El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) identificó 1,200 pozos ilegales que extraen aproximadamente 300,000 galones diarios de agua del Acuífero del Sur, afectado por la sequía extrema.

El número de estas tomas ilegales en la zona sur es casi similar a la cantidad de pozos que se utilizan en la actualidad a través de toda la Isla, que suman 1,453, según datos oficiales provistos por la agencia.

El impacto del problema lo informó el secretario del DRNA, Waldemar Quiles, al dar a conocer durante una conferencia de prensa en La Fortaleza el impacto de los operativos que inició la semana pasada el Cuerpo de Vigilantes para atajar el problema y que fue reportado en exclusiva por Primera Hora.

Durante la primera ronda de operativos, se intervino con los propietarios de unos 300 pozos. La mayoría de las intervenciones ocurrieron en el municipio de Salinas, precisó el titular.

“No estamos dando multas, estamos orientando”, explicó el funcionario.

Las orientaciones son a los fines de que los dueños de los pozos soliciten formalmente una franquicia de agua para que el DRNA pueda monitorear la extracción que se hace y se cobre por el uso del preciado líquido.

“No existe en récord histórico que el Departamento jamás haya hecho una intervención como esta. En ninguna de las anteriores sequías, ni en ningún tiempo regular, se ha hecho esta intervención”, aseguró.

Estado crítico

Sin embargo, el DRNA ha recrudecido su política en contra de los pozos ilegales, debido a que los niveles del Acuífero del Sur han disminuido considerablemente.

De hecho, Quiles informó que, “de los cinco pozos de monitoreo que tenemos en el Acuífero del Sur, tenemos el de Aguirre y el de Juana Díaz que están en niveles críticos”.

Según el monitoreo del Servicio Geológico de los Estados Unidos, al pozo nombrado Salinas, en el municipio de igual nombre, le quedan unos cinco pies de uso histórico para evitar la intrusión salina. Mientras, al pozo de Juana Díaz le quedan unos tres pies.

Sobre el resto de los aljibes, la última medición pone al pozo Rosas, también en Salinas, en ajustes operacionales y el pozo Santa Isabel en observación. Solo el pozo Ponce, ubicado en la Ciudad Señorial, está en condiciones óptimas.

“El principal problema que tenemos con el Acuífero del Sur, y con cualquier otro acuífero, es que en el momento que hay intrusión salina, el acuífero se perdió y no hay agua ni para (la central termoeléctrica) Aguirre, ni para ‘doña Carmen’, que vive allí en uno de estos barrios, ni para ‘don José’, para nadie. El momento en que perdamos el acuífero, no hay agua. A diferencia de los embalses, que se pueden recuperar, pueden volver a recuperar agua mediante lluvia o por cualquier otra gestión que se haga, los acuíferos no, los acuíferos pierden su uso”, sentenció Quiles.

Pese a los pobres niveles que registran las mediciones del yacimiento subterráneo, no se ha anunciado un plan de racionamiento para la zona.

El secretario del DRNA, quien también lidera el Comité de Sequía, señaló que, por lo pronto, se les ha solicitado un uso prudente del agua a las dos empresas que más la consumen de los acuíferos, que son la central generatriz de energía eléctrica Aguirre, localizada en Salinas, que usa el líquido para enfriar las calderas, así como CooperVision, en Juana Díaz.

“Ellos están conscientes. Han hecho reducción en el consumo”, expuso Quiles.

Añadió que “también la gente que se sirve de pozos tiene que ser comedida” en cuanto a su uso.

El operativo

Otra de las medidas que ha tomado el DRNA es comenzar el proceso para que se legalicen los pozos identificados como “ilegales”.

Para describir el daño, el secretario expuso que, “de 1,200 pozos ilegales, el consumo promedio son 248 galones diarios. Hagan la matemática, estamos hablando de un montón de galones que se estarían extrayendo del acuífero”.

El cálculo es de 297,600 galones de agua que diariamente se extraen de los agujeros hincados de manera ilegal.

Entre las 300 intervenciones ya realizadas, cinco fueron identificados en la comunidad Villa Cofresí, en Salinas, así como nueve pozos en las comunidades de barrio Playa, en Salinas, conocidas como Brisas de Playita y el área de campers, detalló el secretario a modo de ejemplo.

“Vamos a continuar visitando estos sectores hasta inspeccionar cada pozo y corroborar datos. Pero este operativo no se limitará a la zona sur, estaremos visitando otras áreas y municipios”, afirmó.

Además de estos 1,200 pozos fuera de norma, el DRNA tiene registro de 1,493, de los cuales tiene 1,453 activos. De estos, 509 se utilizan para fines agrícolas, 195 son comercial, 484 domésticos, 15 gubernamental, 164 industrial, seis recreativo, tres pecuarios y 77 institucionales.

El municipio de Salinas es donde más pozos hay hincados, con 128. Le siguen Ponce con 64, Santa Isabel 63, Coamo 62, Juana Díaz 61, Caguas 60, Guayama 49, Gurabo 41, Arecibo 38 y Hatillo 37.

Otros 21 municipios también registran tenerlos, pero con cantidades menores a las señaladas.

Multas de DACO a tutiplén

Por otro lado, el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, informó que algunos de los pozos ilegales fueron identificados por anuncios que detectaron los inspectores de la agencia en las redes sociales o mercados cibernéticos que estaban vendiendo el agua que extraían. Alegó que cuando verificaban con el DRNA, los pozos identificados no aparecían registrados y “se desconocía su existencia”.

El funcionario también aprovechó para revelar los detalles de los operativos que ha realizado la agencia por las órdenes de congelación de precios que se han emitido este verano por la crisis de agua que se ha registrado por problemas operacionales en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, así como por la emergencia de la sequía.

“Desde el 15 de junio hasta el 15 de agosto, (…) cónsono cuando entró en vigor la primera orden de congelación (de precios), cuando se dio la situación con el Superacueducto, el Departamento ha emitido 129 multas y la cuantía total de $194,500. En el periodo que comprende del 31 de julio al 15 de agosto, que esa es la segunda orden de congelación, que está vinculada con la emergencia de la sequía, el Departamento ha emitido 35 multas, por un total de $39,000”, precisó.

El secretario comentó que no se han detectado comercios que impongan un “water fee” para cobrar por el gasto en el que ahora incurren a raíz del racionamiento de agua potable.

Señaló que la mayoría de las multas son por no tener disponibles, al menos, dos opciones de pago; no tener la rotulación correcta de los precios, y no tener el papel que reseña la información del DACO sobre los anuncios engañosos.

El titular reveló, de paso, que andan tras la pista de comerciantes que se ubican a la orilla de la carretera PR-1, en San Juan, vendiendo drones para almacenar agua en $150, cuando el costo promedio es de $35.