La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, rechazó que la agencia esté permitiendo la salida de reos que no cumplen con las disposiciones reglamentarias para realizar trabajos de limpieza y desyerbo en más de una decena de municipios y corporaciones gubernamentales.

Esto al responder a las imputaciones de un empleado correccional, el cual responsabilizó a su patrono por un supuesto esquema de trasiego de drogas, vinculado a las brigadas de mantenimiento, debido a la presunta falta de supervisión, escasez de personal y de instrumentos que detecten la introducción de sustancias controladas al regresar a sus respectivas prisiones.

En entrevista con Primera Hora, Escobar aseguró que cada institución correccional cuenta con un Comité de Clasificación y Tratamiento que evalúa aspectos sociales y legales de aquellos confinados que van a la calle para hacer trabajos de desyerbo, acondicionamiento de estructuras, entre otras labores.

“Ese comité está compuesto por el supervisor de la unidad sociopenal, el técnico de servicios sociopenales y un oficial correccional. Ellos evalúan aspectos como sentencia, delito, historial de adicción, tratamiento, escolaridad, problemas de salud para poder ejercer labores con fuerza mayor. También evalúan si hay algún tipo de riesgo o querellas recientes en ese miembro de la población correccional”, explicó.

Igualmente, aclaró que en Puerto Rico hay 24 instituciones correccionales para adultos y dos de menores, pero solo cinco cuentan con brigadas de mantenimiento, entre estas, Ponce, Mayagüez, Bayamón 1072, Sabana Hoyos y Zarzal.

Cabe destacar que actualmente hay 14 municipios que tienen contrato con el DCR para hacer estas labores: Camuy, Guayanilla, Barceloneta, San Germán, Fajardo, Quebradillas, Isabela, Utuado, Naranjito, Vega Alta, Florida, Yauco, Toa Alta y Cabo Rojo.

A esto se suman tres corporaciones públicas con acuerdos contractuales con el mismo propósito: Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la región oeste de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

“Tengo alrededor de 15 contratos y no he tenido quejas, hasta este momento, de alcaldes o de administradores de agencia que me digan que cancele el contrato porque tienen un problema de trasiego de drogas o algo por el estilo. También hay personas que llevan algún tipo de contrabando y se ha ocupado antes”, expuso.

“Todo el que sale a trabajar en brigadas, bajo el acuerdo contractual que tenemos con los municipios, tiene que salir con oficiales correccionales, más tiene que haber un policía municipal que ayude en el proceso de vigilancia mientras las personas estén en el área”, acotó.

Asimismo, insistió en que “nosotros no podemos proveer información al confinado de dónde vamos a ir a trabajar porque, no podemos tampoco negar que, en algún momento dado, aquellos que quieran ingerir sustancias controladas o pretendan continuar ingiriendo sustancias controladas, en algún momento dado, se van a ver tentados de tratar de entrar sustancias controladas o de consumirlas mientras están afuera”.

“El confinado está en vigilancia constante, pero, por ejemplo, pide ir al servicio sanitario, pero el oficial no entra con él. Pero está pendiente, hace un proceso de revisión si es que ve algo sospechoso en el área, dentro de los zafacones, en el piso, el techo o las paredes, o sea, todo eso se tiene que analizar”, expuso.

“Si aun así no pasa nada, el confinado, cuando va a regresar a su área de trabajo, tiene que ser revisado por los oficiales correccionales que están allí. Si alguien sospecha que hubo un movimiento extraño que podría ser que ese confinado ha capturado alguna droga y la introducido en su cavidad anal, tiene que decirlo a los compañeros cuando llega allí”, argumentó.

De tener alguna sospecha, según la titular del DCR, el confinado es ubicado en lo que llaman “celda seca” o sea, un lugar a donde no hay agua, hasta que el individuo expulse la droga.

“¿Que podría pasar que alguno que otro, en el proceso de registro, pudiera introducir la droga? Podría pasar. La droga viene ahora tan minúscula, disfrazada, que nosotros hemos encontrado droga en galletas, en el borde de una pizza, fue la más reciente, que encontramos un paquetito de subuxone. He tenido casos, en el pasado, donde hay (droga) debajo del cabello, debajo de los puentes dentales, en los relojes”, reveló.

Por otro lado, adelantó que la agencia está en proceso para comprar una docena de canes para reforzar la detección de sustancias ilegales.

“Cuando llegué a trabajar acá, habían cerca de 25 o 30 canes. Pero los canes tienen una vida útil y la mayoría, los compraron hace 10 años. Entonces, se van dando de baja porque no resultan tan efectivos como al principio. Nosotros mandamos a comprar 12 canes que los vamos a especializar en la búsqueda de sustancias controladas”, afirmó.

“Ahora mismo, tenemos 16, pero se rotan. Sé que eso no es suficiente, que tenemos que comprar más y, aspiramos a tener por lo menos, uno por cada institución”, añadió.

Juego de baloncesto

Otra de las denuncias realizadas por el empleado del DCR, fue la presunta participación de, aproximadamente, medio centenar de reos de la institución correccional de Ponce, en un juego de baloncesto en Humacao y que tampoco cumplían con las disposiciones reglamentarias.

No obstante, la secretaria defendió la gestión del Comité de Clasificación y Reglamento que permitió la salida de “44 confinados de Ponce y puede haber confinados que tengan sentencias mayores a los 100 años”.

“Si lo único que vas a estar mirando es la cantidad de años de sentencia y el delito cometido, ¿no le vas a dar oportunidad de rehabilitación a ese ser humano? La constitución me faculta en el puesto que ocupo como secretaria de, establecer cuáles son los programas de tratamiento para que la población pueda ir encaminándose a salir a la comunidad, lo más pronto posible, con las herramientas necesarias para poder mantenerse en comunidad”, explicó.

“La mayoría de esas personas que estaban allí, tienen custodia mínima, custodia mediana, es parte de nuestra política pública, es parte del trabajo gubernamental de que nosotros podamos sacar a estas personas a comunidad, siempre y cuando, observen buena conducta y cumplan con los mismos requisitos para salir a trabajar en la comunidad”, puntualizó.

Entretanto, declinó que estas actividades sirvan de trampolín a figuras políticas que buscan “amarrar” el voto de los confinados. Entre los funcionarios presentes estaban los alcaldes de Humacao, Las Piedras y el representante de ese distrito, según Escobar.

“La otra persona que fue en representación del señor gobernador, fue el señor Edwin Mundo. La otra que estaba era yo. Y cada vez que hacemos una actividad y los alcaldes quieren participar, tienen la oportunidad de presentarse, dar un mensaje, conversar con los confinados, con los familiares que a veces llegan allí”, concluyó.