El Proyecto de la Cámara 1144, que busca establecer el uso de mochilas o bultos transparentes en las escuelas del sistema público, no fue avalado por el Departamento de Educación, y recibió múltiples recomendaciones de parte del Departamento de Justicia, según trascendió en la vista que tuvo lugar este jueves ante la Comisión de Asuntos de la Juventud de la Cámara de Representantes.

La llamada “Ley de Mochilas Transparentes para Escuelas Seguras de Puerto Rico”, medida de la autoría de los representantes Félix Pachecho Burgos, Ensol Rodríguez Torres y Ramón Torres Cruz, persigue, según se desprende del texto de la medida, que con el uso de las mochilas transparentes se puedan detectar visualmente de forma inmediata armas, cigarrillos electrónicos, sustancias controladas y otros objetos peligrosos, evitando su entrada a las escuelas y “reduciendo significativamente el riesgo de incidentes violentos”.

Sin embargo, Departamento de Educación (DE) sostuvo que, “no recomienda la aprobación del proyecto en su forma actual” y, aunque “reconoce la intención legítima de promover entornos escolares seguros”, considera que implementar esta política pública requeriría “un análisis más amplio y detallado que permita atender adecuadamente sus implicaciones presupuestarias, sociales y operacionales”.

De hecho, Educación llamó la atención sobre el hecho de que la medida “no especifica con claridad si la responsabilidad de adquirir las mochilas recaería sobre los padres, madres o encargados de los estudiantes, o si el Estado proveerá los recursos necesarios para su adquisición”. Subraya que se trata de un asunto de particular importancia, toda vez que “la imposición de un requisito obligatorio como este podría representar una carga económica adicional para muchas familias en el sistema público de enseñanza, por lo que sería necesario considerar mecanismos que eviten desigualdades en el acceso”.

Alerta además que, al ser una medida de carácter estatal, tendría la Legislatura que encargarse de determinar si asignará al DE los fondos para sufragar total o parcialmente la adquisición de esas mochilas transparentes. Advierte que, no asignar presupuesto para esos fines, “podría generar presiones adicionales sobre los recursos existentes en el sistema educativo”, y aclara que no podrían usarse fondos federales para esos fines, pues las normas para su uso “impiden utilizar fondos federales para cubrir obligaciones que corresponden al estado”.

El DE levanta además preocupaciones relacionadas a “la protección de la privacidad y la dignidad de los estudiantes” y argumenta que, si bien el proyecto “contempla la provisión de espacios seguros dentro de los planteles para el resguardo de artículos personales e íntimos”, la reglamentación que se apruebe “deberá establecer protocolos claros que aseguren la confidencialidad, accesibilidad y un manejo adecuado de esos espacios, evitando situaciones de estigmatización o vulnerabilidad emocional”.

En ese sentido, comenta que en otras jurisdicciones, las políticas de mochilas transparentes “suelen complementarse con la autorización de pequeños estuches opacos para artículos de higiene personal o medicamentos, así como orientaciones al personal escolar sobre el manejo respetuoso de estas situaciones”.

El DE comenta además que ha estado poniendo en práctica “diversas iniciativas dirigidas a fortalecer la seguridad” en las escuelas y “prevenir incidentes de violencia” y sostiene, que, “a base de los datos recopilados por la agencia, se ha observado una reducción en los incidentes de violencia” en los planteles escolares.

Tomando en consideración los argumentos presentados, Educación recomienda que la medida sea “objeto de una discusión más amplia mediante la convocatoria de una mesa de trabajo en la que participen representantes del DE, la Asamblea Legislativa, expertos en seguridad escolar y representantes de las comunidades escolares”. También recomienda incluir en la discusión a otros sectores tales como los consejos escolares, asociaciones de padres, representantes del magisterio, profesionales de trabajo social y sicología, expertos en seguridad escolar y organizaciones comunitarias.

