"Si (este asunto) no se ha resuelto, traigan pijamas y cepillo de dientes porque van a la cárcel".

Visiblemente molesto, el juez federal José A. Fusté advirtió este lunes a empleados del Departamento de Educación, que en caso de que no cumplan con los requisitos del Plan de Educación Individualizado (PEI) y la matrícula de una estudiante de educación especial a una escuela que cumpla con los requisitos educativos, el jueves podría ordenar el desacato de los funcionarios de la agencia responsables de este caso.

Poco después, las partes se reunieron aparte con el juez en su despacho, y llegaron a unos acuerdos.

Fusté citó esta tarde a las partes en el caso de Ivis Colón Vázquez, quien el año pasado demandó al Departamento por no asignarle un maestro de educación especial a su hija, identificada por las siglas E.C.C., ni compensarle con horario extendido, reembolso de transportación y proveer una dieta especial a la estudiante. En diciembre pasado, el juez determinó que se cumpliera con sus necesidades y que el Tribunal "retiene jurisdicción sobre E.C.C. y sus necesidades educativas hasta su graduación".

E.C.C es una estudiante de educación especial con síndrome de Down y la condición de ADHD que estudiaba en la escuela Dr. Hiram González, en Bayamón.

La reciente controversia surge porque se le ordenó a las partes a establecer un PEI antes de que finalizara el mes de mayo, pero el comité solamente se reunió el 23 de abril y el 20 de mayo y, al día de hoy, no se ha completado ni firmado. Tampoco se ha aclarado si la nueva escuela a la que irá la joven cumple con los requisitos académicos que necesita.

"La quiero matriculada en la otra escuela para el miércoles. Sino, pueden apostar que alguien va a la cárcel. No estoy bromeando", insistió Fusté, quien citó una vista para este jueves.

El juez lamentó que durante el verano no se trabajara con este caso, algo que catalogó como "inaceptable" y reiteró al abogado de Educación, Joseph G. Feldestein, que la agencia "tiene que tomar la iniciativa y demostrar que hay disposición y hacer lo correcto", además de que "esto requiere eficiencia, disposición y voluntariedad".

"Si no se ha resuelto, traigan pijamas y cepillo de dientes porque van a la cárcel. No estoy bromeando", manifestó Fusté.

El abogado de Educación alegó que se le informó a la madre de la estudiante del cambio de escuela, pero el juez lo interrumpió y preguntó si tenían copia de carta a la demandante, notificándole e indicándole lo que tenía que hacer para cumplir con las órdenes, ya que deben tener todo por escrito "y cubrirse".

"Lo que parece es que quieren verme molesto y que haga algo drástico", agregó el juez.

Fusté ordenó a Feldestein y a los abogados de la demandante, Juan C. Nieves González y Juan R. González Muñoz, a reunirse y ponerse de acuerdo, para lo que tienen hasta el miércoles al mediodía.

"Es ridículo si cada estudiante de educación especial tuviese que hacer esto todo el tiempo. No puede ser. Trabajen día y noche hasta que se resuelva... Es un sistema grande que está atravesando por varios problemas, lo sabemos, pero tienen que resolverse los casos expeditamente. No va a ser un caso que dure 10 años. Tiene que estar resuelto para el jueves", reiteró el juez, quien aclaró que deben presentarse los nombres de todos los responsables en la nueva escuela, el plan y las minutas de las reuniones firmadas.

Advirtió a la parte demandante que tampoco puede "recostarse" ni ser "arrogante" porque ganó el pleito y que ponga de su parte. De lo contrario, "puede estar en problemas conmigo".

Alcanzan acuerdo en reunión

Del expediente electrónico del caso, se desprende que más tarde hoy, lunes, las partes se reunieron informalmente con el juez en su despacho junto con la directora de la escuela Dr. Hiram González, Neuris Contreras; la facilitadora docente de la Unidad de Asistencia Técnica de la Secretaría de Educación Especial, Carmen Pereles; la maestra Jennifer Navarro; la sicóloga escolar Omayra Santiago; y la maestra de educación especial, Carmen Marrero.

El juez, luego de la reunión, determinó que E.C.C. empezará el año escolar en sexto grado de educación especial, contrario a los deseos de la madre, que quería que repitiera quinto grado en la escuela Dr. Hiram González. Indicó que Pereles y Santiago se comprometieron en darle seguimiento al caso y a la menor en la nueva escuela. El viernes llevará a cabo una vista en la que deberá estar presente personal del nuevo plantel escolar donde asistirá la estudiante para que sepan las condiciones y disposiciones del caso.

"Las partes se fueron con el compromiso firme por parte del Departamento de Educación, a través de Pereles y Santiago, de que harán todo lo que está dentro de su poder para asegurarse que la estudiante E.C.C. comience sexto grado la semana que viene con todos los servicios que necesita. El propósito de la vista del viernes es verificar y asegurarse que se cumpla", señaló Fusté.

En la moción presentada por la demandante, se indicó que en las reuniones se indicó que la alumna seguiría en la escuela Dr. Hiram González, pero que luego se dijo se referían solamente a "la escuela". Fue el 20 de mayo que se le indicó que pasaría a otra escuela. 

"No se ha provisto información en relación a si la escuela a la cual pasaría E.C.C. cumple con sus necesidades educativas... Falla el Departamento al no informar a la demandante sobre dónde estudiará este año ni llevar a cabo un proceso de transición de una escuela a otra en violación a la orden de interdicto permanente de las necesidades académicas particulares de la menor", lee el escrito, que agrega que ya Colón Vázquez no recibiría terapias en los centros donde los recibía, sino en la escuela.

"Como resultado, los demandantes están completamente perdidos en relación a si E.C.C. tendrá una colocación educativa adecuada para el año académico 2015-2016 o si recibirá las terapias en dicha institución", agregó la parte demandante, que no estaba de acuerdo con la decisión "arbitraria y unilateral" de cambiar de escuela a Colón Vázquez sin supuestamente informarle.

En la orden de Fusté, emitida en diciembre de 2014, advirtió que cualquier funcionario que incumpla su orden será encontrado en desacato y se expone a ser encarcelado.

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