Cuando la Junta de Control Fiscal gravitaba sobre nuestras cabezas como una amenaza “remota”, daba la impresión que su imposición sacudiría nuestra modorra colonial.

No ha sido así. Todavía continúa la actitud de “esto no tiene que ver conmigo”. Hasta que se den cuenta de que tiene que ver con todos. Que tiene que ver con todo Puerto Rico.

Reaccionarán cuando entiendan que los miembros de esta junta no nos vienen a salvar de la crisis fiscal.

Nuestro Gobierno no valdrá dos chavos. Ni los que vengan. 

“Aquí nosotros mandamos”,  nos dirán, con el látigo en la mano.

Cero leyes de moratoria; liquidarán lo que haya que liquidar y botarán a quien haya que botar;  para engordarle el buche a los depredadores.

Muchos  guardan silencio. “Calladito me veo más bonito... o bonita”, parecen decir. ¿Será el silencio de los acomoda’os?

Se escuchan voces tímidas, que rechazan la junta y otras que truenan indignadas. Otros, lastimosamente, dicen apoyarla.

El ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá mencionó el pasado lunes, en una entrevista radiofónica, como quien no quiere la cosa, o más bien lo dejó caer, una posible estrategia para combatir los desmanes de la junta, que llamó “desobediencia gubernamental”.

La idea es proteger, por ejemplo,  los exiguos fondos de  la Junta de Retiro; los fondos de los  Maestros; o cualquier otro fondo sensitivo. No abundó.

El Gobierno se negaría a entregar o revelar el número de las cuentas bancarias, donde estén  estos depósitos. 

La desobediencia gubernamental o la  desobediencia civil, requiere valor, conlleva riesgos y tiene consecuencias.

Es desobedecer de forma pacífica  una ley  que se considera injusta y que va en detrimento del pueblo. 

Los puertorriqueños conocen de cerca la desobediencia. Cientos  de representantes de la sociedad civil fueron arrestados y encarcelados durante la campaña para el cese de los bombardeos de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en Vieques.

La desobediencia civil fue el arma utilizada por  Ghandi en la India, igualmente, por  Martin Luther King en los Estados Unidos, a raíz del arresto de Rosa Park en 1955, por negarse a ceder su asiento a un hombre blanco en una guagua pública.

La población negra de Montgomery boicoteó el transporte público hasta que se erradicó la segregación y el racismo.

En 1971, el presidente del Partido Independentista Puertorriqueño, Rubén Berríos Martínez, fue arrestado y encarce lado, junto a otros activistas, durante una campaña de desobediencia civil  que efectuaron en la isla municipio de Culebra, para impedir las maniobras de la Marina de Guerra.

 “Violar la ley del imperio, es cumplir la ley de la Patria. Hemos violado la ley del imperio...”, expuso Berríos Martínez durante su alocución  en el tribunal federal en la Isla.

“... Desde el patriotismo, en la república, la ley es orden, en la colonia la ley es tiranía...  En un pueblo como Puerto Rico, donde la ausencia de democracia, el colonialismo, o sea la esclavitud política, es el fundamento de la ley, la violación de leyes injustas es el inicio de la libertad”, dijo.

En el 2014, durante una disertación en Harvard, el juez puertorriqueño del Primer Circuito de Boston,  Juan Torruella, expuso que “los puertorriqueños deben hacer un boicot económico, a las tiendas estadounidenses en Puerto Rico, para hacer valer sus derechos civiles, violados durante 100 años”.

“Los consumidores de Puerto Rico representan uno de los más importantes mercados del producto de los Estados Unidos y sus ciudadanos constituyen el mayor grupo de importadores per cápita de los bienes de los Estados Unidos en el mundo, con $35 billones en ventas al detal”.

Llamaría la atención, dijo, si a este boicot se le unen los boricuas que residen en los Estados Unidos.

“Creo que la presión económica es una avenida lógica a ser considerada”, incitó Torruellas.

Intriga si cuando lleguen a la Legislatura, los tentáculos de esta junta todo poderosa se producirá la renuncia en bloque de los legisladores y legisladoras, como un acto de dignidad y  de “desobediencia gubernamental”.