Por Athelyn Jiménez / abogada

Nuevamente nos encontramos bajo el ataque al sistema de justicia juvenil. Esta vez, con la trillada excusa de la necesidad de crear ahorros, y luego de desmantelar por Orden Ejecutiva las procuradurías de menores, pretenden desde Fortaleza y de un plumazo desaparecer la figura del Procurador de Menores. En todos los sistemas de justicia juvenil del mundo donde se respetan y protegen los derechos humanos de la niñez y adolescencia existe una figura particular encargada por parte del Estado de manejar este tipo de asuntos. Ni siquiera en Estado Unidos un fiscal regular va a una sala del Tribunal de Menores a litigar un caso en contra (o en el interés como es el caso de Puerto Rico) de una persona menor de edad.

Aprobar cualquier legislación que desaparezca al Procurador de Menores para ponerlos en manos de fiscales es faltarle el respeto a nuestra niñez y adolescencia, y demostrar que realmente como país no nos interesa su pleno desarrollo ni sus derechos como seres humanos”

-Athelyn Jiménez / abogada

La figura del Fiscal tiene la función de llevar un caso en contra de una persona que infringe la ley. Los vemos todos los días como acusan, piden aumentos de fianzas, buscan penas altísimas de cárcel para los individuos, entre otras. El Procurador de Menores, si bien representa al Estado en procesos en el interés del menor que se alega infringió una ley, tiene funciones diferentes según la Ley 88. Un Procurador puede solicitar archivos de querellas y referir a menores de edad y sus familiares a orientación y servicios fuera del tribunal sin iniciar un proceso. También puede gestionar la excarcelación de estos jóvenes en cárceles de adultos y continuar los procesos en interés de estos, o hacer los “arreglos necesarios para que el Juez nombre un tutor o custodio del menor” cuando entienda que no hay personas responsables para asumir la custodia legal, entre otras facultades que le otorga la ley. La mentalidad incorrecta la tiene aquel que cree que el trabajo del procurador es el de acusar, buscar renuncias de jurisdicción, poner la mayor cantidad de jóvenes en una institución juvenil por la mayor cantidad de tiempo posible. Eso es lo que debe cambiar, en lugar de exponer a nuestra niñez y adolescencia a un fiscal acusador.

A la niñez y adolescencia en conflicto con la ley no le cobijan todas las garantías constitucionales como el derecho a fianza, a juicio público o juicio por jurado. De ahí que quien representa al Estado en interés de ese menor tenga que tener una mentalidad tendente a la habilitación y rehabilitación de esos niños y jóvenes. Aprobar cualquier legislación que desaparezca al Procurador de Menores para ponerlos en manos de fiscales es faltarle el respeto a nuestra niñez y adolescencia, y demostrar que realmente como país no nos interesa su pleno desarrollo ni sus derechos como seres humanos. Que les estamos descartando en una etapa neurálgica. Invitamos a la legislatura a no considerar ningún proyecto, sea de Cámara o Senado, que así lo pretenda hacer. Mucho menos sin vistas públicas. Si queremos enmendar el sistema juvenil que sea para mejorarlo en beneficio de una población tan vulnerable en lugar de herirlo de muerte.