La Policía de Puerto Rico comienza hoy una nueva jornada para recuperar su autonomía administrativa y fiscal tras la gobernadora Jenniffer González Colón firmar el Proyecto de la Cámara 406 que materializa la separación a ese negociado del Departamento de Seguridad Pública (DSP), permitiendo que opere como una entidad independiente.

En la ceremonia, que se llevó a cabo en la Academia de la Policía, en Gurabo, la gobernadora anunció que envió una comunicación oficial al Departamento de Justicia Federal para que se desestime el caso de la Reforma Sostenible de la Policía, aprovechando una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para la revisión de estos casos.

“Esto representa no solo economías en términos de dólares y centavos, pero también poder decisional para que el superintendente de la Policía pueda ejecutar, pueda actuar, que no tenga que estar pidiendo permiso, consultando cosas que de ordinario son decisiones que tomaría cualquier superintendente para ejecución”, apuntó la gobernadora.

El proyecto crea la Ley de la Policía de Puerto Rico que recupera la posición de Superintendente con autoridad sobre presupuesto, operaciones y sus recursos humanos. La agencia estaría excluida de ciertas disposiciones de la Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico, buscando agilizar la adquisición de equipo.

Durante la actividad, la gobernadora admitió que el cambio le había restado agilidad operacional a la Policía, que es liderada hasta el hoy comisionado Joseph González Falcón.

“Esta nueva Policía logrará una acción más rápida y coordinada en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional que utiliza a Puerto Rico como punto de partida para mover la droga hacia los Estados Unidos”, detalló González Colón.

Se dispone la creación de un Comité de Transición para que en un periodo de 90 días presente un informe inicial y la separación total debe completarse en un año desde la aprobación de la ley, no obstante, González Colón, expresó que no descarta que el superintendente lo logre antes del término.

El DSP, dirigido por Arturo Garffer, continuará controlando la agencia en aspectos administrativos y operacionales hasta que se concrete el proceso.

Garffer será integrante del comité de transición junto a superintendente, el director de Gerencia y Presupuesto y el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

La separación de la Policía del DSP es una promesa de campaña de González Colón, con el fin de optimizar el uso de recursos fiscales y humanos, y permitir que la Uniformada tenga las herramientas necesarias para cumplir con su misión de proteger a la ciudadanía.

La agencia cuenta con unos 11,000 agentes, 837 empleados civiles y 697 cadetes.

“Comienza un nuevo capítulo, uno que marca la separación oficial del Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública y que nos devuelve la autonomía que históricamente siempre debimos tener. A partir de hoy, asumo la responsabilidad como superintendente de la Policía de Puerto Rico, esto no es un simple cambio de título, es ante todo, es un compromiso profundo con cada uno de los miembros de nuestra policía y con cada ciudadano de la isla”, subrayó González Falcón.

¿Qué más dice la ley?

Se nombrarán a dos superintendentes asociados, uno operacional y otro para labores administrativas y supervisión, bajo la nueva ley.

Todos los miembros de nuevo ingreso a la Policía tendrán tres años para completar su grado asociado y si no cumplen van a ser separados del servicio.

La edad mínima de ingreso, a partir de hoy, será de 18 años y no aplica a los que ya iniciaron los trámites, la edad máxima será 46 años y del reingreso a los 50 años.

A partir de este próximo semestre el Departamento de Educación comenzará a impartir los cursos de seguridad pública para que aquellos estudiantes sepan desde la Escuela Superior que quieren ser policías adelanten créditos que conduzcan al grado asociado, lo que facilita su ingreso a la academia.

A su vez, la ley establece la creación de una Unidad de Violencia Género que atenderá con prioridad la prevención, investigación y procesamiento de los delitos perpetrados contra mujeres o violencia doméstica en todas sus modalidades.

Se crea la Junta de Evaluación Médica de la Policía de Puerto Rico y por ley la Banda de la Policía, el Cuerpo de Capellanes y la Oficina de Manejo de Información Policíaca para compartir datos con otras agencias de Seguridad Pública.

Hoy se firmaron dos leyes adicionales, una de ellas para otorgar jurisdicción concurrente al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) sobre la explotación financiera contra adultos mayores cuando los hechos sean cometidos por personal de instituciones de cuidado.

“Estamos viendo un aumento en estos casos, esta medida es una respuesta a los más de 13,200 casos de explotación financiera en adultos que vimos en el año 2023″, apuntó la gobernadora.

La segunda, que es una legislación de administración, que fortalece la fiscalización gubernamental, mejora la coordinación interagencial y garantiza la implementación efectiva de medidas contra la corrupción.

El Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico se creó mediante la Ley 20 de 2017 firmada por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, quien nombró a exsuperintendente de la Policía y, el primer puertorriqueño en dirigir la oficina del FBI aquí en San Juan, Héctor M. Pesquera, para crearlo y dirigirlo, sin la asignación de presupuesto.

Bajo la sombrilla se convirtieron en negociados del DSP, además de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Sistema de Emergencias 9-1-1, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Instituto de Ciencias Forenses (ICF)

En septiembre de 2021, la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced, firmó un proyecto para desligar el ICF del DSP.