Todo apunta a que próximamente la gobernadora Jenniffer González Colón tendrá ante su consideración un proyecto de ley que regularía el aborto para las menores de 15 años.

Este martes el representante José “Che” Pérez Cordero, presidente de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, realizó la última vista pública calendarizada para este proyecto de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve. A la vista asistieron organizaciones a favor y en contra del aborto, pero todas coincidieron en rechazar el que se regule por ley el aborto para las adolescentes menores de 15 años.

Pero, aunque todavía los miembros de la Comisión se deben reunir para evaluar todas las posturas sobre esta medida, el legislador adelantó que “muchos compañeros se han mostrado a favor de esta medida”. Por ello, no se prevé que tenga problemas para ser aprobada.

Lo que desconoce Pérez Cordero es si la medida sufriría enmiendas antes de ser llevada a votación.

“Este proyecto básicamente lo que busca es llevar a estatuto de ley el protocolo que ya está existente con respecto a la regulación del aborto en el entorno a las menores de 15 años, donde entonces se les requiera el consentimiento de, al menos, uno de los padres con patria potestad de la menor y también establece el protocolo de cómo se va a ir trabajando”, detalló el legislador.

Explicó que la edad se fija a los 15 años, ya que “los 16 años es la edad que está establecida para tener relaciones sexuales con consentimiento de parte de un menor”.

Durante la vista pública, la Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias (ProFamilias) y quien dirige la única clínica de abortos que atiende a quinceañeras rechazó la medida. Su representante, Enid Pérez Rodríguez, explicó que “la influencia de los padres o tutores en las decisiones reproductivas de las adolescentes es la coacción más grande que tienen ellas para continuar o no un embarazo”.

Mientras, la presidenta de la Comisión de la Mujer María Dolores “Tati” Fernós del Colegio de Abogados, Noeli Pérez de la Torre, alegó que la propuesta “menoscaba derechos en el área de la salud sexual y reproductiva de las mujeres, bajo subterfugio de proteger a las menores de edad”.

Asimismo, la portavoz de Católicos ProVida, Carmen Ugarte, alegó que darle paso a la propuesta sería peligroso. Dijo que “fortalecer la protección de las menores podría debilitar las salvaguardas legales existentes y abrir la puerta a mayores abusos intrafamiliares”.

“Al no armonizarse con el Código Penal vigente y no garantizar mecanismos efectivos de protección a menores embarazadas, este proyecto se convierte en una regulación incongruente que normaliza una práctica (del aborto), que la ley trata como una excepción extrema”, agregó.

Entre las posturas, destacó la representante de ProFamilia, quien reveló estadísticas recientes sobre aborto entre menores en su clínica.

Según explicó Pérez Rodríguez, las leyes en Puerto Rico disponen que los menores de 16 a 18 años tienen “capacidad para consentir una relación sexual”, por lo que no hace obligatorio activar un protocolo para investigar si se trata de algún abuso sexual cuando se solicita un aborto.

Para los menores de 15 años, existen dos categorías. Pérez Rodríguez detalló que, si la adolescente sostuvo relaciones sexuales con un hombre menor de 19 años puede consentir la relación. Bajo este rango, las clínicas de aborto pueden intervenir con la menor para terminar el embarazo. El reglamento de Salud ya dispone que el proceso se realiza bajo el consentimiento de un padre.

ProFamilia, quien es la única clínica que atiende a menores de 15 años, informó que entre 2021 al 2024 han realizado nueve abortos a quinceañeras y que refirieron al Departamento de la Familia o a la Policía unos cinco casos en este periodo por sospecha de abuso o maltrato.

La otra categoría de 15 años es la que el padre de la criatura tiene 20 años o más. Localmente, estos se consideran “un caso de violencia sexual”, por lo que el caso se refiere a las autoridades, al igual que todos los que impliquen menores de 14 años. Para estos casos, la clínica de aborto de ProFamilia no puede intervenir. Su responsabilidad es referir el caso a las autoridades, explicó Pérez Rodríguez.

Demarcó “es importante aclarar que en Puerto Rico el único hospital que realiza abortos es el Hospital Universitario, atendiendo los casos de anomalías fetales, riesgo para la salud de la embarazada y casos de violencia sexual”.

La experta agregó que “la ley propuesta solo aplicaría en este momento a una sola clínica de aborto (la de ProFamilia) y al Hospital Universitario. Esto crea muchas dudas en los procesos de política pública, por ejemplo: ¿Se aprobaría una ley para regular solo dos espacios que proveen este servicio garantizado y regulado a menores? ¿Cuál es la intención, proteger a las menores o perseguir a las personas y espacios que proveen servicios de aborto? ¿Acaso existe una crisis de aborto en menores de edad?”

Los datos que sostiene la medida para establecer la importancia de regular el aborto a menores de 15 años fue un estudio del Departamento de Justicia presentado el 22 de febrero de 2024. El mismo reveló que 67 adolescentes de 15 años o menos tuvieron un aborto entre 2018 al 2022. Dos de estas eran víctimas de agresión sexual, 32 sostuvieron relaciones con otro menor de edad, 22 sostuvo relaciones con menores de 19, así como ocho casos tuvieron relaciones con hombres mayores de 20.

El informe destaca que 64 de los 67 casos no fueron referidos a las autoridades para investigación.

“Una vez más se pretende legislar para resolver un problema que no existe en Puerto Rico… Es demasiado evidente que el único propósito de esta legislación es intervenir con el aborto independientemente de la situación de las menores”, concluyó la abogada Pérez de la Torre, al destacar que las clínicas de aborto ya son supervisadas y reguladas por el Departamento de Salud.

Con la propuesta legislación, lo que se propone es que un custodio legal del menor esté presente durante el aborto y firme un documento para autorizar el procedimiento.

La pena que se impulsa es a la persona que por “fuerza, coacción, amenaza o violencia física obligue a una menor embarazada a someterse a un aborto”. La pena es de tres años en prisión y una multa de $25,000.