Por su parte, el Departamento de Justicia, aunque alertó sobre posibles controversias relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y con la protección contra registros y allanamientos irrazonables, indicó que, luego de analizar la medida, no han identificado objeciones legales que impidan su aprobación.

Sin embargo, Justicia recomienda que “se evalúe si existen alternativas que puedan resultar menos intrusivas respecto a la intimidad de los estudiantes antes de implantar el registro de manera generalizada”.

Además, señala que, “de las fuentes consultadas”, entiéndase otras jurisdicciones donde se ha adoptado de alguna forma el uso de mochilas transparentes, “se desprende que existe cierto debate en torno a la eficacia de este tipo de medidas”.

A modo de recomendación, Justicia indica que “podría considerarse como alternativa la implantación inicial de la política mediante un proyecto piloto en alguna escuela o distrito escolar”.

Otra posibilidad, sugiere, “sería permitir que los estudiantes utilicen pequeños bolsos o compartimentos opacos para artículos personales o íntimos dentro de las mochilas transparentes”.

Justicia llama también la atención sobre el hecho que la medida incluye una disposición que ordena al Departamento de Educación adoptar la reglamentación necesaria para la implementación de la medida, incluyendo “excepciones razonables por condiciones médicas, discapacidades o necesidades educativas especiales”, y en ese sentido, recomienda “que se establezca, al menos, una guía general sobre cuáles serían las excepciones a la norma general sobre la utilización obligatoria de mochilas y bultos transparentes por parte de los estudiantes, en la cual se fundamentará la reglamentación delegada por la Asamblea Legislativa”.

Asimismo, considera “conveniente” que la Comisión “examine la disponibilidad y el costo de las mochilas o bultos transparente en el mercado”, pues “la falta de acceso razonable a esos artículos podría generar dificultades en la implantación de la medida e incluso afectar su efectividad”.

Resalta que, que algunos distritos escolares en otras jurisdicciones que han adoptado políticas similares han optado por costear al menos la primera mochila transparente para sus estudiantes y, en esa línea, recomienda consultar con Educación, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) la viabilidad de que el Estado sufrague en alguna mediada la adquisición inicial de esos bultos, y el impacto fiscal que eso conllevaría.

Por último, Justica recomienda también “conocer el parecer de la Oficina de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación (ORLIE) y la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico en torno a la conveniencia de que la medida pueda servir como referencia o guía para las instituciones educativas privadas”, toda vez que el Departamento de Educación no tiene jurisdicción directa sobre esas instituciones.

En tanto, la Policía de Puerto Rico sostuvo que, como cuestión de principio, “apoya toda medida legislativa que persiga salvaguardar la vida y la propiedad, incluyendo a los estudiantes y demás comunidad escolar”, pero “extiende total deferencia” al DE, por ser la agencia que estaría a cargo de la implantación, reglamentación y ejecución de la medida si en efecto se concreta su aprobación.

Comoquiera, la Policía resaltó el valor de la prevención temprana de incidentes dentro las escuelas, comentando que “reducen significativamente la probabilidad de eventos de mayor gravedad que puedan afectar la vida, la integridad física y la estabilidad emocional de estudiantes, personal docente y no docente”.

Además, subraya la ponencia de la Policía, “la prevención en edades tempranas resulta esencial para evitar la escalada hacia conductas violentas más graves”.

Asismismo la Policía recomendó “considerar la promulgación de iniciativas de orientación dirigidas a padres, madres o encargados, a los fines de informar sobre los beneficios que el uso de mochilas o bultos transparentes puede representar para la seguridad de sus hijos dentro del entorno escolar”.

Se dio a conocer que el comisionado de seguridad del DE, César González Cordero, no pudo participar de la vista por razones personales, pero se anticipó que acudiría a una vista en una fecha posterior.

Durante la vista, al menos tres legisladores, Yashira Lebrón, Denis Márquez y Lisie Burgos, expusieron sus posturas, cuestionamientos y reservas con respecto a la medida, y dejaron saber que, al menos como está planteada al momento, no la respaldarían.