Los miles de millones en fondos federales asignados para la recuperación y reconstrucción del país, así como el paso de tres administraciones gubernamentales, no han podido borrar el calvario que dejó el huracán María a unas 749 familias.

Es que, a ocho años de la devastación que el potente ciclón categoría 4, estas 749 familias todavía viven bajo el crudo recuerdo de María. Sus techos aún cargan los famosos toldos azules que repartió la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés), como medida temporera para cubrirles del sol, la lluvia y el sereno, a sobre 185,000 familias que resultaron afectadas a causa de los fuertes vientos que desplegó el ciclón el 20 de septiembre de 2017.

Esta cifra de residencias con techos azules ha bajado a cuentagotas. En el 2022, cuando se cumplían cinco años del azote del fenómeno, el entonces secretario de la Vivienda, William Rodríguez, informó que 3,646 residencias permanecían cubiertas con toldos.

La actual secretaria del Departamento de la Vivienda, Ciary Pérez Peña, reveló a Primera Hora que, en enero, cuando entró a dirigir la agencia, se encontró con 1,799 casos.

“Hemos bajado (los números). Recuerda que esto no es un proceso de que yo voy y te resuelvo. Son unos casos que estaban ahí, que se descubrieron y se comenzaron a atender cuando yo llegué. De 1,799, ya han salido mil y pico. O sea, esto tiene que ir por un proceso se tiene que ir evaluar ese lugar, ver, pues, lo que hay que hacer, si es una reconstrucción, si es una relocalización, si es una reparación. Sabes, todo depende del proceso y muchas veces también de que ese subrecipiente nos brinde a nosotros con el mismo sentido de urgencia la documentación que necesitemos y la información”, comentó la funcionaria.

Destaca Ponce

Información oficial provista por Vivienda apunta a que Ponce es el municipio con mayor número de casos de viviendas con techos azules con 66.

Los otros pueblos que destacan por los casos de toldos azules son Toa Baja con 31, Juana Díaz con 29, Bayamón con 27, San Juan con 25, Villalba con 24, San Germán y Salinas con 23 cada uno, Yauco con 20, Guayama con 19, así como Loíza, Mayagüez y Vega Baja con 18 cada uno.

El tema de los encerados, como también le llaman a los toldos, cobró gran notoriedad tras el paso de María, ya que las fotos aéreas mostraban comunidades completas teñidas por el peculiar azul del material que repartió FEMA. Se supone que esto fuera una medida temporera. De hecho, la propia agencia federal explicó que la lona tenía un tiempo de uso de 30 días.

Datos provistos por FEMA tras el ciclón apuntan a que el número total de toldos que repartieron bajo el programa “Techo Azul” fue de 59,469. Además, la agencia otorgó a través de los municipios unos 125,981 toldos livianos, los cuales podían ser instalados por los damnificados.

Los municipios a los que más toldos se les instaló bajo el programa de FEMA fueron Ponce (2,930), San Juan (2,827), Toa Baja (1,876), Arecibo (1,861) y Bayamón (1,822).

De los miles de millones de fondos asignados, le correspondió a Vivienda, a través del Programa R3 (Reparación, Reconstrucción y Reubicación) atender los casos de los techos provisionales de personas que no recibieron fondos por parte de FEMA para arreglar sus hogares.

Se aludía a que las personas con techos azules tenían prioridad en ser atendidas bajo este proyecto, en el que se les hacía reparaciones a las viviendas, se les reconstruía, se les reubicaba en otra propiedad o se les daban vales para que la persona consiguiera un nuevo hogar.

Pérez Peña no supo explicar, de inmediato, por qué quedaban 1,799 familias con toldos azules cuando arrancó el 2025.

Sobre el programa de R3, los datos provistos por Vivienda apuntan a que a la fecha se han completado construcciones de 6,817 estructuras. Hay 237 viviendas activas en la fase de construcción, y 454 hogares adicionales en proceso de diseño y permisos.

Desde enero a septiembre de este año, Vivienda ha completado 235 casas.

Este programa tenía asignado $2,920 millones y se han desembolsado a la fecha $1,720 millones. Hay impactado a 10,758 familias con reconstrucciones, reparaciones o vales para la reubicación.

La secretaria aceptó las complicaciones que han tenido con los vales entregados para que las personas consiguieran su hogar, en un mercado que está falto de viviendas asequibles.

Expuso que han optado por construir propiedades en solares del Departamento, reconstrucción de viviendas disponibles que no estén en zonas inundables o en construcciones que reciben subvenciones de la agencia.

“Abrimos una división que ahora mismo la componen cinco empleados, que están dedicándose única y exclusivamente a llevar a los participantes de voucher a los proyectos que tenemos en construcción. Ya pronto vamos a estar poniendo otras primeras piedras y también llevándolos a estos solares que identificamos, que no estén en zonas inundables, a ver si le llama la atención en esa comunidad y le estoy cambiando el voucher por construirle la casa. Estamos buscando muchísimas alternativas para las personas que tienen los vouchers y poder cumplir con ellos”, expuso.

Con fecha límite

Vivienda ha dirigido los esfuerzos de recuperación con los fondos que recibieron, principalmente a través del Programa Desarrollo Comunitario con Subsidio Determinado (CDBG).

Pérez Peña se mostró “bien conforme y bien contenta con el trabajo que estoy ejecutando” para mover esta reconstrucción del país.

Detalló que están enfocados en que todos los proyectos subvencionados con fondos CDBG, bajo la categoría de desastre (DR), estén construidos para finales del 2027. Es que Vivienda debe entregar al Departamento federal de la Vivienda (HUD, en inglés) el cierre de todos los programas bajo esta categoría para el 2029.

Mientras, respecto a los fondos para mitigación, CDBG MIT, las construcciones deben estar concluidas para el 2031, ya que para el 2033 la agencia debe tener todos los programas cerrados y entregados a HUD.

La secretaria informó que su interés no es solicitar extensiones de tiempo para estas fechas límites, sino lograr que se mueva la reconstrucción. Por ello, comentó que proyectos que no cumplan con el itinerario, se les removería los fondos para hacer cedidos a otras obras.

“Esos proyectos van a ser retirados y estaremos buscando otras personas competitivas o redistribución ante la necesidad que pueda determinar la administración de nuestra gobernadora”, precisó.

En cuanto a las medidas tomadas para mover la reconstrucción, la secretaria señaló que el mayor esfuerzo se ha realizado en el área de evaluaciones ambientales y de los pagos ante finanzas, ya que se hacían pasos repetitivos en hasta cinco ocasiones. La mayoría se eliminaron. Alegó que, en muchos casos, las obras se retrasaban hasta por un año por la duplicidad de esfuerzos.

También destacó que la orden ejecutiva que la gobernadora Jenniffer González firmó para agilizar los permisos para este tipo de construcciones y que concede un término de 20 días ha ayudado a mover los casos en agencias que antes se demoraban, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

A futuro, Pérez Peña informó que el mayor reto es conseguir más fondos para lograr construcciones de vivienda asequible, una vez se acaben los fondos federales para la reconstrucción a causa de María.

“Tenemos un compromiso de desarrollo de vivienda, no solamente por los fondos federales. Esto tiene una fecha de caducidad. Así que aquí hay que mirar más allá, aquí hay que levantar programas que una vez esos fondos federales se vayan, aquí se siga reconstruyendo Puerto Rico. Y en estos momentos nos encontramos en esa área, identificando esos fondos”, aseguró.