El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó la querella criminal presentada contra la expresidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika D. Padilla Rivera, por haber otorgado una bonificación a empleados exentos de dicha agencia que laboraron en las elecciones del 2024.

Según la resolución emitida, el pago del bono a 65 empleados exentos, entre los que estaba incluida, por una suma total de $177,586.49 fue una irregularidad administrativa y no penal.

“La investigación reveló deficiencias significativas en el procedimiento seguido para la autorización y trámite del desembolso (del dinero). Entre otras, no se documentó adecuadamente el criterio utilizado para determinar las cantidades que recibirían los distintos empleados, no se siguió un procedimiento uniforme y el asunto no fue sometido al pleno de la Comisión”, dice la resolución emitida, tras una pesquisa emprendida por las fiscales especiales independientes Leticia Pabón Ortiz e Ileana Agudo Calderón.

No obstante, se detectó que los empleados beneficiados rindieron la labor por la cual se les recompensó.

Para llegar a la conclusión, las fiscales entrevistaron a 45 testigos.

Ante la discrepancia, “las fiscales determinaron que la prueba recopilada no permite sostener responsablemente una acción penal con el quantum de prueba requerido para probar el caso más allá de duda razonable los delitos que originaron el referido”, que en esencia eran violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y malversación de fondos públicos.

Sin embargo, las fiscales apuntaron a irregularidades administrativas, que van desde no solicitar autorización del desembolso a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como a la Junta de Supervisión Fiscal.

“Ello constituye una irregularidad seria que no debe ser minimizada”, se destacó.

“Sin embargo, la existencia de una irregularidad presupuestaria o administrativa no establece, por sí sola, todos los elementos de un delito”, se añade.

Se expone que la corrección de estas irregularidades debe hacerse de manera administrativa y no penal.

“El Panel reconoce, sin embargo, que la determinación de no proceder criminalmente no adjudica ni dispone de posibles responsabilidades de naturaleza ética o administrativa. En particular, el hecho de que la entonces presidenta de la CEE participara en un proceso que culminó con un beneficio económico para ella misma plantea consideraciones que ameritan evaluación independiente por los organismos con jurisdicción y conocimiento especializado sobre tales materias”, afirmó el panel en su decisión.

Fue el 12 de enero que la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, remitió al Panel la recomendación de investigar a Padilla Rivera por haber incurrido en conducta constitutiva de malversación de fondos públicos por autorizar el bono a los empleados y a ella, en carácter de presidenta. También se le señaló por violación al Artículo 4.2(b) de la Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico, de enriquecimiento ilícito.