El 45% de los boricuas que no tienen un hogar propio mantienen una carga económica de “excesiva” a “severa” para pagar la renta de una propiedad, ya que ese gasto se lleva de por medio sobre el 30% de los ingresos familiares.

Son los residentes de la región de Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Guayama los que más afectados se ven a la hora de alquilar un hogar, debido al golpe que representa para sus finanzas tener un techo seguro.

En la región de Ponce, por ejemplo, los residentes pagan hasta el 51.8% de sus ingresos por tener un hogar.

Comprar una vivienda bajo estas circunstancias también se ve más lejano.

El precio promedio de una vivienda para el verano de 2025 era de $300,600, que no está dentro del rango de vivienda asequible para gran parte de los boricuas. Mucho menos si se busca en la zona de San Juan, donde un apartamento puede costar $629,000.

La radiografía, que promedia el pago de renta en $578 mensuales para toda la Isla, aunque destaca que en la zona metropolitana los alquileres están a precios entre de $1,750 a $3,000, se dio a conocer durante una mesa redonda que realizó el senador Carmelo Ríos en el Capitolio para discutir el aumento en el costo de alquiler de viviendas y evaluar posibles alternativas para atender la disponibilidad de viviendas asequibles en Puerto Rico.

La presentación también identificó un déficit de 54,915 viviendas asequibles y disponibles para hogares de ingresos extremadamente bajos, 33,000 unidades disponibles en alquileres a corto plazo o vacacionales, así como 335,862 unidades de vivienda vacantes en la Isla por problemas de herencia, dueños ausentes o necesidad de reparaciones.

Todos estos números, según reconocieron los participantes de la mesa redonda, entre los que se destacó el secretario de la Vivienda, Luis Augusto Martínez Román, denota que hay una marcada falta de hogares, que impacta principalmente a aquel sector trabajador que no cualifica para ayudas federales y que su sueldo no le da para mantener una vivienda para su familia.

El total de los boricuas impactados por el elevado costo de las rentas y la vivienda en la Isla no se proveyó. Se destacó que, al menos, en el año fiscal 2024-2025 se radicaron unas 6,392 demandas de desahucio contra familias que no podían pagar sus rentas y que había una deficiencia de 54,915 viviendas asequibles. Además, se informó que hay unas 20,142 familias en lista de espera para obtener un hogar a través de la Administración de Vivienda Pública.

El consenso, como medida principal para resolver el problema de falta de casas en la Isla, es que hay que requerir al gobierno de Estados Unidos que aumente los límites de ingresos de personas que puedan beneficiarse de Sección 8 y de otras ayudas para adquirir un hogar o arrendarlo.

El portavoz de la Asociación de Realtors de Puerto Rico, Milton Serrano, expuso que la exigencia no sería descabellada, ya que las Islas Vírgenes tienen un límite de ingresos que es el doble del que se fijó para la Isla.

El secretario de la Vivienda lo reconoció.

Afirmó que “la realidad es que los costos están por las nubes. Esa es la realidad. Es un asunto que claramente hemos tenido conversaciones y que vamos encaminados a movernos en esa dirección. Pero, es un asunto que tenemos que tomar en consideración claramente, porque los límites actuales no van atados a la realidad y todos nosotros lo sabemos. Estamos en un terreno fértil para poder ejecutar, porque creo que estamos todos en la misma página”.

El problema es que el Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos (HUD, en inglés) ya notificó que se cambiarán los parámetros utilizados para calcular los subsidios de alquiler del Programa de Sección 8 y los disminuirán del 120% al 110%. El cambio iniciaría en el 2027, dijo Rosario.

De inmediato, señaló que se han opuesto, ya que puede generar repercusiones tanto en el participante como en los propietarios de la vivienda rentada.

El administrador de Vivienda Pública reconoció que “eso nos está jugando un efecto dominó”. Explicó que, en la actualidad, han otorgado 10,800 vales de Sección 8, que representa el 86.1% de los vales que están autorizados y mantienen cerradas las listas para añadir a más participantes. Es que con el renglón de 120%, el gasto que en el que incurre representa el 97% de lo presupuestado.

La presidenta de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Pinsy Rivera Ortiz, por su parte, señaló que construir bajo los parámetros de vivienda asequible es “incosteable”, ante los altos costos que tiene la construcción nueva en la Isla desde la pandemia del Covid-19.

Como solución, el asesor legislativo de la Asociación de Alcaldes, Jaime García, propuso establecer un programa de incentivos para alquileres asequibles, crear un fondo de fianza para arrendatarios y facilitar la rehabilitación de propiedades vacantes.

Asimismo, planteó que los municipios identifiquen terrenos, edificios públicos en desuso y propiedades abandonadas que puedan aprovecharse mediante alianzas con desarrolladores privados, en las que los gobiernos municipales aporten las propiedades y el sector privado realice las inversiones.

El senador Ríos aceptó que las alternativas que se promuevan no deben impactar las finanzas de los municipios.

Apuntó a la necesidad de evaluar incentivos gubernamentales que hagan viable para los desarrolladores la construcción de viviendas destinadas al alquiler a precios accesibles, al tomar en consideración las necesidades particulares de cada municipio. Asimismo, planteó que se deben examinar mecanismos que permitan reducir los costos de desarrollo y operación de estas propiedades y estimular el alquiler residencial a largo plazo.

Ríos sostuvo, además, que el propósito de la iniciativa es recopilar los planteamientos de los distintos sectores para determinar si las soluciones identificadas requieren nueva legislación o pueden atenderse mediante una agenda de trabajo interagencial a corto, mediano y largo plazo.

Al finalizar la mesa redonda, no hubo un compromiso establecido para manejar el problema, mucho más allá de reconocerlo y de establecer que se mantendrá comunicación con los sectores implicados.