Organizaciones y personas aliadas de Coordinadora Paz para las Mujeres (CPM), así como víctimas y sobrevivientes del crimen, protestaron hoy en repudio a unos proyectos de ley que pretenden que una persona condenada por un delito en un veredicto que no fue unánime pueda impugnar el resultado del caso judicial y que se celebre un nuevo juicio.

Vilma González Castro, directora ejecutiva de CPM, dijo en declaraciones escritas que los proyectos 2476 de la Cámara de Representantes y 1590 del Senado se aprobaron de forma abrupta y no toman en consideración el derecho de las víctimas y sobrevivientes del crimen a tener justicia.

Medida del presidente del Senado

Agregaron que esta opción de nuevo juicio expone a las víctimas a un proceso innecesario de revictimización.

Según el comunicado, estos proyectos harían retroactivo el nuevo orden procesal que estableció el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el pasado 20 de abril de 2020 en el caso de Ramos vs Louisiana, en el que se establece que es inconstitucional que en los estados y territorios se permitan veredictos de culpabilidad cuando los jurados no actúan de forma unánime.

El Senado la aprobó por unanimidad

Poco después el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el mismo criterio en Pueblo vs Torres Rivera.

Sin embargo la legislación propuesta por Cámara y Senado, va más allá de lo resuelto en los casos citados para permitir que personas que están cumpliendo sentencias que ya son finales y firmes puedan invocar también la petición de un nuevo juicio cuando su determinación de culpabilidad por un jurado no fue unánime

“Estamos conscientes de que, por nuestra relación de subordinación a los Estados Unidos, se impone la decisión federal que deja en efecto la cláusula de la Constitución de Puerto Rico que permite decisiones divididas de hasta 9 a 3 por un jurado en delitos graves. Sin embargo, es totalmente innecesario y cuestionable la acción de la Legislatura de ir más allá de lo que establece la jurisprudencia federal, particularmente en tiempos de crisis social, económica y salubrista como los que Puerto Rico enfrenta. Es condenable la aprobación de legislación sin un proceso participativo de vistas públicas. Expresamente le han negado la comparecencia a víctimas y a las organizaciones que las representan”, expresó la portavoz.

Además del comunicado de prensa, diversas personas acudieron hoy a los predios aledaños al Capitolio para manifestarse con pancartas -y mascarillas- de lo que establecen los proyectos de ley.

“El impacto que esta legislación tendrá en las víctimas es incalculable. Se trata de personas que sufrieron la violencia en sí mismas o de sus hijas, hijos, madres, padres, hermanas; que perdieron a su familiar en un crimen violento. Ellas tendrían que enfrentar nuevamente el proceso en el sistema judicial, testificar, ver otra vez al criminal convicto y revivir todo el sufrimiento. Podrían surgir casos de violencia de género en los que mujeres han sido maltratadas, asesinadas y violadas y sus seres queridos tendrían que sobreponerse al dolor causado por un proceso que ya creían cerrado para intentar nuevamente que se les haga justicia”, agregó González Castro.