De acuerdo a los datos demográficos de Puerto Rico, durante el pasado año 2023 murieron unas 33,413 personas. El número ya supera los nacimientos desde hace unos seis años. No obstante, tal planteamiento no es el ángulo a discutirse en esta columna. Es otro.

Esos cuerpos tuvieron que pasar, en mayor o menor grado, por las manos de embalsamadores, esos profesionales que tienen la encomienda de restaurar y desinfectar a nuestros seres queridos. Lo hacen independiente de si el cuerpo será sepultado o cremado, ya que existen casos que son expuestos antes de convertirlos en cenizas.

Muchas personas no meditan sobre este proceso, pues nos es ajeno. Confiamos en distintos servicios funerarios y en la honestidad de estos. Ahora bien. ¿Sabía usted que en Puerto Rico están ejerciendo unos 65 o 68 embalsamadores licenciados?

Eso quiere decir que no tenemos siquiera un número para igualar a la cantidad de pueblos de la isla, que son 78. El dato surgió la pasada semana en mi programa “Ahí está la verdad”, cuando un grupo de estos profesionales se nos acercó para alertarnos sobre esta realidad.

Fueron más allá. Muchas instituciones funerarias ponen en manos de personas sin licencia, y hasta sin estudios, los restos mortales de nuestros seres queridos. Otros, que tienen la licencia y no ejercen, firman por ellos. Esto en una clara falsa representación.

El presidente de la Junta Examinadora de Embalsamadores, Orlando Rodríguez Escobar, admite que ha escuchado “chismes” sobre el asunto, pero que nadie presenta querellas. En sus 18 años presidiendo el ente, dice que solo han tenido un caso de una persona que actualmente está siendo procesado en los tribunales. El susodicho nunca estudió para ser embalsamador y aprendió sobre la marcha.

Pero todos admiten que no se investiga. ¡Esa es la gran tragedia en esta isla! Aquí todo ocurre de manera impune. Nunca o pocas veces se da una consecuencia por no seguir el orden o, peor, cumplir la ley.

Aquí es que empieza el problema. La ley que rige esta profesión data del 9 de marzo de 1967. ¡Más de seis décadas atrás! No se ha atemperado a los tiempos. La multa que impone para alguien que sea sorprendido ejerciendo sin licencia y sin estudios es de $50 a $300. ¿Ridículo, verdad?

Sobre todo porque tocar, manipular, extraer fluidos de un cuerpo debe ser considerado un asunto de salud pública. Pero las autoridades miran para el otro lado.

Aquí nadie sabe si Salud Ambiental o quien sea, tiene inspectores. Nadie sabe si se meten en las funerarias a inspeccionar. Averiguar quiénes son las personas que rinden tan noble labor y si están preparados para hacerlo.

Aquí la Junta Examinadora cuenta con dos vacantes y nadie hace el aguaje de llenarlas. El mismo presidente sigue en una silla con su tiempo expirado, pues no aparece un sucesor.

Es más, ¿cómo es posible que se hayan emitido 406 licencias, pero solo ejerzan unos 65 o 68 servidores? Son muchas las banderas que se levantan, pero nadie las quiere ver.

Nadie habla de este asunto. Se asegura que un anteproyecto para enmendar la ley está dando bandazos en la legislatura hace unos siete años. Esto pareciera ser de urgencia, pero en su lugar, están entretenidos peleando por quién se pone o quién se quita la mascarilla ante un supuesto brote de coronavirus.

Les deseo mucha salud a todos por allá y que nadie muera; pues podría caer en las manos de un chapucero sin licencia y sabrá Dios lo que harán con su cuerpo. ¿Qué ironía, verdad?