Los retrasos que ha tenido el Departamento de Educación para lograr completar el contrato con la firma Álvarez and Marsal para que funja como monitor federal y como custodio de los fondos federales que llegan a través de propuestas sometidas al Departamento de Educación de los Estados Unidos serán discutidos durante una reunión privada del comité de transición, determinó este jueves el presidente del grupo del gobernador electo Pedro Pierluisi, Ramón Luis Rivera Cruz.

Es que a finales de febrero Educación adjudicó una subasta a la empresa, pero han pasado 10 meses sin que se culmine el contrato y la empresa comience en funciones.

El director de Asuntos Federales de Educación, Francisco Martínez, explicó -durante las vistas de transición que se realizan en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré, en Santurce- que durante estos 10 meses Educación se ha sumido en un proceso de negociación con Álvarez and Marsal. Detalló que se trata de un contrato de $43 millones al año con una empresa con la que el gobierno de Guam supuestamente tuvo problemas para culminar su contrato y los llevó a una relación de 10 años.

“Nosotros no queremos caer en lo mismo”, manifestó Martínez, al señalar que el sistema educativo de Puerto Rico es más complejo que el de Guam.

El funcionario aceptó que van por la versión decimo quinta de la redacción del contrato, pero que confrontan problemas para que la empresa acepte unas cláusulas a nombre del gobierno de Puerto Rico.

“Hay unos requisitos de ley estatal que tienen que estar en el contrato. Ellos como proveedores no tienen la discreción de eliminar unas clausulas contenidas en leyes estatales”, detalló el secretario de Educación, Eligio Hernández.

Ni el titular ni Martínez dieron detalles de las cláusulas en controversia en esta negociación. Como los miembros del comité del gobernador electo insistieron en obtener los datos, el director de Puertos, Joel Pizá, recomendó realizar una reunión ejecutiva para que no se divulgaran datos confidenciales de la negociación. Pero, Rivera Cruz determinó que se realizaría una corta reunión para determinar si la información se puede hacer pública.

“Si del análisis se determina que lo que se está discutiendo es algo público, continuamos la discusión en vistas públicas abiertas”, afirmó.

Todavía esta reunión no se ha realizado. Se determinó continuar con la discusión de otros temas en las vistas.

Rivera Cruz informó que esa discusión se realizará manana, viernes.

Pese a esta controversia, tanto Martínez como el secretario de Educación señalaron que los $650 millones de fondos federales que se reciben anualmente de propuestas sometidas desde Título 1 a Título 4 no están congelados.

Se explicó que la agencia tiene fondos sin utilizar desde el 2018 al 2020. No se indicó el monto.

La limitación que ha impuesto el Departamento de Educación federal es que no pueden utilizar el dinero de este año fiscal hasta tanto no agote los fondos de pasados años o no contrate a monitor.

Por otro lado, el secretario de Educación informó a la prensa que Álvarez and Marsal fue seleccionada en un proceso de competencia de propuestas en la que otras dos empresas licitaron. Señaló que la seleccionada sacó la mayor puntuación.

Rivera Cruz señaló que, a estas alturas, el gobierno entratante estaría “obligado a continuar la negociación”.

“Al final del camino, a lo mejor una de las alternativas es dar por terminado el proceso, pero tendrías que empezar de nuevo porque si no tienes monitor, no tenemos acceso a fondos federales”, agregó.