Luego de vetar el Proyecto del Senado 752, que buscaba eliminar el servicio de escoltas a exfuncionarios, la gobernadora Jenniffer González Colón anunció que someterá un proyecto de administración que eliminaría el derecho a tener escoltas para aquellos que resulten convictos de delitos.

El nuevo proyecto de ley también establecería que ese privilegio de escoltas no se otorgará a candidatos a la gobernación y a la comisaría residente en Washington, según dio a conocer el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, durante la conferencia de prensa Asunto Semanal.

De acuerdo con Domenech, la gobernadora “determinó que ella va a presentar un proyecto de administración que atienda los dos puntos principales que fueron la raíz de presentar ese proyecto”.

“El primer punto es que cualquier exfuncionario que tenga el privilegio de escoltas que sea encontrado culpable de delitos, las pierde”, sostuvo. “Y el segundo punto que la gobernadora va a presentar en un proyecto de administración va a ser que los candidatos a la gobernación, al igual que a la comisaría (residente en Washington)… candidatos, o sea, en el tiempo electoral, no tengan derecho a la escolta”.

Afirmó que la gobernadora “va a estar presentando ese proyecto de administración en las próximas 24 a 48 horas”.

Cuestionado sobre por qué la gobernadora no había firmado el PS 752 que se trabajó y aprobó en la Legislatura a esos fines de eliminar las escoltas a exfuncionarios, Domenech no ofreció detalles, y más bien se limitó a reiterar sus expresiones.

“Todos sabemos que lo que dio origen al proyecto fue la convicción de la exgobernadora Wanda Vázquez. Y la gobernadora Jenniffer González está cien por ciento de acuerdo que, no solo un exgobernador, cualquier exfuncionario que goce del privilegio de escolta que sea encontrado convicto de delito, pierda ese derecho. Y en segunda instancia, ha entendido también que es innecesario que los candidatos a la gobernación o a la comisaría residente cuenten con ese derecho”, repitió.

“El proyecto va más allá de lo que fue la idea original, y por eso es que la gobernadora va a presentar uno de administración que atienda las dos áreas: uno, los convictos, y dos los candidatos en las elecciones”, insistió.

“Decepción” de Juan Oscar Morales

El senador Juan Oscar Morales, autor del PS 752, expresó en una comunicación escrita su “decepción” luego que de la gobernadora vetara el proyecto.

Resaltó que, con ese veto, se perdía “una oportunidad valiosa para reasignar recursos policiales y un ahora estimado de entre $1.2 y $1.5 millones anuales a las necesidades de seguridad prioritarias de nuestro pueblo”.

“El veto al Proyecto del Senado 752 ignora el amplio consenso legislativo y el sentir de una gran mayoría de la ciudadanía que respalda la optimización del gasto público. Es un acto que no toma en cuenta el reclamo de nuestra gente y genera preocupación al priorizar el mantenimiento de un privilegio costoso en detrimento de la sana administración fiscal”, afirmó el senador Morales en sus declaraciones escritas.

El legislador subrayó que el proyecto era una medida de responsabilidad fiscal que no dejaba a los exfuncionarios desprotegidos, pues mantenía un mecanismo para que el superintendente de la Policía pudiera conceder protección temporal únicamente en aquellos casos donde se demostrara una amenaza real y apremiante a la vida de un exfuncionario.

“La decisión de vetar el PS 752 envía un mensaje que lamentamos sobre las prioridades del Ejecutivo, donde la preservación de ciertos privilegios se antepone a la eficiencia en el gasto público y la justicia social. Es decepcionante que no se haya honrado la prudencia fiscal que exige el momento histórico que vivimos. Esperaremos en el Senado la nueva propuesta que se adelantó desde La Fortaleza para evaluarla responsablemente”, agregó el senador.

PPD condena el veto de la gobernadora

Las expresiones de rechazo al veto de la gobernadora al PS 752 no se limitaron al autor de la medida.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, calificó esa acción como “una traición a la confianza del país”.

“Este veto de bolsillo es una traición a la confianza del país, porque demuestra que utiliza el poder para beneficio personal y para proteger privilegios, en lugar de gobernar para ayudar a la gente y atender las verdaderas necesidades”, expresó Ferrer Santiago en una comunicación escrita.

Agregó que la medida respondía a un reclamo claro de la ciudadanía de poner fin a privilegios injustificados y de administrar los recursos públicos con responsabilidad.

“Mientras miles de familias enfrentan problemas reales, el alto costo de vida, la falta de servicios esenciales y preocupaciones de seguridad, la gobernadora decidió defender beneficios para Wanda Vázquez y para ella misma”, sostuvo.

“A tan solo un año de su administración, el país no quiere saber de ella. Su gestión ha sido un desastre, y por eso hasta en su propio partido ya se habla de buscar otros candidatos a la gobernación, porque su gobierno ha quedado marcado por la desconexión, la improvisación, el incumplimiento de su palabra, pero peor aun cuando hay que escoger entre el interés público y proteger a los suyos, Jenniffer decide proteger a los suyos.”, concluyó Ferrer Santiago.

De manera similar, el secretario general del PPD, Manuel Calderón Cerame, arremetió contra la decisión de la gobernadora.

“Gracias al PNP (Partido Nuevo Progresista), Puerto Rico tendrá a una exgobernadora de ese mismo partido convicta por corrupción, con el privilegio de una escolta pagada con fondos públicos. Eso es vergonzoso e inaceptable”, afirmó Calderón Cerame en declaraciones escritas.

“El PPD agradece el trabajo realizado por sus legisladores, tanto por presentar legislación para eliminar las escoltas a los exgobernadores, como por acudir incluso a los tribunales para obtener información. Eso contrasta con el desorden del PNP, que ni en este tema se puede poner de acuerdo”, agregó.

Asimismo, el portavoz del PPD en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, también se unió a la condena al veto.

“Una vez más la gobernadora nos muestra su doble cara. Ha vetado el proyecto que eliminaba el derecho a escoltas a exgobernadores, incluyendo aquellos que fueron convictos por algún delito. Con esta determinación, protege a una gobernadora convicta de su propio partido”, afirmó Hernández Ortiz en declaraciones escritas.

“La gobernadora, además, con su veto ha decidido asegurar sus escoltas al dejar el cargo”, agregó el senador.

“Ahora González Colón promete enviar un proyecto de administración para resolver este asunto. Hubiese sido más sencillo que lo presentara desde el primer momento que se estaba considerando y debatiendo este asunto en la Asamblea Legislativa. Todo esto evidencia la doble cara de la gobernadora al manejar los asuntos de gobierno”, insistió el portavoz del PPD en el Senado, antes de subrayar que “por nuestra parte, continuaremos fiscalizando de manera responsable y proponiendo soluciones”.