La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado presentó varias propuestas para aliviar el alza en la factura de luz, entre ellas utilizar una partida del Fondo General el que, aseguran, cuenta con dinero para ello.

“El 30 de septiembre el Negociado de Energía aprobó un aumento de 18.5% en la factura de energía. El kilovatio hora pasó de 28.57 a 33.85 centavos. Es una cifra histórica que afecta a todos los clientes y abonados: desde residenciales, comerciales e industriales”, resumió el senador Luis Javier Hernández Ortiz en conferencia de prensa.

El legislador ejemplificó que los adultos mayores hoy batallan entre pagar la luz o comprar alimentos y medicamentos. Los pequeños comerciantes tienen que decidir si mantienen a sus empleados, reducen sus plantillas o simplemente si cierran las puertas de sus negocios.

“Esto no es un problema, esto es una emergencia, y todos tenemos la responsabilidad de proponer soluciones, de discutir ideas y que se brinden alternativas para mejorar esta lamentable situación en la que estamos. Las emergencias se atienden con los recursos que el País tiene separados, precisamente para eso, para enfrentar emergencias”, reiteró.

La portavoz alterna y senadora del distrito de Ponce, Marially González Huertas, por su parte, explicó el impacto en el bolsillo de la gente que tiene esta última Resolución y Orden aprobada por el Negociado de Energía.

“Les comparto los números del propio Negociado de Energía, no de esta delegación: Un cliente residencial que consume 800 kilovatios hora pagará $42.27 más al mes. Su factura sube de $228.59 a $270.86 aproximadamente, eso es consumiendo solo 800 kilovatios hora. Un pequeño comercio pagará $63.42 más al mes. Un cliente comercial o industrial mediano pagará $4,851 más al mes. Un cliente comercial o industrial grande pagará hasta $29,108 más al mes”.

El aumento responde a una petición de LUMA en la Cláusula de Compra de Combustible. LUMA pidió llevar esta cláusula de 11.40 a 18.07 centavos y el Negociado aprobó 17.35. Es decir, le concedieron casi todo lo que pidió.

“Y lo peor podría estar por venir. El propio Negociado proyecta un aumento adicional de 2.09 centavos en el costo de combustible, unos $82.5 millones más, porque hay unidades de generación fuera de servicio y se está quemando más diésel. Eso significa que la factura de enero a marzo de 2027 podría ser todavía más alta. Por otro lado, el Centro Unido de Detallistas (CUD) proyecta que más de 12,000 pequeñas y medianas empresas (PyMEs) podrían cerrar y cerca de 70,000 empleos están en riesgo. Sencillamente son números alertadores. Por eso nuestra delegación está aquí, presentando alternativas”.

¿Cuáles son las propuestas?

El senador Josian Santiago Rivera, por su parte, presentó los detalles de la Resolución Conjunta 229 que reasigna a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) $131,650,334.94 del Fondo de Reserva de Emergencia.

“¿De dónde sale ese número? Del propio Negociado de Energía. Entre junio y agosto de 2026, el combustible costó $627.1 millones, pero solo se facturaron $486.4 millones. Luego de restar un crédito de $9 millones, establece el Negociado que quedan $131.6 millones sin cubrir y autorizaron a cobrarle a los consumidores en las próximas facturas para el trimestre de octubre a diciembre de 2026”, argumentó.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales añadió que la propuesta es sencilla: “que ese costo lo cubra el Fondo de Emergencia y no el bolsillo de las familias puertorriqueñas, que -como dijo el portavoz (Hernández)-, hoy batallan entre comprar medicamentos y comida, o pagar los servicios esenciales. Sencillamente, el pueblo no puede asumir estos costos.

“¿Tiene el Fondo el dinero? Sí. Según el Plan Fiscal certificado, el Fondo tenía $1,055 millones a abril de 2024, y hoy su balance podría estar cerca de los $1,200 millones. Lo que proponemos usar representa apenas un 11% aproximadamente de ese balance”, aseguró.

La senadora Ada Álvarez Conde presentó el Proyecto del Senado 1599, que enmienda Ley del Fondo de Emergencia.

“Como sabemos que la oposición ca a alegar que el Fondo es únicamente para huracanes, terremotos y pandemia, nosotros hemos radicado un Proyecto del Senado para enmendar la Ley del Fondo de Emergencia. Esta enmienda establece, para que no haya duda alguna, que el Fondo podrá usarse para mitigar los ajustes trimestrales por combustible que aumenten la factura de la luz. Al mismo tiempo, se mantiene el requisito de una declaración previa de emergencia de la gobernadora y la solicitud de OGP a la Junta de Supervisión Fiscal”.

Álvarez Conde reconoció que la Junta ha sido muy restrictiva con dicho Fondo, “pero recordemos que en agosto de este año, hace escasamente unos meses, la Junta autorizó su uso para atender la sequía, porque el agua potable es un servicio esencial. Si el agua es un servicio esencial, ¿qué es la luz? Sin luz no hay agua en muchas comunidades, no funcionan los equipos médicos en los hogares y hospitales y no abren los negocios. Si se pudo para la sequía, se puede para la luz”.

De la rueda de prensa participó el expresidente José Luis Dalmau Santiago, quien presentó la tercera medida, Resolución Concurrente 22 “donde exhortamos a la gobernadora Jenniffer González a enmendar las órdenes ejecutivas de emergencia energética para incluir expresamente el impacto de las tarifas. Puerto Rico está bajo una emergencia energética declarada desde marzo de 2021. Esta administración ha emitido varias órdenes ejecutivas sobre el tema: para generación temporera, para contratos de renovables y para crear un Comité de Trabajo para la Transformación Energética. Ninguna atiende lo que más le duele a la gente: lo que paga cada mes por el consumo de energía, y de ese Comité de 17 miembros, cuatro ya no están en el gobierno. ¿Se reúne? ¿Qué le ha recomendado a la gobernadora sobre el alza en la factura? Nadie lo sabe”.

Dalmau añadió que “peor aún, la primera ley que firmó esta administración, la Ley 1-2025, eliminó las metas intermedias de energía renovable hubiesen permitido que el país contara como mínimo con un 40% de energía renovable para el 2025 y un 60% para el 2040. Hoy el pueblo paga una de las tarifas más caras de todos los Estados Unidos y la meta de contar con un 100% de energía renovable se quedó para el 2050 por disposición de esta administración. La gobernadora no tiene que esperar por la Legislatura. Con una enmienda a su orden ejecutiva podría activar hoy mismo el camino para pedir acceso al Fondo de Emergencia, y esa es nuestra invitación pública y mediante las medidas que presentamos”.