La Junta de Supervisión Fiscal aprobó anoche una reprogramación de fondos al Departamento de Educación de $157.2 millones, que principalmente se utilizará para pagar “servicios para estudiantes del Programa de Educación Especial, incluyendo terapias, evaluaciones, transporte y reembolsos a las familias”.

La determinación, comunicada en una carta firmada por el director de la Junta, Robert Mujica, se da justo cuando varias escuelas y centros de servicios contratados para atender estudiantes de Educación Especial determinaron cesar operaciones al finalizar ayer, viernes, ya que Educación no les paga por los servicios ya prestados desde diciembre.

De inmediato, no se ha informado si Educación logró alcanzar un acuerdo para detener el cierre de los centros y que los estudiantes de Educación no se afecten. Se espera una respuesta del secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés.

No obstante, la carta emitida por la Junta demarca un problema institucional en Educación hacia el programa de Educación Especial en lo que respecta al presupuesto.

Mujica urgió a que para el próximo año fiscal, que inicia el primero de julio, se incluya todo el dinero que necesita el programa para operar y no se dependan de la asignación fondos de emergencia, como ha ocurrido en los pasados años.

“El problema no es una asignación insuficiente; es que el Departamento de Educación no ha estado administrando apropiadamente los recursos disponibles”, afirma la misiva.

Entre los cuestionamientos levantados está el hecho de que cada vez la agencia tiene menos estudiantes, pero gasta más para darles servicios.

Se demarcó en la carta que desde 2017 ha disminuido la matrícula de estudiantes en escuelas públicas en un 37%, pero el presupuesto aumentó en un 18% para atender menos estudiantes.

En el caso específico de Educación Especial, se informó que la matrícula se ha reducido en un 18% desde 2010. Más, sin embargo, el costo por estudiante aumentó cerca de 57% hasta 2024 y aproximadamente 102% para 2026.

Otro problema identificado es que, durante la pandemia del COVID-19, la agencia recibió fondos federales con los que cubrió los servicios de Educación Especial. Pero, estos fondos ya no existen. Por ello, en la carta se le advirtió a Educación que “continuar este patrón de aumento en costos sin financiamiento identificado pondría en riesgo los servicios”.

En específico, todo este problema se resumió cuando Mujica expuso que, “durante un período de varios años, los costos recurrentes, particularmente dentro del Programa de Educación Especial, se han cubierto cada vez más mediante recursos no recurrentes. Una parte sustancial de estos costos recurrentes de servicios, incluidos los servicios contratados externamente a través del Programa de Remedio Provisional, fue sufragada con fondos federales de alivio por la pandemia que expiraron en el año fiscal 2026. Esos fondos ya expiraron; las obligaciones subyacentes no. El resultado es un compromiso recurrente que ahora presiona al Fondo General sin una fuente recurrente de ingresos correspondiente”.

Para remediar los problemas, la Junta requirió a Educación presentar en un término de 90 días el reglamento completo del modelo presupuestario basado en estudiantes (“Student-Based Budgeting”), implementar ese sistema para el presupuesto del año fiscal 2028, completar la reforma administrativa y fiscal de la agencia, así como refuerzos en servicios y áreas que tienen que ver son asuntos fiscales, programáticos y tecnología.