Las principales empresas estadounidenses han comenzado a reclamar reembolsos millonarios tras la invalidación de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump, pero los consumidores que pagaron indirectamente esos costos han quedado fuera del proceso oficial de devolución.

En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró ilegales, por una votación de 6 a 3, los aranceles generalizados aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Como resultado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitó el portal CAPE, un sistema para que unos 300,000 importadores soliciten la devolución de más de $166,000 millones, más intereses.

Sin embargo, este mecanismo no contempla a los consumidores, quienes en muchos casos absorbieron parte del aumento de precios generado por los aranceles. Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, cerca del 90% del impacto económico de estas medidas recayó en empresas y consumidores estadounidenses.

Ante esta exclusión, ha comenzado a crecer una ola de demandas colectivas contra grandes minoristas y compañías, con el objetivo de trasladar a los clientes los reembolsos que reciban del gobierno federal.

Entre los casos más relevantes se encuentra una demanda contra Costco, presentada en Illinois, que busca obligar a la cadena a devolver a sus clientes cualquier compensación por aranceles. En una llamada con inversionistas, el CEO de la empresa, Ron Vachris, aseguró que la compañía evaluará cómo transferir ese valor a través de precios más bajos y mejores ofertas.

También se ha presentado una demanda contra Nintendo of America, en la que consumidores alegan que la empresa podría beneficiarse dos veces: primero mediante precios más altos durante la vigencia de los aranceles y luego con reembolsos del gobierno tras su anulación.

Mientras algunas empresas como FedEx y Cards Against Humanity han prometido ajustar precios o devolver costos a sus clientes, la mayoría de los consumidores aún no cuenta con un mecanismo directo para recuperar el dinero pagado.

El debate ahora se centra en una pregunta clave: quién debe quedarse con los reembolsos de unos aranceles que ya fueron declarados ilegales.