieron una resolución para investigar el polémico campo de tiro.

Según establecen ambas resoluciones del Senado (R. del. S.) 485 y la de la Cámara (R. de la C.) 702, los vecinos “han manifestado su oposición a la construcción del campo de tiro propuesto, asegurando que no fueron notificados sobre la intención de construir dicho proyecto, y que se enteraron cuando se comenzó a excavar en el área y remover grandes cantidades de terrenos”.

Para Cora, la demanda no es la única táctica en contra de él que se ha utilizado para intentar frenar su lucha. Dijo que personal del Departamento de Recursos Náurales y Ambientales (DRNA) en Salinas intentaron emitirle una querella por un supuesto pozo en su casa y que cuando intentó someter sus propias querellas vía teléfono para denunciar los posibles crímenes ambientales de la construcción, el tenitente del DRNA, Roberto Padilla, presuntamente lo acusó de ser antiético por intentar radicar querellas por teléfono, pues el proceso tenía que ser presencial.

“El pozo nunca lo encontraron, yo no tengo pozo. Le pedí copia de la querella (y) al día de hoy no tengo copia de la querella. Todo esto pasa después que denunciamos el campo de tiro”, comentó.

“Hemos agotado todos los recursos en las agencias (por eso vamos a) contrademandar”, adelantó.