Perfecto. ¿Alguien me puede explicar -como si tuviera ocho años- la situación de los comedores escolares? Por más vueltas que le doy en mi cabeza, no acabo de entender. ¿Qué le cuesta a la Fortaleza coordinar con los alcaldes de Puerto Rico la distribución de alimentos a través de los comedores escolares?

Nada. Ellos mejor que nadie pueden identificar personas necesitadas. Ellos mejor que nadie pueden asignar personas para las entregas a los adultos mayores con problemas de movilidad o familias con niños que tengan esa necesidad.

Si el problema fuera encontrar personas dispuestas a preparar los alimentos, no dudo que los alcaldes puedan conseguirlas también. No estamos diciendo que se abra el salón comedor. Estamos hablando de la cocina y el almacén donde se guardan los alimentos. La distribución se puede hacer en un servicarro frente a las escuelas o, como mencioné, a través de un servicio de entregas. De verdad que no entiendo.

Esta cool usar grupos de la sociedad civil, pero no necesariamente para llevar la voz campante, pues no todos tienen presencia en los 78 pueblos de la isla. Es una gran responsabilidad sobre sus hombros. Ellos pueden ser grupos de apoyo de la iniciativa y ampliar las zonas a ser impactadas.

En esta coyuntura es mejor sumar que dividir. Por eso, no hace sentido. Suena y se ve como politiquería. La idea de involucrar directamente a los alcaldes, además de lógica, puede servir hasta para fiscalizar, pues en caso de problemas, se pueden fijar más fácil las responsabilidades.

No se trata de que estemos en una hambruna, aunque pueda sonar exagerado. Sin embargo, estamos ante un déficit alimentario, pues la clase media trabajadora no está generando los ingresos previos al cierre por la pandemia. Lo que, sin duda, agrava el panorama de pobreza de nuestra isla, que ya arroja datos alarmantes al indicar que 340 mil menores están registrados en el programa de beneficiarios del PAN. Ello supone que siete de cada diez niños viven bajo el nivel de pobreza.

Otro agravante para ese sector infantil es que mientras se vive una emergencia, la violencia explota. Estar juntos por mucho tiempo parece que no es buena fórmula para todos. Después de la crisis de María, el departamento de la Familia recibió unos 16,000 referidos de niños con algún maltrato. Ahora no debe ser distinto, con el agravante de que los adultos incurren en violencia de género delante de los menores.

El estado tiene una responsabilidad vicaria con ellos. Responsabilidad de seguridad y alimentaria. También con nuestros viejitos, que después que el padre tiempo les ha sacado el jugo, están como bagazo en alguna esquina. No lo pueden dejar todo en manos del sector cívico-privado y lavarse las manos. Aunque quieran y por más buena intención, no dan abasto. El propio Banco de Alimentos admitió que en un momento dado su cuadro telefónico colapsó por la cantidad de llamadas, auscultando sobre los alimentos.

Aquí tenemos un programa federal que envía esos alimentos a los comedores y que, hasta en verano, se brinda el servicio. Esto, pese a que la escuela no esté en operaciones educativas, sí lo está para el renglón de comidas. Incluso, los campamentos de verano con solicitudes encaminadas con tiempo y en los canales correctos, pueden acceder a este servicio para la matrícula que asista en ese período de tiempo.

Yo solo apelo al sentido común. Entiendan que están equivocados y que pueden tener un brazo aliado en los alcaldes. De todos modos, el que se llevará el bocado de comida pertenece a una amplia masa que se identifica con cualquier corriente política o con ninguna. El hambre, cuando ataca, no pregunta ideología o credo. Es tan cruel como el bendito COVID-19 que nos mantiene en esta encrucijada.

“Estamos ante un déficit alimentario, pues la clase media trabajadora no está generando los ingresos previos al cierre por la pandemia. Lo que sin duda agrava el panorama de pobreza de nuestra isla... 7 de cada 10 niños viven bajo el nivel de pobreza”