El artista urbano Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, y su exesposa Mireddys González Castellanos alcanzaron un acuerdo legal que pone fin a la disputa judicial sobre el uso de marcas comerciales asociadas al reguetonero.

La resolución fue notificada mediante una moción conjunta presentada el jueves ante la jueza federal María Antongiorgi Jordán, en la que ambas partes informaron que lograron un “acuerdo total y definitivo sobre todas las reclamaciones presentadas” en el pleito.

El acuerdo surge luego de que el intérprete de “Gasolina” presentara esta semana una demanda en el Tribunal federal, alegando que su exesposa intentaba impedirle utilizar ciertas marcas registradas, entre ellas los nombres “Daddy Yankee” y “DY”. En respuesta, la jueza había concedido un plazo de 48 horas para que la parte demandada contestara.

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Según publicó El Nuevo Día, ambas partes acordaron que la sentencia será definitiva e inapelable, y que ninguna de las partes asumirá costas ni honorarios legales. Además, el tribunal mantendrá jurisdicción para garantizar el cumplimiento del acuerdo, si fuera necesario.

Entre los términos más destacados del acuerdo, González Castellanos se compromete a no tomar ninguna acción que limite, afecte o impida el uso de las marcas comerciales por parte de Ayala Rodríguez, incluyendo cualquier intento de oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) o su Junta de Apelaciones (TTAB)

Asimismo, González Castellanos reconoce que la propiedad de dichas marcas pertenece exclusivamente a Daddy Yankee, según lo establecido en el acuerdo.

A su vez, el artista urbano accede a no interferir con el uso de la marca “Mireddys” por parte de su exesposa. Esto incluye el retiro de cualquier solicitud previa ante la USPTO relacionada con dicha marca, así como el compromiso de no presentar futuras oposiciones ni registrar marcas similares.

Ambas partes también se comprometieron a no menospreciar, diluir ni afectar negativamente las marcas del otro.

Aunque el acuerdo marca el cierre de este capítulo legal, el documento deja claro que ninguna de las disposiciones debe interpretarse como una renuncia de derechos o reclamaciones anteriores a la fecha efectiva del divorcio.