Durante la emergencia por los sismos que afectaban a todo el país, la entrega de suministros por parte de la Administración de Desarrollo Económico de la Familia (Adsef), dirigida entonces por la licenciada Surima Quiñones, se hacía fuera del plan establecido por el Departamento de la Familia (DF) y por el Plan Conjunto Operacional para Incidentes Catastróficos del gobierno.

Así lo confirmó hoy la exsecretaria de la Familia, Glorimar Andújar Matos, en su testimonio ante la comisión especial que evalúa la reconstrucción del país ante una emergencia, enfocándose en el manejo del gobierno ante la actividad sísmica.

A preguntas del presidente de la Comisión, Gabriel Rodríguez Aguiló, esta confirmó que Adsef, encargada de dar alimentos a los refugiados, adquiridos con fondos federales, actuó de forma independiente, sin coordinación y sin autorización del DF.

En medio de la emergencia, la exsecretaria de Familia recibió una queja -bajo anominato- de que estaban ocurriendo actos ilegales con la entrega de suministros. Ya las denuncias estaba corriendo por las redes sociales.

Fue la división legal del DF que tras hacer una evaluación del caso, recomendó la suspensión de la licenciada Quiñones e iniciar el proceso de una investigación administrativa.

“Se le suspende sumariamente mientras se verifican alegaciones de que se estaba dejando a los damnificados sin los suministros para redirigirlo a otras áreas en proceso político partidista”, expresó la abogada al decir que esa decisión ocurrió el 17 de enero.

Los suministros eran “altamente regulados por el Gobierno federal y por la regulación estatal”, expresó la ponente, que aceptó que si se corroboraban las denuncias se ponían en riesgo los fondos federales.

Esta denunció que la licenciada Quiñones -el 17 de enero- no recibió la carta que le envía informándole de la suspensión sumaria.

Al día de hoy se desconoce el estatus de esa investigación, si se revocó la suspensión sumaria y si Quiñones entregó su carro oficial como se supone ocurriera, dijo la ponente.

En la audiencia, Rodríguez Aguiló solicitó a la ponente que entregue a la comisión el informe que hizo la división legal del DF para sustentar la suspensión sumaria de Quiñones, si se revocó esa suspensión y si fue así, quién la ordenó.

Mientras, Andújar Matos admitió que el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, cuestionó la suspensión de Quiñones pero no las alegaciones que se hacían sobre las presuntas irregularidades.

Esta leyó ante la comisión el correo electrónico que el pasado 18 de enero, a las 7:45 de la noche, Pabón le envió pidiéndole que revocara “la determinación de suspensión sumaria” de Quiñones.

También Pabón le pidió en el correo electrónico que le “informe a Quiñones que puede seguir en sus funciones de manera inmediata”.

Esta advirtió que ya el caso había avanzado y que era peligroso detenerlo, incluso cuando en situaciones similares en otros casos, los implicados habían sido acusados.

Aceptó que las conversaciones con Pabón “fueron difíciles”, pero insistió que ella siguió la ley y el reglamento.

Pero no solo fue ese correo el que envió Pabón, ya que Andújar Matos dijo que hubo otras comunicaciones de parte de este en torno al tema.

La exfuncionaria recordó que luego, y tras no acatar la decisión de no proceder con la suspensión, sostuvo una reunión con la gobernadora, donde se habló de los almacenes de Ponce, y luego el designado secretario de Estado, Elmer Román, le informa que Vázquez le había retirado su confianza.

Esta insistió que quiso saber por qué la decisión de la gobernadora, pero Román le informó “que no tenía nada que ver con lo que había sucedido el viernes (el caso de la licenciada Quiñones), y le preguntó que cuál es la situación con los almacenes porque no entendía”, confesó.

Mientras, expresó que luego de hacer el referido del caso de Adsef, es que inician los cuestionamientos sobre su trabajo ya que antes, en ningún momento, la gobernadora le había expresado algo negativo sobre sus funciones.

En su turno, el representante popular Rafael “Tatito” Hernández leyó en sala un mensaje de texto que la licenciada Quiñones le envía a un funcionario el 15 de enero donde le dice que estarán entregando suministros a las 11:30 de la mañana, en el Parque Urbano de Yauco. “Todos califican. Por favor convoquen a nuestra gente de Yauco”.

A preguntas de Hernández de que quiso decir Quiñones en el texto, Andújar Matos dijo que había que preguntarle a ella.

Mientras, a preguntas del representante independentista Denis Márquez Lebrón, esta aceptó que uso la suspensión sumaria porque se estaba hablando de alegaciones “serias que requerían una investigación” y para “salvaguardar el proceso investigativo”.