La secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Valerie Rodríguez Erazo, expresó que la reciente decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, que declaró inconstitucional la pretendida inmunidad otorgada a LUMA Energy para no responsabilizarse por daños a sus clientes, por descuidos o fluctuaciones de voltaje, “confirmó que ninguna agencia puede despojar al pueblo de su derecho a reclamar por los daños causados por negligencia en el servicio eléctrico”.

Rodríguez Erazo se refiere a la Sección 4.1 (g) del OMA y de la resolución del Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR), que otorgó el relevo de responsabilidad al consorcio energético, una actuación que describió como “un uso indebido del poder y una violación directa al orden constitucional de Puerto Rico”.

Esta tarde se informó que el Tribunal Supremo de Puerto Rico falló a favor del DACO y determinó que la empresa LUMA Energy sí tiene la obligación de responder ante las y los consumidores puertorriqueños por los daños que les hayan ocasionado sus actos negligentes.

El fallo del Supremo, además, declaró nula la Resolución y Orden emitida por el NEPR el 31 de mayo de 2021, que libraba a LUMA de esa responsabilidad, indicando que esa entidad no tenía la facultad para emitir tal orden.

Al conocer la determinación, LUMA respondió que evalúa “el alcance y el impacto de esta decisión” y que “cualquier cambio en el relevo de responsabilidad podría afectar el costo y la operación del sistema eléctrico de Puerto Rico”.

La secretaria del DACO, ante dichas expresiones, aseguró que las mismas “revelan una vez más su eterna resistencia a acatar decisiones y una soberbia que el país conoce demasiado bien”.

“Por eso hoy quiero ser completamente clara: este mensaje es al Negociado de Energía de Puerto Rico. A LUMA ya la derrotamos en el Tribunal Supremo. Si el Negociado se presta ahora para traducir esa actitud en política pública y pretende trasladar a las facturas de luz el costo de las indemnizaciones por enseres dañados y otros perjuicios causados por la negligencia de LUMA, estará violando la ley, el orden constitucional y su propio juramento. Socializar el daño, convertir al pueblo en pagador de la negligencia de un operador privado, es inaceptable y será combatido con todas las herramientas jurídicas disponibles”, indicó Rodríguez Erazo.

La titular recordó que La Ley de Transformación y ALIVIO Energético, en su artículo 6.3 (rr), “ordena expresamente que las acciones, reglamentaciones y determinaciones del Negociado deben regirse por las leyes aplicables, por el interés público y por el interés de proteger los derechos de los clientes y consumidores”.

“El Tribunal Supremo ya resolvió que el Negociado carece de facultad para crear inmunidades o exoneraciones de responsabilidad civil a favor de LUMA y que tal intento fue nulo desde su origen por violar la separación de poderes. Pretender ahora disfrazar esa misma inmunidad pasando el costo a los abonados por la vía tarifaria volvería a colocarlos fuera de la ley”, añade..

“Nuestro Código Civil es claro: quien causa un daño por culpa o negligencia responde con todo su patrimonio. La responsabilidad civil extracontractual no se diluye ni se reparte entre los consumidores que ya han sufrido pérdidas por apagones y fluctuaciones de voltaje. LUMA debe responder por los daños que cause con sus propios recursos y no con el sudor de las familias puertorriqueñas a través de aumentos en la factura. No se puede convertir a la víctima en pagador de la negligencia ajena”.

“Los miembros del Negociado de Energía juraron proteger y defender la Constitución, las leyes y al pueblo de Puerto Rico, no a blindar empresas privadas de las consecuencias de su conducta. Si se atreven a intentar socializar el daño, si pretenden utilizar procesos tarifarios u otras fórmulas regulatorias para que el pueblo pague las indemnizaciones que corresponden a LUMA, incurrirán en una nueva violación a su juramento. El Departamento de Asuntos del Consumidor acudirá de inmediato a los tribunales para detener cualquier esquema que busque cargar al consumidor el costo de la negligencia de LUMA”.

“La administración de Jenniffer González Colón tiene un compromiso inequívoco con el consumidor puertorriqueño y no permitirá más atropellos. El DACO, en su función fiscalizadora, se mantendrá vigilante y listo para vindicar los derechos del pueblo ante cualquier intento del Negociado de Energía de burlar la decisión del Tribunal Supremo o de violar la ley trasladando al pueblo un daño que corresponde exclusivamente a LUMA. Mientras yo sea secretaria del DACO, cada intento de socializar ese daño tendrá una respuesta firme, contundente y hasta las últimas consecuencias en defensa del consumidor”, culminó Rodríguez Erazo.