El trasiego de droga en las cárceles del país apunta a un esquema que involucra a confinados que realizan labores de mantenimiento en las vías públicas y quienes, presuntamente, no cumplen con los requisitos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DRC) para salir de sus respectivas instituciones.

De acuerdo con una fuente de Primera Hora, esto se debe a que los listados son manejados por líderes de organizaciones criminales dentro de las prisiones, quienes, se asegura, manipulan la situación para enviar a algunos reos que respondan a la encomienda, sin ser detectados por las autoridades.

Según la fuente, los instrumentos que utiliza la agencia para registrar a los confinados cuando regresan a sus respectivas unidades solo detectan metales y el DCR ha desintegrado, paulatinamente, la Unidad Canina, encargada de minimizar la entrada de sustancias controladas a las instituciones penales.

La situación está relacionada al aumento en fatalidades de confinados, de acuerdo con un informe presentado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), el cual valida que entre 2020 y 2022 fallecieron 70 reos por sobredosis de fentanilo, un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

“Lo que pasa es que los presos se ‘fondean’ la droga. La introducen por el ano para cuando sean revisados a su regreso a prisión. Muchas veces lo que hay es un solo oficial con un detector que lo que identifica es un metal; no identifica un polvo que es la droga. Con detectores de metales no puedes detectar la entrada de heroína, fentanilo o el suboxone, que es otro medicamento que también mezclan”, denunció.

“La Unidad Canina, que era la herramienta principal que tenía Corrección para evitar los contrabandos en las prisiones, pues eso ha desaparecido. De 70 canes que hay a nivel isla, no llegamos ni a 15. ¿Qué otra tiene para evitar la entrada de sustancias?”, denunció.

Asimismo, destacó que el DCR es cómplice del trasiego al permitir la salida de reos que no reúnen los criterios requeridos para acudir a exteriores.

“A veces, la social evalúa a un confinado que tiene el criterio, que se porta bien o que tiene una habilidad o ha trabajado anteriormente en ornato pues la social recomienda a ese por la experiencia que tiene y su ajuste. Pero llegan los líderes de diferentes cárceles y dicen: ‘Ese no va, sino este’”, aseguró.

“Por ejemplo, si llegan 10 presos contratados para un pueblo, tienen que correr con la manipulación de los que están adentro. Y tienen que hacerlo porque el que no lo hace, no puede trabajar en la calle. Los mismos confinados les ponen trabas para poder ellos ajustarse a lo que es su procedimiento de rehabilitación”, afirmó.

Igualmente, mostró preocupación, ya que la dinámica pone en riesgo a los empleados del DCR que, “estamos expuestos a situaciones que nos pueden costar la vida”.

“Le puedo decir que también hay oficiales en los turnos nocturnos que están entrando droga y eso lo sabe la administración. Aquí hay oficiales que llevan más de 30 años en una misma prisión y no los cambian, y han pasado generaciones tras generaciones, los han investigado y aún no han hecho nada con ellos”, resaltó.

De otra parte, reveló que, recientemente, el DCR permitió la salida de casi medio centenar de confinados de la institución de Ponce, hacia un juego de baloncesto en Humacao. No obstante, “muchos de estos confinados tenían sentencias de 100 años o más”.

“Fueron a un juego de baloncesto en Humacao a donde iban a estar políticos porque la idea de esto es integrar ciertos confinados con los políticos porque sabemos que, en este país, los confinados votan y buscan de esa manera manipular esos votos. El grupito que escogen de confinados no es cualquiera, sino aquellos que influyen dentro de los grupos, que son líderes, esos son los que saben”, agregó.

Otros privilegios

Según el empleado del DCR, hay confinados con ciertos privilegios que les permiten tener televisores sofisticados y hasta consolas para juegos electrónicos.

“Son ciertos confinados con privilegios que tienen televisores de 65 pulgadas en las secciones. Son televisores plasma con los últimos muñequitos y a veces tienen hasta dos televisores de esos en las secciones. Muchos de estos confinados tienen PlayStation nuevos. ¿Qué estamos enseñándole al país, que el delincuente puede estar mejor que el ciudadano común?”, cuestionó.

Reacciona Corrección

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Ana Escobar, rechazó que la agencia esté permitiendo la salida de reos que no cumplen con las disposiciones reglamentarias para realizar trabajos de limpieza y desyerbo en más de una decena de municipios y corporaciones gubernamentales.

En entrevista con Primera Hora, Escobar aseguró que cada institución correccional cuenta con un Comité de Clasificación y Tratamiento que evalúa aspectos sociales y legales de aquellos confinados que van a la calle para hacer trabajos de desyerbo, acondicionamiento de estructuras, entre otras labores.

“Ese comité está compuesto por el supervisor de la unidad sociopenal, el técnico de servicios sociopenales y un oficial correccional. Ellos evalúan aspectos como sentencia, delito, historial de adicción, tratamiento, escolaridad, problemas de salud para poder ejercer labores con fuerza mayor. También evalúan si hay algún tipo de riesgo o querellas recientes en ese miembro de la población correccional”, explicó.

Aclaró que en Puerto Rico hay 24 instituciones correccionales para adultos y dos de menores, pero solo cinco cuentan con brigadas de mantenimiento, entre estas, Ponce, Mayagüez, Bayamón 1072, Sabana Hoyos y Zarzal.

“Tengo alrededor de 15 contratos y no he tenido quejas, hasta este momento, de alcaldes o de administradores de agencia que me digan que cancele el contrato porque tienen un problema de trasiego de drogas o algo por el estilo. También hay personas que llevan algún tipo de contrabando y se ha ocupado antes”, expuso.

“Todo el que sale a trabajar en brigadas, bajo el acuerdo contractual que tenemos con los municipios, tiene que salir con oficiales correccionales, más tiene que haber un policía municipal que ayude en el proceso de vigilancia mientras las personas estén en el área”, acotó.

Asimismo, insistió en que “nosotros no podemos proveer información al confinado de dónde vamos a ir a trabajar porque, no podemos tampoco negar que, en algún momento dado, aquellos que quieran ingerir sustancias controladas o pretendan continuar ingiriendo sustancias controladas, en algún momento dado, se van a ver tentados de tratar de entrar sustancias controladas o de consumirlas mientras están afuera”.

“El confinado está en vigilancia constante, pero, por ejemplo, pide ir al servicio sanitario, pero el oficial no entra con él. Pero está pendiente, hace un proceso de revisión si es que ve algo sospechoso en el área, dentro de los zafacones, en el piso, el techo o las paredes, o sea, todo eso se tiene que analizar”, expuso.