Washington. El ejército estadounidense habría cometido un crimen si mató a los sobrevivientes de un ataque lanzado contra una lancha que supuestamente transportaba drogas, señalan especialistas en derecho.

No importa si Estados Unidos está en un “conflicto armado” con cárteles de las drogas, como afirma el gobierno de Donald Trump. Un ataque fatal de este tipo habría violado las leyes de tiempo de paz y las que rigen el conflicto armado, afirman los expertos.

“No puedo imaginar que alguien, sin importar las circunstancias, crea que es apropiado matar a personas que se aferran a un bote en el agua”, comentó Michael Schmitt, exabogado de la Fuerza Aérea y profesor emérito del Colegio de Guerra Naval de Estados Unidos. “Eso es claramente ilegal”.

La Casa Blanca confirmó el lunes que el ejército estadounidense lanzó un segundo ataque en septiembre contra una embarcación que supuestamente llevaba drogas frente a la costa de Venezuela, e insistió en que se hizo “en defensa propia” y de acuerdo con las leyes de conflicto armado.

Un reporte de prensa sobre ese ataque generó un nuevo nivel de escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses, y se sumó a un creciente debate sobre si los militares pueden negarse a seguir órdenes ilegales, lo que algunos legisladores demócratas alentaron recientemente.

Esto es lo que se debe saber sobre los ataques de Estados Unidos contra lanchas en el mar Caribe y el océano Pacífico, y las leyes de conflicto armado:

Qué desató el debate

The Washington Post reportó la semana pasada que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para “matar a todos” los tripulantes de un bote que fue atacado por el ejército estadounidense el 2 de septiembre, la primera embarcación atacada en lo que el gobierno de Trump llama una campaña antidrogas, la cual suma 20 ataques conocidos y más de 80 muertos.

Dos hombres sobrevivieron a ese primer ataque —otros nueve murieron— y se aferraron a los restos del navío, informó el periódico. El comandante a cargo de la operación, el almirante Frank Bradley, ordenó un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, lo que mató a los dos sobrevivientes, según el reporte.

Hegseth calificó el reporte de “noticia falsa” en redes sociales, y según él los ataques contra los botes “cumplen con la ley de conflicto armado, y han sido aprobados por los mejores abogados militares y civiles, en toda la cadena de mando”.

Trump dijo el domingo que su gobierno “investigará”, pero agregó que “yo no habría querido eso, no un segundo ataque”. Señaló que Hegseth le dijo “que no ordenó la muerte de esos dos hombres”.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a los periodistas el lunes que Bradley había ordenado el segundo ataque y que hacerlo “estaba bien dentro de su autoridad”. Negó que Hegseth dijera que no dejaran sobrevivientes.

El gobierno de Trump alega que tales ataques son necesarios para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, y afirmó que Estados Unidos está involucrado en un “conflicto armado” con los cárteles del narcotráfico, similar a la guerra contra Al Qaeda tras los ataques del 11 de septiembre.

Qué permite la ley durante un conflicto armado

Un segundo ataque que matara a sobrevivientes habría sido ilegal bajo cualquier circunstancia, conflicto armado o no, señaló Schmitt.

Añadió que no cree que Estados Unidos esté en un conflicto armado legítimo con los cárteles de drogas, lo cual, indicó, requeriría que éstos estuvieran cometiendo un alto nivel de violencia contra el país, no sólo traficando drogas que matan a estadounidenses.

Incluso si estuviera en un conflicto armado, “ha sido claro durante más de un siglo que no se puede declarar lo que se llama ‘sin cuartel’, no tomar prisioneros, matar a todos”, señaló Schmitt.

Si un conflicto armado está teniendo lugar no sería un tema que resolvería un organismo internacional como la Corte Penal Internacional, a la cual Estados Unidos no pertenece, indicó Matthew Waxman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia y exfuncionario de seguridad nacional en el gobierno de George W. Bush.

Sin embargo, Estados Unidos podría enfrentar repercusiones de aliados, que podrían negarse a compartir información para operaciones militares que son ilegales bajo sus propias leyes o bajo el derecho internacional, dijo Waxman, quien sirvió en los departamentos de Estado y Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional en la presidencia de Bush.

El conflicto armado de Estados Unidos contra Al Qaeda recibió apoyo del Consejo de Seguridad de la ONU, la OTAN y aliados estadounidenses, señaló.

La amenaza legal que enfrentan los militares estadounidenses

Si Estados Unidos no está en un conflicto armado, eso significa que violó la ley internacional de derechos humanos, que rige cómo los países tratan a los individuos, dijo Schmitt.

“Sólo puedes usar fuerza letal en circunstancias donde hay una amenaza inminente”, indicó Schmitt. “Y ese no era el caso”.

Brian Finucane, asesor sénior del International Crisis Group y exabogado del Departamento de Estado, coincidió en que Estados Unidos no está en un conflicto armado con los cárteles del narcotráfico.

“El término para un homicidio premeditado fuera de un conflicto armado es asesinato”, dijo Finucane, agregando que el personal militar estadounidense podría ser procesado en los tribunales estadounidenses.

“El asesinato en alta mar es un crimen”, señaló. “La conspiración para cometer asesinato fuera de Estados Unidos es un crimen. Y bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, el artículo 118 tipifica el asesinato como un delito”.

El propio manual del Pentágono sobre las leyes de guerra describe un escenario similar al ataque del 2 de septiembre contra la lancha al discutir cuándo los militares deben negarse a cumplir órdenes ilegales.

“Por ejemplo”, dice el manual, “las órdenes de disparar contra los náufragos serían claramente ilegales”.

Lo que ha dicho el Congreso sobre lo que viene

Los líderes de las comisiones de Servicios Armados tanto de la Cámara de Representantes como del Senado han abierto investigaciones.

El senador republicano Roger Wicker, presidente de dicha comisión en el Senado, y el demócrata de mayor rango en la misma, el senador Jack Reed, dijeron que la comisión “realizará una supervisión rigurosa para determinar los hechos relacionados con estas circunstancias”.

La preocupación por el segundo ataque surge después de que un grupo de legisladores demócratas, todos veteranos de las fuerzas armadas y de la comunidad de inteligencia, publicaron un video el mes pasado en el que piden a los miembros del ejército estadounidense desafiar “órdenes ilegales”.

Entre ellos estaba el senador demócrata Mark Kelly, ex piloto de combate de la Marina, quien ha cuestionado enfáticamente el uso del ejército para atacar a lanchas que supuestamente transportan drogas. El Pentágono dice que está investigando a Kelly por posibles violaciones de la ley militar relacionadas con el video.

Hablando el domingo en “Meet the Press” de NBC, Kelly reiteró que los militares estadounidenses “están legalmente obligados a no cumplir” órdenes ilegales.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha defendido los ataques contra las lanchas, pues según dice son una forma de detener el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, y afirmó que debe esperarse el resultado de las revisiones.

“Obviamente, si hubo una orden de realizar un segundo disparo y matar a personas, eso es una violación de un código ético, moral o legal. Necesitamos llegar al fondo de esto”, comentó por su parte el senador Thom Tillis.