La exgobernadora Wanda Vázquez Garced fue suspendida de manera “inmediata e indefinida” de poder ejercer la abogacía y la notaría, según la determinación que tomó el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Vázquez Garced se declaró culpable de un delito menos grave como parte de un acuerdo en un caso de corrupción a nivel federal, aunque luego fue indultada por el presidente Donald Trump, que también extendió ese indulto a los coacusados del esquema.

La exmandataria le había pedido al Tribunal Supremo que no la disciplinara como abogada, pues, según habían expresado sus abogados, José Andréu Fuentes y Edgardo Rivera García, en su caso había “ausencia absoluta de fraude, corrupción, depravación moral, como tampoco deshonestidad en el ámbito profesional ni personal”.

No obstante, el Supremo consideró que sí procedía una sanción disciplinaria contra Vázquez Garced.

En la opinión del Supremo, emitida por el juez asociado Roberto Feliberti Cintrón, se destaca que la exgobernadora fue arrestada tras ser acusada por un gran jurado federal por los delitos de conspiración, soborno asociado con programas federales y fraude electrónico de servicios honestos, y que se alcanzó un acuerdo con la fiscalía para declarase culpable de un delito menos grave de aceptar una promesa aportación política de una persona de nacionalidad extranjera en conexión con su candidatura primarista a la gobernación, con lo cual “admite que es culpable de lo que se le imputa”, y además que lo hizo “a sabiendas y con intención”. .

Resalta además que, como parte de ese acuerdo “la acusada (Vázquez Garced) acuerda y acepta que, de haberse dilucidado el asunto en juicio, los Estados Unidos hubieran probado esos hechos más allá de toda duda razonable”.

Con respecto al indulto presidencial, subraya la decisión que, aunque “borra la convicción del acusado, la concesión de éste no tiene la facultad de borrar los actos cometidos, a los fines de determinar la suspensión o desaforo”, cuando se trata de un abogado.

“Al actuar de esta manera, (Vázquez Garced) se apartó del deber ético de exaltar el honor y la dignidad de la profesión legal. De igual forma, el delito de financiamiento de campañas políticas por el cual se declaró culpable mientras ejercía sus funciones de gobernadora, menoscaba gravemente la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales, así como la integridad y credibilidad que deben caracterizar a la profesión legal”, expresa la decisión.

“Nos encontramos ante un caso en el que la conducta deshonrosa de la abogada, ocurrida mientras se encontraba en funciones como gobernadora, vulnera las normas de conducta profesional que deben observar celosamente todos los abogados lacerando, además, la confianza del Pueblo en los funcionarios públicos y en los procesos electorales democráticos”, agrega.

Aclara que, aunque tomaron en consideración la trayectoria profesional de Vázquez Garced como servidora pública por casi 39 años, el hecho de que nunca había sido disciplinada por el Tribunal Supremo, que esta es su primera falta y que se trata de un hecho aislado no relacionado a la práctica de la profesión legal, así como el hecho que aceptó su culpa y recibió un perdón presidencial total e incondicional, comoquiera “no podemos ignorar el hecho de que, dado a su amplia experiencia como abogada, fiscal, Secretaria de Justicia y funcionaria pública, la licenciada Vázquez Garced debía tener plena conciencia de las consecuencias de sus actos al haber cometido un delito como el aquí envuelto (cuya comisión admitió), en violación a la ley. Aún más, al momento de los hechos, en cuestión, la licenciada Vázquez Garced ostentaba el máximo cargo en el Gobierno de Puerto Rico al desempeñarse como gobernadora”.

“Como mencionamos anteriormente, su conducta menoscabó gravemente la confianza de la ciudadanía en los procesos electorales atentando contra la integridad misma del sistema electoral, mancillando igualmente la toga y deshonrando el buen nombre de la profesión legal”, agrega.

“Por los fundamentos antes expuestos, se suspende inmediata e indefinidamente a la licenciada Vázquez Garced del ejercicio de la abogacía y la notaría”, lee la sentencia.

Los jueces asociados Erick Kolthoff Caraballo y Ángel Colón Pérez emitieron opiniones de conformidad, expresándose en términos similarmente severos contra la exgobernadora por la conducta que exhibió.

La exgobernadora fue acusada en el foro federal de participar de un esquema en el que el banquero Julio Herrera Velutini le prometió apoyo financiero para su fallida campaña a la gobernación del 2020, a cambio de que utilizara su influencia política para destituir y remplazar al entonces comisionado de la Oficina de Instituciones Financieras (OCIF), Joyner Kelly, pues ese organismo regulador estaba investigando a Bancrédito, el banco de Herrera Velutini.

Kelly presentó su renuncia, presuntamente bajo presiones, en febrero de 2020. Vázquez Garced nombró como su remplazo a Víctor Rodríguez Bonilla, quien se alega fue recomendado por Herrera Velutini.

Según se alegó en la acusación federal, la exgobernadora recibió un soborno de $300,000 por su gestión para facilitar ese cambio de mando en OCIF.

En el acuerdo de culpabilidad que alcanzaron Vázquez Garced, Herrera Velutini y el exagente federal Mark Rossini que sirvió de contacto entre ambos, se eliminaron los cargos de corrupción pública. El trío aceptó declararse culpables por un cargo menos grave de violación a la Ley de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés), específicamente la disposición que prohíbe que corporaciones y sindicatos hagan contribuciones o gastos en efectivo, bienes o servicios a campañas federales o a partidos políticos para propósitos de una elección.

Al recibir un perdón presidencial “completo e incondicional”, los imputados no pueden ser considerados como convictos.

Como parte del caso también fueron acusados Frances Díaz, presidenta de Bancrédito, y John Blakeman, exasesor político de Vázquez Garced, cuyos procesos eventualmente fueron desestimados por petición de la fiscalía federal.