Portavoces de la empresa Energy Answers defendieron hoy, jueves, la legitimidad del nuevo contrato firmado por esa compañía y la Administración de Desperdicios Sólidos (ADS), luego que el Tribunal de Primera Instancia validó la firma de un contrato previo que fue acordado durante la pasada administración gubernamental e impugnado judicialmente.

La reacción de la empresa fue en respuesta a una protesta que realizaron esta mañana frente a La Fortaleza miembros de una organización denominada Coalición de Organizaciones Anti-Incineración. 

El asesor ambiental de la empresa, Alexis Molinares, indicó a este medio que el tribunal ya emitió una determinación que validó el acuerdo, ante las dudas que levantaron los opositores.

“El tribunal determinó que el contrato era válido en toda su extensión. Ahora iniciaremos negociaciones con todos los municipios. Entraremos en una negociación individualmente con los municipios”, señaló refiriéndose a los contratos para disponer de la basura en esta nueva planta, cuando se complete su construcción. 

“Estamos haciendo todos los arreglos necesario atender de la mejor manera posible la situación fiscal que sabemos tienen los municipios. Será una instalación que garantice todas las leyes ambientales, que no se compara con las facilidades que no están en cumplimiento ambiental”, aseguró. 

Expresó que al presente operan en la Isla numerosos vertederos o basureros ilegales “afectando a la salud de la gente y contaminado con depósitos ilegales de basura”.

“Vamos a movernos a una era diferente. Vamos trabajar con los municipios en el manejo de desperdicios. Empezaremos a conversar con los municipios y vamos a llegar a los acuerdos que sean viables para ellos para manejar sus desperdicios”, recalcó.

En expresiones que hizo la empresa luego de la determinación judicial en mayo pasado se destacó que “según la Junta de Calidad Ambiental, 20 de los 27  vertederos activos en la Isla no cumplen con las leyes y reglamentos locales y federales promulgadas para proteger la salud humana y el medio ambiente. Estos vertederos han estado en incumplimiento durante sobre 20 años y están programados para ser eliminados por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) y la JCA, gradualmente, durante los próximos años”.

Entonces, se defendió el proyecto afirmando que el mismo “cumplirá a cabalidad con todas las reglamentaciones aplicables, recuperará material reciclable y producirá energía renovable alterna por los próximos 30 años”.

Los opositores a la construcción de esta planta basan su rechazo en el reclamo de que esta operación provocará contaminación ambiental en el área de Arecibo y pueblos limítrofes.