¡La pugna legal no acaba!

Las hermanas Mireddys y Ayeicha González Castellanos buscan desestimar la demanda federal que emitieron El Cartel Records y Los Cangris, Inc., empresas presididas por el cantante Daddy Yankee, por $12 millones por presunta eliminación y retención de registros comerciales con “la intención deliberada de causarles daño”.

En las recientes mociones, la defensa de la codemandada radicó un memorando legal para suspender la pugna bajo la doctrina de abstención “Colorado River”, que establece que, en ciertas circunstancias, una corte federal puede abstenerse en ejercer jurisdicción sobre un caso cuando existe un litigio pararelo en un foro judicial estatal.

Según la defensa de las hermanas, el caso que atiende la jueza Silvia Carreño Coll se trata de un caso parelelo con la demanda que se atiende en el Tribunal de Primera Instancia de Carolina en contra de ellas por supuestas manipulaciones y ocultamiento de información de las corporaciones musicales. En ese foto, la parte demandante reclama $250 millones en daños.

“En ambos casos, los demandantes solicitan una indemnización por los daños y perjuicios que, supuestamente, les causó la eliminación del mismo correo electrónico y las mismas carpetas por parte de los demandados. Por consiguiente, los demandantes solicitan en ambos casos una indemnización por los mismos daños y perjuicios”, lee parte de la moción conjunta de los abogados Rafael Santiago Rosa, José R. Negrón Fernández y Miguel A. Rangel Rosas, que representan a la exesposa del exponente urbano, y el licenciado Alberto Rivera Ramos, quien defiende a la entonces cuñada del artista.

Por otro lado, la defensa aseguró que las demandadas han cooperado con la orden federal de entregar sus dispositivos móviles y cuentas asociadas a las corporaciones para obtener el control total de las empresas musicales, así como la radicación de otras ordenes hacia Google y Yahoo para entregar todo registro almacenado en sus correos electrónicos, “todas las demás determinaciones pendientes de resolución pueden dejarse para que se atienda en el caso paralelo que se está litigando ante el Tribunal de Puerto Rico”.

“No se perjudicará a ninguna de las partes; por el contrario, al abstenerse de ejercer su jurisdicción, (i) se evitarán demandas duplicadas, (ii) se evitarán determinaciones fácticas contradictorias emitidas por el Tribunal de Puerto Rico y este Honorable Tribunal, (iii) se evitarán procedimientos de descubrimiento duplicados, (iv) se obtendrá la conservación de los recursos judiciales y (v) se logrará una resolución integral del litigio”, reza el recurso.

Rechazan petición

Mientras, los abogados de Daddy Yankee, por su lado, insisten al Tribunal Federal a mantener jurisdicción en la reciente pugna dado que las demandadas ya estuvieron de acuerdo con los interdictos preliminares que radicaron en su contra.

“Cabe destacar que dicha formulación solo preserva el derecho de las demandadas a defenderse en cuanto al fondo de las acusaciones formuladas contra ellas en este caso, pero no preserva su derecho a presentar defensas que impliquen impugnar la competencia del Tribunal para conocer del caso, como la abstención”, destaca el recurso que emitieron los abogados Víctor Acevedo Hernández, Juan J. Casillas Ayala y Juan C. Nieves González.

Además, la defensa del intérprete musical reiteró su oposición a que las recientes controversias se tratan de casos paralelos porque “ambos implican el incumplimiento de las ‘obligaciones fiduciarias’ por parte de los ‘accionistas’.

“Como quedó claro durante los alegatos orales de la vista preliminar celebrada el 14 de agosto de 2025, el litigio de Carolina busca una reparación por incumplimiento de obligaciones fiduciarias, es decir, por acciones en las que las demandadas incurrieron cuando eran directivas de la empresa, mientras que este litigio no busca una reparación por incumplimiento de obligaciones fiduciarias, y se limita a las acciones en las que las demandadas incurrieron después de su destitución como directivos de la empresa”, lee la moción de seis páginas, donde alegan que la misma presenta reclamaciones en virtud de la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA, por sus siglas en inglés) y la Ley de Comunicaciones Almacenadas (SCA, por sus siglas en inglés), en las que exigen “pruebas de acceso no autorizado a ordenadores protegidos o comunicaciones almacenadas, intención de causar daños y pérdidas resultantes”.